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domingo, septiembre 20, 2020

La NDC, Transición justa, Covid y Escazú

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Por: Pablo Aránguiz Mesías[1]

El 9 de abril pasado la Ministra de Medio Ambiente de Chile Carolina Schmidt hizo entrega oficial, mediante videoconferencia, del documento de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), transformándose en el primer país de Latinoamérica y uno de los primeros países del mundo en hacerlo. La Ministra Schmidt, al ser consultada respecto a las características de esta actualización,  subrayó el carácter participativo del proceso así como también la consideración, de forma inédita, de un Pilar Social de Transición Justa – Desarrollo Sostenible como componente estructurante en los compromisos del país para enfrentar el cambio climático y dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París y avanzar, en simultáneo, en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecida por la ONU.

 

Si bien el concepto de Transición Justa (TJ) hizo su debut oficial en el Acuerdo de París llevado a cabo el año 2015 con motivo de la celebración de la COP21, sus orígenes se pueden trazar desde los años noventa al interior del movimiento sindical y medioambiental en Estados Unidos con el objetivo de aunar esfuerzos para defender la salud y los medios de vida de los trabajadores, y al mismo tiempo conservar el medioambiente [1]. De esa manera se contrarrestaba el planteamiento binario trabajo vs medioambiente impuesto hasta el momento por los grupos de poder, posicionando la TJ explícitamente al interior del movimiento de justicia ambiental. Desde los años noventa hasta la actualidad el concepto de TJ ha evolucionado hacia enfoques contemporáneos donde se plantea que los estudios de transición y de justicia ambiental necesitan incorporar una perspectiva global y centrada en los derechos humanos [2]. No obstante lo anterior el concepto de TJ aún se encuentra en un estado de desarrollo incipiente siendo parte del actual debate académico y teórico al interior de los estudios de transición hacia la sustentabilidad [3].

 

Lo anterior se traduce en que no exista un consenso respecto a una única definición de Transición Justa, sin embargo en la mayoría de los estudios existen algunos elementos relacionados con que en el corazón de la TJ se encuentra la idea de que justicia y equidad deben formar parte integral de los procesos de transición hacia sociedades libres o bajas en emisiones provenientes del carbón [4]. En términos generales se puede decir que la comprensión de la TJ a menudo varía en cuanto a la forma en que deben conformarse o establecerse las estructuras de gobernanza, las instituciones y las políticas, a quién debe dirigirse la justicia (a los seres humanos y/o a la naturaleza, a grupos particulares o a todas las personas), el tipo de justicia (ambiental, climática, energética, social, etc.) y la forma en que debe procurarse (mediante la justicia distributiva, procedimental, restaurativa y/o de reconocimiento) [1].

A través de la mirada de una transición justa se puede constatar lo que en términos académicos se ha denominado “doble desigualdad[1]”, es decir, donde la distribución del riesgo y la responsabilidad se invierten. Un claro ejemplo de lo anterior corresponde a la situación que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país quienes, si bien a través de sus cosmovisiones, cultura y medios de vida tradicional no han contribuido a las actuales crisis globales, han sido marginados y posicionados en un estado de mayor vulnerabilidad ante las consecuencias de estas. Se puede incorporar en esta categoría a niñas, niños y jóvenes quienes asumen y asumirán las consecuencias de manera diferenciada tanto de la actual pandemia sanitaria como de la crisis climática global.  De manera similar y desde una perspectiva de género se ha constatado como la crisis actual afecta diferenciadamente a las mujeres relevando entre otros aspectos la crisis global de los cuidados.     

 

Diversas y diversos actores han remarcado como la actual pandemia del COVID-19 y la crisis climática forman dos caras de la misma moneda; igualmente se ha hecho énfasis en la importancia de la actual pandemia como una oportunidad única para iniciar un proceso de transición hacia sociedades sustentables y resilientes donde la vida se encuentre en el centro del debate. Si ya no es posible volver a la “normalidad” necesitamos nuevas soluciones que permitan enfrentar estos retos. Las propuestas de solución que se han planteado van desde cambios disruptivos basados en nuevas tecnologías, pasando por soluciones basadas en la naturaleza, hasta propuestas de cambio a escala sistémicas como el Green New Deal, el Gran Pacto Ecosocial y Económico o algunas alternativas de Decrecimiento.

 

El mal manejo de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en nuestro país ha dejado en evidencia la importancia que reviste el acceso por parte de la ciudadanía a la información. En ese sentido, habiéndose firmado recientemente el acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición para dar salida a la crisis provocada por la pandemia, y volviendo al punto inicial de la actualización de la NDC presentada en abril pasado, se hace cada vez más importante y fundamental que Chile firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, que concluye su periodo de firma el próximo 26 de septiembre, considera que la participación pública y el acceso a la información y al conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas climáticas efectivas, transformándolo en una herramienta sin precedentes para catalizar la acción y gobernanza climáticas en América Latina y el Caribe. El acuerdo permite enfrentar los desafíos planteados por la pandemia del COVID 19 y por la crisis climática global de la siguiente manera: i) Generando y dando acceso a información sobre el cambio climático que aumente la concienciación; ii) Garantizando la participación plena y efectiva de todas las personas y la consideración del conocimiento local en las políticas y acciones contra el calentamiento global; y iii) Protegiendo a quienes trabajan en la defensa del medioambiente y la acción climática.

 

Es necesario que el gobierno del presidente Sebastián Piñera recuerde que el Acuerdo de Escazú nace como fruto de la Declaración, firmada por Chile, sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, en la que se reafirma el compromiso con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. De igual manera es importante recordar la “Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática”, firmada y encabezada por Chile el año pasado en el marco de la celebración de la COP 25, donde nuestro país se comprometió a acelerar y garantizar la inclusión de niños, niñas y jóvenes en las políticas y acción climáticas, incluyendo la necesidad de que formen parte del proceso de toma de decisiones. Finalmente es relevante destacar que el Acuerdo de Escazú se encuentra en sintonía como los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS13 de acción por el clima y particularmente con el ODS16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

 

La necesidad de firmar el Acuerdo de Escazú es un compromiso que el Gobierno chileno no puede eludir en vías de reconocer y garantizar la participación, en los procesos de transición hacia la sustentabilidad, de quienes permanentemente han sido marginadas/os de los procesos e instancias de toma de decisión, y quienes al mismo tiempo han levantado la voz y dado la vida por la defensa del medioambiente. Las y los jóvenes de Chile han dado muestras de sobra de dignidad y de tener una voz respecto del país que queremos dejar a las próximas generaciones. No podemos seguir cometiendo los mismos errores, la vida debe estar en el centro de la discusión en cada paso que damos. La transición hacia la sustentabilidad o es justa, o no es transición.


PIE DE PÁGINA

[1] Pablo Aránguiz Mesías es profesor de desarrollo sustentable de la escuela intercultural Wekimün Chilkatuwe del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé e investigador asociado del Young Lives Research Lab de la Universidad de York, Canadá. Actualmente se encuentra desarrollando estudios de doctorado en el Instituto de Innovación y Manejo del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV) de la Universitat Politècnica de València.

[1] En los últimos años se ha incorporado un tercer nivel de injusticia que nace fruto de las decisiones y mecanismos implementados por algunas instancias de negociación y agencias internacionales. Para más información ver: https://elpais.com/economia/2020/01/14/alternativas/1579002127_314690.html

 

Referencias Bibliográficas

[1]      Morena, E; Stevis, D; Shelton, R;, Krause, D; Mertins-Kirkwood, H;, Price, V; Azzi , D; Helmerich, N. Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World; UNRISD, 2018. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.90.053405.

[2]      Agyeman, J. Global Environmental Justice or Le Droit Au Monde? Geoforum, 2014, 54, 236–238. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.021.

[3]      Grin, J.; Rotmans, J.; Schot, J. Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term Transformative Change; Routledge Taylor & Francis Group, 2010. https://doi.org/10.4324/9780203856598.

[4]      Heffron, R. J.; McCauley, D. What Is the ‘Just Transition’? Geoforum, 2018, 88 (December 2017), 74–77. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.016.

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