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miércoles, noviembre 25, 2020

Exigirán a Unión Europea evaluación de acuerdos comerciales con Chile por situación crítica de derechos humanos

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El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos, junto a diversas organizaciones, solicitarán a instancias de la Unión Europea y Parlamento Europeo, la evaluación de los acuerdos comerciales que se han suscrito con Chile y los que actualmente se pretenden establecer, debido al “impresentable prontuario que tiene el estado chileno y en particular el actual gobierno de Sebastián Piñera con respecto a sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidos y fomentados por agentes estatales, incluido los graves hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación contra numerosas personas del Pueblo Nación Mapuche en el marco de reivindicaciones de derechos indígenas”, señalaron.


 


Estos criterios deberían también extenderse a diferentes países que se declaran democráticos, donde rigen tratados internacionales de derechos humanos y que han establecido acuerdos comerciales con el estado chileno, “especialmente, para la evaluación sobre los beneficios y ventajas que ciertos grupos económicos han obtenido y que son responsables en gatillar graves conflictos sociales internos y de impulsar junto a grupos de poder político para que el estado chileno viole derechos humanos de una amplia población del país”.

Además de la situación crítica que se vivió a partir de la rebelión social en Chile, principalmente entre octubre 2019 y enero del 2020, el Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos indicó que también es gravísimo “con respecto a quienes reivindican sus derechos indígenas, principalmente con respecto a las reclamaciones por tierras ancestrales y las defensas territoriales del Pueblo Nación Mapuche frente a atropellos cometidos por grupos económicos de la industria forestal – papeleras, de energía y colonos terratenientes vinculados a la agro industria, grandes exportadores en diferentes países, incluida la Unión Europea”.

En ese marco, se ha señalado que se está viviendo un momento crítico con respecto a la huelga de hambre que 27 presos mapuche sostienen en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol, en particular el grave estado de los 9 presos que iniciaron esta protesta de ayuno desde el 4 de mayo a causa de la discriminación carcelaria, por ser “excluidos de la Ley penitenciaria Covid 19 y que fue aplicada a más de un tercio de la población penal en Chile, a quienes también se les ha negado una serie de medidas que el propio sistema carcelario otorga como es el acceso a Centros de Estudios y Trabajo o el derecho a la educación o capacitación, como también, la nula aplicación de las normas internacionales de derechos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y que fija medidas especiales a población indígena a quienes se les ha aplicado el sistema penal”.

El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos señaló que esta discriminación es de exclusiva responsabilidad del gobierno chileno, incluyendo los recientes episodios de odio y racismo en diferentes comunas de la Araucanía, perpetrados por grupos de civiles armados anti mapuche, en contubernio con agentes estatales de Carabineros, en pleno toque de queda, donde se facilitaron violentos ataques a personas de comunidades Mapuche que mantenían ocupados edificios de Municipalidades como medida de protesta y solidaridad con las demandas de los presos Mapuche.

“Es de enorme preocupación el nivel de polarización, confrontación y violaciones a los derechos humanos que está predominando en Chile, con un gobierno con representantes vinculados a crimines de lesa humanidad, como son los casos del Ministro del Interior Víctor Pérez y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, denunciados por sus vínculos y redes de protección a la secta Nazi de Colonia Dignidad, responsables de numerosos horrores durante la dictadura militar, esto, mientras el actual gobierno ha realizado diversas diligencias para liberar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado durante la dictadura militar, en particular los oficios del propio Ministro Larraín a favor de recluidos en las cárceles de Punta Peuco y Colina, con dos recientes indultos, los casos de los criminales Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, mientras mantiene en estado grave a los presos Mapuche”, indicó el Equipo.

Las organizaciones que recurren a la Unión y parlamento Europeo, argumentan que los acuerdos comerciales de la Comunidad Europea y sus estados miembros, establece cláusulas que estipulan el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos como fundamento de cooperación, “y que su incumplimiento en los tratados bilaterales autoriza a que se tomen medidas e incluso suspender si se vulneran estos principios”, sentencian, llamando a su vez a las diferentes redes de solidaridad a seguir expresándose por justicia y garantías de los derechos humanos ante el grave escenario que se está viviendo en Chile.

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