Conflicto basura en Ancud : amplio respaldo a comunidades defensoras del territorio que fueron reprimidas

Conflicto basura en Ancud : amplio respaldo a comunidades defensoras del territorio que fueron reprimidas

Representantes de diversas organizaciones, comunidades y movimientos de diversos puntos del archipiélago de Chiloé , visitaron el sábado 7 de septiembre a las comunidades que se oponen a la imposición de un relleno sanitario en terrenos donde hay humedales, nacimientos de fuentes de agua y frágiles ecosistemas que son indispensables para la vida en el territorio.

Las representaciones de las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades políticas a terminar con este tipo de acciones parches e irresponsables con recursos fiscales y asumir de una vez por todas las obligaciones de dar soluciones coordinadas y respetuosas con las personas y el medio ambiente.

Ruth Caicheo, de la comunidad Wiñoy Newen de Ancud, werken del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé e integrante de un grupo de trabajo de derechos humanos en el Archipiélago, encabezó la delegación que acudió a visitar y apoyar a las comunidades defensoras del territorio en el sector San Antonio de Huelden quienes vivieron recientemente actos violentos y represivos, por parte de fuerzas especiales de Carabineros.

La delegación con representaciones e integrantes de sindicatos de profesores, comunidades williche, medios de comunicación, grupos de trabajo de derechos humanos, organizaciones de salud, cabildos por el agua, provenientes de zonas de Castro, Quellón, Quinchao – Curaco y del mismo Ancud, lamentaron el proceder del Alcalde ancuditano y la Gobernación de Chiloé en contra de las comunidades que se oponen a un relleno sanitario en San Antonio de Huelden, catalogando el accionar como abusivo, arbitrario e irresponsable, ya que a juicio de estas, no están atendiendo los problemas de fondo de la basura, cuestionando la definición de un terreno que no es apto, reprochando también la violencia, amenazas y discriminación contra familias y vecinos que sostienen una oposición pacífica con sólidos argumentos que no solamente defiende el territorio, sino que hacen un llamado con propuestas a una solución efectiva sobre los problemas de residuos en Chiloé.

Las representaciones de las comunidades Lof Wenul, Pellu Williche y Leufu Wuicha de San Antonio de Huelden de Ancud que se reunieron con la delegación, compartieron las acciones desde el punto de vista administrativo y judicial que se impulsarán para la defensa de los derechos. De la misma forma, las delegaciones visitantes pusieron a disposición una serie de iniciativas y diligencias administrativas, comunicacional, de fiscalización pública e instrumentos de derechos humanos, tendiente a complementar las acciones comunitarias que buscan proteger estos espacios.

Desde las comunidades se ha remarcado que están por la defensa de la Ñuke Mapu (madre tierra), que allí donde pretenden emplazar los rellenos sanitarios habitan Ngen (espíritus protectores) y que los elementos de la naturaleza en esos terrenos, como las fuentes de agua en medio de la crisis hídrica, dan vida a todos los seres vivos en gran parte de la comuna de Ancud.

Cabe señalar que desde la Alcaldía y la Gobernación, han señalado que los terrenos donde se pretende instalar el relleno sería con fines “transitorios” y por un plazo de 5 años, esto en El Fundo Los Millanes, de propiedad fiscal y reivindicado por comunidades que poseen un título Comisario, el que tiene una altura de 147 metros sobre el nivel del mar, donde existen afloramientos de agua y humedales que alimentan ríos ubicados al norte, oeste y este del territorio, en la zona norte de Chiloé, generándose severas intervenciones por las aperturas de caminos para supuestos estudios.

Las comunidades, Los Cabildos por el Agua de Chiloé y Los Grupos de Trabajo de Derechos Humanos en Residuos y Humedales, han destacado que en el lugar de emplazamiento nacen los ríos: Manao, Pichihuelden, Negro de Linao, Quebrada Honda, Huenque, Huicha de Lecam y el más importante el río Huicha que dotan de agua a muchas comunidades, incluso a algunas alejadas de San Antonio de Huelden. También mencionan que este lugar se encuentra beneficiado por al menos 11 humedales los que se ven amenazados por este proyecto en evaluación.

La delegación de organizaciones recordó que las autoridades pasan y los conflictos quedan, en atención al conflictivo relleno transitorio y los 5 años anunciados, recordando que en numerosos lugares en todo Chile han habido falsas promesas desde diversas corrientes políticas, con procederes irresponsables, cuyas crisis ambientales y sociales terminan siendo el debacle para numerosos comunidades locales.

Tanto las comunidades opositoras al relleno sanitario como las delegaciones visitantes, concordaron que hay una gran oportunidad para que se busquen soluciones de fondo e integrales a los problemas de los residuos, primero, con una política que promueva la urgente y radical reducción de volúmenes de basura, domiciliarios e industriales, junto además a campañas de reciclaje y reutilización efectivas. De la misma forma, señalaron que es imperioso que exista un ordenamiento territorial en toda la Provincia de Chiloé, coordinada entre todas las municipalidades, las instituciones públicas pertinentes del gobierno regional, y las diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen sosteniendo numerosas propuestas para terminar con estos problemas, señalándose que no hay tiempo ni cabida a soluciones parches irresponsables.

Finalmente, las delegaciones lamentaron que ciertas autoridades opten por reprimir a familias y en particular a mujeres mayores, ante una justa oposición y defensa territorial, con diversas situaciones de hostigamiento y discriminación, ya que los esfuerzos y energías han venido erráticamente apuntando a enemistar y estigmatizar a vecinos y vecinas, en vez de dar una cabida al diálogo sincero y buscar soluciones eficientes respetuosas.

Alto Gamboa: Proyecto eléctrico pone en serio riesgo a vitales humedales en Chiloé que son defendidos por comunidad Mapuche Williche

Alto Gamboa: Proyecto eléctrico pone en serio riesgo a vitales humedales en Chiloé que son defendidos por comunidad Mapuche Williche

 

Luego que el Tercer Tribunal Ambiental rechazara el 22 de agosto por tecnicismo jurídico el Recurso de Reclamación de la comunidad Alto Gamboa de la comuna de Castro, Chiloé, sin resolver el conflicto de fondo sobre afectaciones de derechos por Proyecto Eléctrico de transnacional Saesa, continúa de esta forma la amenaza a un importante espacio bio cultural, todo indicando que deberá ser La Corte Suprema quien visará el conflicto judicial, a la espera también de las diligencias por parte de las instituciones públicas competentes para reparar y proteger los derechos de los habitantes y de estos humedales, las que siguen en deuda según han denunciado quienes mantienen activa la defensa del territorio.

El fallo del Tribunal Ambiental concluyó que “por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, por carecer los reclamantes de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. Por lo que se omitirá pronunciamiento respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto”, el que versa sobre una cuestión de plazos y que se relaciona a la misma vulneración de derechos del fondo del conflicto y que afecta a las familias de la comunidad Mapuche Williche Alto Gamboa y vecinos del sector.

La reclamación de la comunidad se basa principalmente que el proyecto en cuestión denominado “Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa”, aprobado por la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos el 2017, fue tramitado de manera inconsulta con respecto a la obligación estatal en derechos indígenas y a los graves impactos que causaría, no debiendo haber sido evaluado como Declaración sino como Estudio de Impacto Ambiental.

El Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y humedales en Chiloé, representado por Julio Iglesias Navarro, Angela Cares , Ruth Caicheo y Heriberto González, resaltaron la importancia de estos humedales, el que está vinculado con la cuenca de Rio Cheuque, la Laguna Hueico, sus pomponales y lagunillas, “el que es además considerado por la comunidad como un espacio sagrado que contribuye a la recolección de hierbas y árboles medicinales, ciclos de ave migratorias y oficios ancestrales”, señalaron, razón por la cuál han ingresado recientemente los antecedentes a las Relatorías de Cultura y Medio Ambiente como parte de los mecanismos y procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas.

 

Informes científicos dan cuenta de la importancia cultural y de biodiversidad del humedal Alto gamboa

Se ha destacado que existen diferentes informes desde diversas disciplinas que dan cuenta de la importancia de este espacio, incluido la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, suscrito por Felipe Montiel y Sandra Ranz, quienes dan cuenta a través de una constatación en terreno sobre las características y particularidades del espacio desde el punto de vista cultural y de biodiversidad, señalando en febrero del 2019 que dichos antecedentes sería extendidos a la matriz del Consejo de Monumentos Nacionales para la evaluación de la protección del sitio como Monumento Nacional, en categoría Monumento Histórico, lo que no se ha hecho efectivo hasta el momento.

Por su parte, la Ingeniera en Recursos Naturales, Alicia Rojas, concluyó en un informe presentado en agosto de este 2019 denominado: “LÍNEA DE BASE DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE ALTO DEL FUNDO GAMBOA”, que se identificó un total de 46 especies de plantas vasculares y un total de 20 especies de vertebrados terrestres, lo cual permite aseverar que el área de estudio presenta una alta riqueza de especies en comparación a la matriz de paisaje en la que se encuentra inserta, determinada por el uso urbano y agropecuario.

Para la profesional, la presencia de especies identificadas en categorías de conservación, y de forma particularmente crítica en el caso de los vertebrados terrestres, hacen del área de estudio un ecosistema relevante para la conservación de estas especies. “A objeto de resguardar la integridad de la biodiversidad en el sitio de estudio, es pertinente realizar un estudio de impacto ambiental para evaluar los posibles impactos de la Subestación correspondiente al proyecto “Línea de Transmisión 220kV ChiloéGamboa”, sobre las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de estas especies”, indicó, esto conforme a señalado por el Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, y el artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente el titular del proyecto que se somete al SEIA puede presentar una Declaración de Impacto Ambiental, salvo que dicho proyecto genere alguno de los efectos contemplados en dichas normativas, dentro de los cuales se encuentra la alteración de las condiciones que hacen posible el desarrollo de especies silvestres en estado de conservación, como es el caso del pudú, el coipo y otras especies encontradas en el sitio de estudio.

También, un informe socio cultural realizado por el antropólogo David Nuñez, resalta que la comunidad local presenta un alto grado de relación biocultural con el espacio en cuestión, “que se funda en la memoria fundacional del barrio, y también con gran fuerza en los usos actuales y los significados otorgados al lugar amenazado, los que dicen relación con el contacto con la naturaleza, y los beneficios que otorga al bienestar de la comunidad”, agregando: “Una comunidad que se siente responsable del cuidado de un espacio natural, presentará menor vulnerabilidad ante amenazas usuales en espacios urbanos, como la drogadicción y delincuencia, sobre todo desarrollándose la visión y el discurso de la comunidad indígena, que promueve la reconexión con la naturaleza”.

En las conclusiones del informe socio cultural se señala: “La construcción de la subestación eléctrica en el lugar, así como la instalación de las torres de alta tensión, traería sin duda consecuencias negativas para la salud mental y comunitaria de la población aledaña a la obra. Se debe considerar además la existencia de dos establecimientos educacionales públicos en el radio cercano, los colegios Gabriela Mistral y San Francisco de Asís, con un total de alumnos entre ambos colegios que supera los 2.000 estudiantes. Por ello es recomendable que se tomen las medidas necesarias para evitar tal situación. Esta obra es perfectamente relocalizable en un sector más alejado de la zona residencial. La comunidad ha demostrado su interés y su relación biocultural con el espacio amenazado por este proyecto, lo que no se puede soslayar ni por las autoridades ni por la empresa titular del proyecto”.

 

Mega intervención

El proyecto abarca una superficie de casi 5 hectáreas que involucra la intervención de humedales, fuentes de agua (vertientes, laguna, río, napas, trayenko), pomponales, lo que sería afectado por diversas mega instalaciones, excavaciones, numerosas obras y torres eléctricas al lado de familias y por sobre el espacio de significación espiritual de la comunidad, de uso tradicional y de gran importancia de acuerdo a la cosmovisión ancestral.

El proyecto además de estas intervenciones a estos espacios bio culturales, expone a una gran cantidad de vecinos a “convivir” con torres de alta tensión. El Colegio Médico a través del presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, doctor Andrei Tchernitchin, viene señalando desde hace años y en diferentes instancias públicas, judiciales y del ejecutivo, que el peligro de los tendidos de alta tensión es que “producen radiación electromagnética, los que producen alteraciones en el organismo, leucemias, cáncer cerebral, de mamas masculinos y femeninos, daños neurológicos, depresión, suicidios, entre otros”.

“Existe evidencia experimental de efectos biológicos asociados a la exposición a radiaciones electromagnéticas. Algunos de estos efectos, descritos en trabajos experimentales y en estudios epidemiológicos, han sido interpretados como evidencia de que exposiciones prolongadas a campos electromagnéticos de baja intensidad son potencialmente nocivas”, dice Tchernitchin.

El proyecto de 41,0000 Millones de Dólares consiste en la construcción y operación de la siguiente infraestructura eléctrica: – · Ampliación de la Sub estación Chiloé para conectar la actual LT de 220 KV que llega a la subestación, con la LT de 220 kV a implementar; – Línea de transmisión de 220 kV de 45 km de extensión que une la Subestación S/E Gamboa con la S/E Chiloé, actualmente implementada ubicada en el cruce Degañ con la Ruta 5 Sur; – Futura Subestación eléctrica de 90 MVA denominada “Subestación Gamboa” con conexión a la actual LT de 110 KV; – Línea de transmisión de 110 kV de 228 m de extensión para conectar a S/E Castro, existente en el Sector de Gamboa Alto, con Futura Subestación Gamboa.

El proyecto además de estas afectaciones, según los propios antecedentes ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental, en caso de concretarse, involucraría: – Instalación de faenas; Movimientos de tierra con excavaciones profundas de 23.500 m³; Obras civiles; Postes de hormigón armado; Construcción de plataformas; – Construcción de fundaciones para equipos y estructuras metálicas; Montaje Estructuras metálicas y equipos en Subestaciones; Montaje de torres, aislaciones y conductores en Líneas; Montaje de zapata, pedestal y stub; Hormigonado; Montaje de superestructura y crucetas de la torre; Montaje de conjuntos de aislación y poleas; Instalación de conductores; Canalizaciones; Obras de Montaje de estructuras metálicas, equipos primarios, conexionado de alta tensión; Obras de control; Tendido del conductor; Templado y engrampe de cable conductor; Cierre de puentes en estructuras de anclaje; Sala de control, entre diversas otras instalaciones e intervenciones.

Organizaciones de Derechos Humanos de Chiloé han señalado de manera contraria a la publicidad de la empresa, considerada falsa y manipuladora, que en Chiloé no existe ni un solo riesgo ni afectación para los usuarios de la ciudadanía en el Archipiélago con respecto al servicio de energía, que eso está asegurado e incluso existen excedentes de energía demostrables y que este proyecto obedece a razones especulativas y fines industriales, no domiciliarios.

En agosto del año 2018, La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al Serviu de Los Lagos y a las empresas inmobiliarias GPR Puerto Varas Limitada y Socovesa Sur S.A. adoptar una serie de medidas de protección del humedal Llantén, ubicado en la ciudad de Puerto Montt. Entre otros puntos, el máximo tribunal establece que la recurrida Inmobiliaria aun cuando sea dueño del terreno donde se emplaza el humedal, no se encuentra facultada para drenar sus aguas atendido el bien superior que ha de resguardarse, esto es, proteger el referido ecosistema.

¿El futuro legal y político del Alcalde de Puqueldón?: “Dependerá del manejo comunicacional que apliquen ambas partes”

¿El futuro legal y político del Alcalde de Puqueldón?: “Dependerá del manejo comunicacional que apliquen ambas partes”

 

Milton Cuevas, es abogado de la consultora , ex juez (s) de Familia de la comuna de Ancud, Terapeuta en medicina sintergética, y creador de la Fundación ANAM, la cual abarca temáticas de niños de Chiloé vulnerados, desde varios ámbitos, incluyendo las agresiones en la esfera sexual. “Esta fundación busca entregarles todas las herramientas jurídicas legales para las reparaciones posibles, y además todo el apoyo terapéutico a ellos y sus familias, apoyándose de manera significativa en la mirada de las medicinas integrativas”.

En relación al caso del Alcalde de la comuna de Puqueldón, Pedro Nicolás Montecinos Montiel (Independiente pro UDI),quien se encuentra formalizado con firma y arraigo en la región de Los Lagos en una investigación por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad, se le consultó al abogado respecto a la perspectiva judicial, y sobre la importancia de las terapias de sanación integrativa hacia la víctima.

 

Futuro legal de la causa

Respecto a la información pública que se tiene sobre el caso, Milton comenta sobre  cuál sería la pena que podría arriesgar el actual Alcalde de Puqueldón. “Va depender de la acreditación del Ministerio Público – y del querellante en su caso- de ciertas circunstancias agravantes o atenuantes que se apliquen dentro del marco penal teórico, el cual va por ley desde un rango de los 3 años y un día a los diez años. En ese rango se puede aplicar cualquiera de esos años como pena, pero eso va a depender de la cantidad de Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, que sean aplicables en el caso”.

 

“Primero, siendo alcalde debe tener irreprochable conducta anterior, por lo tanto, ya posee un atenuante que uno debería considerar. A su vez, también puede presentar agravantes, y eso va a consistir en lo que investigadores del caso puedan acreditar: el abuso, la superioridad del sexo, el dónde a qué hora y cuantas veces ocurrió. Si se demuestra que fue un delito reiterado, la pena se aumenta. Por ende el tribunal podría aplicar la pena entre ese rango de tiempo, sin embargo, podría ser más años, sólo si se lograra acreditar la idea de que el delito fue reiterado. Sin embargo eso no lo sabemos y desconocemos la carpeta del poder judicial debido a su carácter de reservado”. añade.

No obstante, “existe una existe una circunstancia llamada mixta, la cual hace referencia a la mayor o menor extensión del mal causado, es decir lo que ha significado para la víctima. En este punto, existen rangos que podrían aplicar la grado máxima, es decir entre 5 años y 1 día a 10 años. De ser en ese rango, la pena sería efectiva, es decir, se va a la cárcel. Pero, si la condena fuera bajo los 5 años, es posible aplicar alguna de las penas substitutivas, en este caso podría tener acceso a la libertad asistida, que es lo que la defensa va querer buscar” asegura.

 

¿Y el escenario político?

Puede que en el proceso de inscripción de candidaturas, que ocurre el próximo año, todavía el proceso de investigación esté en marcha y no haya ninguna condena, indica el abogado. Frente a ésto, La ley 18.655 sobre Orgánica Constitucional de Municipalidades que habla sobre los requisitos para ser alcalde, expone que una persona para postular al cargo debe no haber sido condenado por delitos de pena aflictiva, las cuales son consideradas superiores a 3 años y un día, explica Milton. “El rango legal de la investigación va desde que se formaliza y puede durar hasta dos años, incluso un poco más. Entonces, el podría no estar inhabilitado para ser Alcalde para el próximo año, por lo que podría seguir ejerciendo el cargo.Por ende el escenario legal y político del edil es muy incierto. Dependerá de lo que comunicacionalmente ambas partes puedan plantear y probar en el juicio”.

 

La sanación de la Víctima

Como fundación, se encargan del apoyo hacia las víctimas, las cuales han sufrido graves vulneraciones de derecho, que tienen una posibilidad de ayudarse con terapias que le ayuden a poder superar la situación o vivir de mejor forma. “Creemos que los niños que reciben terapias, ya sea desde el ámbito psicosocial hasta las terapias complementarias, les ayuda a salir de un proceso muy grave que se genera en las víctimas, que es el ciclo de las personas que han sido abusadas sexualmente. Está demostrado por medio de estudios, que las personas que han sido abusadas, luego repiten éste patrón. Por ende creemos que una forma de solucionar este fractal, es sanándose” manifiesta el terapeuta.

Para finalizar, el fundador de ANAM destaca de este caso, que la persona (en este caso la madre) fue capaz de contar lo que pasó. “Exponerlo no con el fin de buscar la justicia en sí, exigiendo una pena equis para el acusado, ” ya que lo principal es ver cómo la persona podrá recibir la ayuda  en su amplio espectro para mejorar su calidad de vida.” asegura.

Dudas sobre derrame de petróleo en Hornopirén y silencio del Gobierno

Dudas sobre derrame de petróleo en Hornopirén y silencio del Gobierno

Alrededor de las 15:00 hrs del 7 de agosto en Hornopirén, capital de la comuna de Hualaihué, se detectó un derrame de petróleo en las principales calles de la localidad, desde las organizaciones sociales han hecho un llamado a las autoridades provinciales y regionales a buscar responsables y que se tomen las medidas correspondientes.

 

Grandes dudas ha causado el impacto ambiental de la contaminación y la nula cobertura de los medios locales y regionales sobre este hecho, según nos comenta Omar Salipa, miembro de la Red de Protección Ambiental Hualaihué y de la Asociación de turismo de Hualaihué “nos percatamos por información de vecinos que el derrame continúa desde Hornopirén por la carretera austral hasta antes de Contao”.

 

Bomberos realizó la primera intervención emitiendo un informe a la Onemi. Desde la Red de Protección de Hualihué han convocado a una marcha para el próximo sábado 17 de agosto a las 10:00hrs en la plaza de Hornopirén.

 

DECLARACIÓN PÚBLICA FRENTE AL DERRAME DE PETRÓLEO OCURRIDO EN LA COMUNA DE HUALAIHUÉ

 

Como RED DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE HUALAIHUÉ constituida por vecinas, vecinos y diversas organizaciones de la comuna, queremos manifestar nuestra preocupación frente a los hechos acontecidos el día 7 de agosto del 2019, donde fuimos testigos de un derrame de petróleo en varios puntos de la comuna.

El derrame se pudo evidenciar en las calles y avenidas principales de Hornopirén como Av. Bernardo O’Higgins hasta el Río Blanco, Puente Hornopirén, Cruce Chaqueihua, y entre calles Pedro Maldonado y Colonos; también en puente La Quinta, Manzano y cuesta la Culebra.

En el momento en que se constató la emergencia colaboramos advirtiendo a la comunidad para que tome resguardos al transitar y notificamos a la autoridad marítima.

Pudimos constatar que parte de estos residuos peligrosos escurrió a las redes de aguas lluvias con lo cual contaminó en su desembocadura al Humedal de Hornopirén y el borde costero.

Hasta ese momento nadie había asumido la responsabilidad de los hechos y sabemos que existe una investigación en curso por parte de la Municipalidad para determinar responsables.

Por nuestra parte, hacemos un llamado a la comunidad a ejercer nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, a asumir responsabilidad por nuestros actos, ser activo y denunciar las acciones que atentan contra nuestro espacio en común y a darle máxima relevancia a contingencias como ésta. Es por ello, que cursaremos una denuncia en Fiscalía Local y en la Superintendencia del Medio Ambiente, para que se fiscalice, investigue y sancione según corresponda.

Además proponemos:

1. Que las autoridades locales a quienes corresponda el manejo de emergencias ambientales puedan informar a la comunidad el resultado de la investigación y las medidas a tomar.
2. Que asimismo, expongan los protocolos existentes para éstas y otras emergencias a las que todos estamos expuestos.
3. Protección formal a los humedales de la comuna, y monitoreo del humedal Hornopirén para conocer el impacto de este acontecimiento realizado por expertos.

Movilizados por la protección de nuestro territorio,

 

RED DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE HUALAIHUÉ

Director del INDH región de los Lagos se refiere a los hechos de violencia hacia el Lonko Fidel Rain y su familia en la comunidad de WekeTrumao

Director del INDH región de los Lagos se refiere a los hechos de violencia hacia el Lonko Fidel Rain y su familia en la comunidad de WekeTrumao

  • El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede de los Lagos, Mauricio Maya (44) , entregó su opinión respecto a la situación de extrema violencia vivida por el Lonko Fidel Rain y su familia en el territorio WekeTrumao, hechos que al ser  un conflicto “entre particulares” ,  le impide al INDH ser mediadores del conflicto. Sin embargo “se encuentran en la obligación de denunciar si hay acciones que podrían mejorar por parte de agentes estatales”.

 

Frente a las denuncias realizadas la semana pasada por el Lonko Fidel Rain y su familia en el territorio WekeTrumao, por haber sufrido sido emboscados, agredidos y amenazados de muerte, es que se le otorgó protección policial. La acción nacería por un conflicto entre comunidades Williches por la explotación del bosque nativo, y la presunta disputa y apropiación territorios, por parte de madereros ilegales de comunidades Williches del sector Huaipulli. Estas comunidades estarían siendo financiados por instituciones públicas del estado y estarían a su vez, depredando milenarios bosques nativos en zonas de la comuna de Quellón de Chiloé.

Inauguración oficina en Puerto Montt, año 2015

 

Bajo éste contexto, es que se le consultó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),   corporación autónoma de derecho público creada el año 2020, por la Ley N° 20.405 y destinada a promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile, cuál es su visión respecto a la problemática del sector de WekeTrumao, sus campos legales de acción y las estrategias que barajan para dar respuesta y apoyo a las comunidades.

 

 

¿Cuál es la posición que tiene el INDH, frente al conflicto entre las comunidades williches del sector de WekeTrumao?

“Estamos frente a una situación de vulneración de derechos humanos cuando un agente estatal o público -en el amplio sentido de la palabra- por acción u omisión, afecta la dignidad o integridad de una persona, de una familia, de un grupo o de una comunidad en general. Entonces, respecto a la denuncia del Lonko Fidel y su comunidad, respecto al ataque de otros particulares, nosotros como INDH no tenemos margen de acción legal. Nuestro mandato nos impide presentar acciones sobre particulares. Sin embargo, en el contexto de la denuncia que realiza el Lonko, consideramos que hay acciones que podrían mejorar por parte de agentes estatales: Llámese policía de investigaciones, carabineros, o Fiscalía local de Quellón. En éste ámbito, hemos adquirido un compromiso con ellos (la familia del Lonko) de oficiar y presentar denuncias a esas omisiones estatales. Pero frente al conflicto entre las comunidades, lamentablemente nosotros no tenemos posición que tomar”.

 

– ¿Cuales son las estrategias o lineas de acción que tiene el INDH para enfrentar éste tipo de casos?

“Respecto a las estrategias, es básicamente lo que comentábamos recién. Cuando hay un conflicto entre particulares y en ese conflicto existe una omisión estatal, lo que significa que cierto particular esté siendo vulnerado, nosotros tenemos el deber de denuncia. Pero no más allá que eso, no tenemos la legitimidad activa para poder presentar acciones frente a ese tipo de situaciones. En la ley que crea el instituto se establece un marco de acción judicial, y nosotros podemos actuar en ciertas situaciones que son: torturas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, delitos de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, las acciones entre los particulares, no entran en eta clasificación”.

 

-¿Cuál es la posición que tiene el INDH sobre el modelo de extractivismo?

“En este sentido, dos cosas. La primera, que desde su creación del INDH, en el año 2010, en todos sus informes anuales, cada vez que el Instituto ha asumido capítulos relacionados con el tema del medio ambiente, ha propuesto al Estado mejorar en el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos que el mismo Estado voluntariamente ha adscrito, respecto de la protección del medio ambiente y la garantía del derecho de las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, el Estado de Chile tiene diversas obligaciones que cumplir en ese sentido, y constantemente el Instituto a través de denuncias o de su participación en seminarios o en el informe anual de Derechos Humanos, siempre está instando al Estado a cumplir los estándares.

En segundo lugar, desde ya hace dos años, el INDH -en algunas de sus sedes- está presentando recursos de protección por situaciones que se consideran que son atentatorias contra éste derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por una lado y al derecho que tienen las personas a informarse respecto a ésta temática.
En el último año en la sede Regional de los Lagos, hemos presentado recursos de protección por el tema de la fuga de salmones y por el barco Seikongen. Es un tema que en el ámbito de los derechos humanos está recién explorándose. Somos pocas sedes regionales que hemos tenido la experiencia de establecer recursos en éste sentido. Es un camino que estamos abriéndonos paso y que ha tenido resultados diversos, en el que nosotros creemos que hay un deber por parte del Estado de garantía de derecho, de protección de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.