Marzo inicia con violencia en Chiloé

Marzo inicia con violencia en Chiloé

Foto: @itamrogi.jpg

Estás semanas han dejado, entre otras cosas, un adelanto del accionar represivo de carabineros previo a las grandes movilizaciones de marzo, esto quedó expuesto en el actuar infundado e irracional de la tarde del jueves 27 de febrero, hecho que dejó 12 personas privadas de libertad, en el mismo tono las manifestaciones del lunes 2 de marzo, fueron reprimidas violentamente por carabineros dejando 2 detenidas y 2 detenidos.


 

El impulso ciudadano, que convocó a millones a las calles desde octubre del año pasado, ha exigido un Chile digno y justo, ha expuesto, además, la falta de diálogo, de escucha de las demandas de la ciudadanía y por sobre todo la violencia de las fuerzas del Estado y sus administradores.

 

El actuar de carabineros estas semanas es un paso más en una nueva oleada de represión, en un mes que condiciona el debate sobre la Nueva Constitución y los pasos y mecanismos para llevarlas a cabo. A lo largo y ancho de Chile la violencia se ha impuesto, Chiloé no es la excepción, sin duda no es la misma que ha dejado muertos, pérdidas oculares y torturas, pero a escala territorial se reproduce las líneas políticas emanadas por el poder central tanto a las fuerzas policiales como a la fiscalía con la aprobación de leyes antisaqueos, amticapuchas y antibarricadas.

 

Marzo es el mes en el que inicia un nuevo periodo de movilizaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera y los partidos que sustentan su gestión, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI). El actuar del bloque político ha sido claro, frente a las demandas populares de millones de personas, represión y criminalización de las movilizaciones.

 

Esto se ha visto reflejado por un lado en las instrucciones a carabineros y militares durante los momentos más álgidos de las movilizaciones y en especial después de octubre.

 

Por otro lado, el impulso de una serie de leyes que coartan la libre expresión de las demandas, cuestión que ha sido apoyado por casi todo el abanico de los partidos políticos institucional y que ha generado un quiebre en el Frente Amplio, colisión que reunía hasta ese momento a los sectores que hasta el 2016 se encontraban siendo más bien sectores minoritarios en la política institucional. 

 

Así inicia este mes en Chiloé, con un sentimiento de desconcierto frente a lo ocurrido, frente un accionar más represivo por parte de carabineros, y la necesidad el resguardo a las expresiones de descontento ciudadano ante un sistema económico y social que ha generado profundas desigualdades. El Gobierno que no ha dado ninguna respuesta concreta a las principales demandas sentidas por la población nacional como; el fin al sistema de AFP’s, avanzar en una agenda de igualdad de género, cambios profundos al sistema de salud y educación, aumento del sueldo base, entre otras.

 

Es en esta pasada en la que los medios de comunicación deben exponer una mirada crítica sobre el accionar de carabineros, el rol social de los medios de comunicación debe ver con lupa y tomar una posición clara, el resguardo de la expresión de descontento ciudadano frente a un Gobierno que no ha dado ninguna respuesta concreta a las principales demandas sentidas por la población nacional, como, el fin al sistema de AFP’s, avanzar en una agenda de igualdad de género, cambios profundos al sistema de salud y educación, aumento del sueldo base, entre otras, sin embargo, nos encontramos con medios coludidos editorialmente con el interés de sus dueños y con el poder de la propia autoridad y gobierno que se ve sometido por la poblacional nacional a un profundo rechazo y desautorización.  

 

Efectivamente, tanto los medios de comunicación como, el actuar del Estado, se encuentran profundamente deslegitimados y desacreditados. El Estado en el marco de la Constitución chilena de 1980, cuya soberanía radica en la Nación, ya no tiene autoridad institucional para el ejercicio de la violencia a través de las fuerzas de Orden y Seguridad, quienes, además, han perpetrado sistemáticamente violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el soberano –el pueblo y la ciudadanía- les ha quitado el poder -que les fuera proporcionado en dictadura- como legitimo mecanismo institucional del ejercicio de la fuerza. 

 

El ejercicio de la fuerza entre otras materias que se le otorgará al Estado, está cuestionado desde sus fundamentos, por originarse sin la participación efectiva y real del pueblo como soberano, en tal sentido, el pueblo como soberano originario demanda la devolución soberana de dicho poder, para resolver en un nuevo marco constitucional los mecanismos de regulación y fuerza que las instituciones deben poseer en un estado de derecho válido, legítimo y democrático.

 

En este contexto, el Soberano, es decir el Pueblo, manifiesta en las calles y en la protesta social, la legitimidad de la autodefensa, de la desobediencia civil y de la no violencia activa como mecanismos de presión social ante la falta de autoridad y legitimidad de los poderes institucionales, como sucede en el actual contexto nacional desde octubre de 2019: injusticia, falta de credibilidad, transparencia, participación real. Efectivamente, el poder y las relaciones de poder entre los diversos grupos que han controlado el aparato institucional, económico, militar y político se encuentra tensionado por prácticas antidemocráticas, oligárquicas y coercitivas desde el nacimiento de Chile como nación, esto bajo una matriz de pensamiento republicano liberal a la chilena que justifica los atropellos a la dignidad humana con total desparpajo y que no resiste un análisis racional mínimo del pensamiento democrático social. 

 

La legitimidad de la violencia institucional que se le confiere –por parte del soberano en un marco institucional democrático- al Estado, es para garantizar un orden y paz social que se encuentran profundamente resquebrajados en la sociedad chilena, ante esta falta de legitimidad es que el soberano reclama en las calles por un nuevo orden de: dignidad, justicia, solidaridad, igualdad, libertad, ahora y no mañana.

 

Esta construcción de un nuevo orden y paz social, se debe construir en un nuevo paradigma que se sustente y fundamente en concepciones de poder anti oligárquicos, anticapitalistas, anti patriarcales y anticoloniales.

Algo huele mal en Chiloé

Algo huele mal en Chiloé

La industria salmonera llega a los mares de Chiloé en plena dictadura militar con el proceso de instalación del modelo neoliberal y con total apoyo del Estado en un momento en que no existía norma ambiental. Los mares de Chiloé cumplían una característica clave: estaban limpios. Tras décadas de trabajo intensivo, hoy se evidencian las múltiples consecuencias que sufrimos por las bajas exigencias de responsabilidad ambiental que se les impone a la industria, sin profundizar en las dramáticas consecuencias económicas, sociales y culturales, ya que son miles de familias que abandonaron y han transformado radicalmente sus formas de vida tradicionales propias de este territorio, como son el trabajo del campo y una línea de trasmisión de conocimientos campesinos de generación en generación quebrada por la ilusión de un trabajo asalariado y con ello una promesa de mejora en la calidad de vida e incluso arriesgando la vida, pues comenzamos el año con un buzo muerto mientras trabajaba en un centro de cultivo.


 

Una de las consecuencias que hasta ahora estaba bajo la alfombra, es la disposición de residuos industriales y domiciliarios, que durante décadas en han depositado en tierra chilota, y que no solo provienen de las plantas que operan en el archipiélago sino que también recibimos residuos provenientes de otras provincias en donde se desarrolla la industria. Es difícil ser optimista frente al problema de la basura en Chiloé, pues la cantidad de residuos que genera la industria salmonera supera con creces la generada por los hogares chilotes, han sido décadas de acumulación en diferentes puntos de Chiloé; Dicham, Mocopulli, Huicha, Punahuel, han sido emblemáticos durante el 2019, se han movilizado contra el abuso, logrando detener y cerrar vertederos que se encontraban en ilegalidad durante años.

 

Algo olía mal pero no estaba claro que era, hasta que la crisis explota en abril del año pasado con el cierre definitivo del vertedero Municipal de Huicha en Ancud, trasladando el problema por diferentes comunas de Chiloé, el problema golpea directamente la capacidad de gestión y conducción política de alcaldes, Gobernador, seremis e Intendente, incapacidad política, viejas recetas, falta de recursos se evidencian ante un problema que se podía predecir. Hoy queda la solución sujeta al pequeño interés social del actual gobierno y compartida por toda su línea de mando, hasta llegar a los municipios que se han subordinado a al Gobierno Regional en desmedro del interés de las comunidades. Estos han repetido las mismas recetas durante 30 años, obligando a las comunidades locales a aceptar la instalación de un relleno sanitario en su entorno, con soluciones abiertamente deficientes y peligrosas para la salud de las personas. Recuerde el vertimiento de salmones podridos al mar, sus consecuencias e impunidad, esa es la receta de la oscura legislación medioambiental que ha sido creada cuidando el beneficio privado por sobre los intereses públicos. 

 

El cierre del 2019 dejó un sabor amargo, mientras al fin se lograba concretar el cierre del vertedero ACONSER en el sector de Mocopulli, sector donde operaron 4 vertederos industriales más el residencial de la comuna de Castro, con lo que concluyó el capítulo de la comuna de Dalcahue; se extendió la Alerta Sanitaria para Chiloé hasta el 30 de junio, lo que genera grandes dudas sobre el destino de los residuos domiciliarios de Ancud y deja en claro que la crisis que vive el archipiélago está lejos de terminar ya que, por estos días el problema se traslada a Puntra-El Roble, en la Comuna de Ancud en un sector cercano al recientemente declarado Santuario de la Naturaleza de Chepu, y a Quellón, en donde el gobierno regional intentó destinar los desechos domiciliarios en el vertedero municipal de forma transitoria, utilizando las facultades especiales que le otorga extensión de la Alerta Sanitaria. El proyecto “transitorio” como lo describe el municipio ancuditano, ha chocado con el rechazo de vecinas y vecinos del sector, transformándose en una clara expresión del sentir de Chiloé sobre las “soluciones” que ha dado el gobierno regional a la crisis, que más bien han transportado el problema de una comuna a otra sin entregar soluciones concretas y agravando las condiciones en todo el territorio chilote.

 

En la actualidad, nos encontramos en un escenario crítico del funcionamiento de los lugares de disposición, se han cumplido 14 años desde que el Ministerio de Salud aprobará el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios con lo cual se daba por “superada” la política ambiental del vertedero en Chile y comenzaban a aparecer los Rellenos Sanitarios, en Chiloé sin embargo, tras más de una década no se ha cambiado nada, siguen los mismos vertederos en ilegalidad, mientras la clase política chilota continua mostrando una enorme incapacidad, desinterés, desconocimiento y ahora parecen asombrados ante la evidencia de que todos los lugares en los que por décadas se ha depositado la basura industrial están críticamente expuestos como agentes contaminantes por distintos factores, cercanías a fuentes o cursos de agua, infiltración a napas subterráneas de lixiviados que escurren, presencia de metales pesados, coliformes fecales, etc.

 

En definitiva, la responsabilidad está en enfrentar el diseño y proyección de soluciones de un problema diario en los hogares no solo de Ancud, sino del archipiélago, cuestión que no se agota en un año, ni en cinco, menos por la instalación de un relleno sanitario provincial. Frente a la incapacidad de quienes han administrado Chiloé durante los últimos 30 años, el desafío de las comunidades, de quienes habitan el archipiélago es encontrar soluciones a escala territorial, pero con una mirada integral del archipiélago, en donde asumir la insularidad se transforma en un elemento central para encontrar salidas.

 

Es urgente reconocer que la problemática de la generación exponencial de residuos es un problema estructural, sistémico y que las soluciones tienen que estar a la altura del desafío, para tener impactos positivos en el tratamiento adecuado de los residuos para el resguardo de la salud de las comunidades aledañas, como del ecosistema completo y cada uno de los organismos vivos que lo componen. Chiloé es único y reconocido por su compleja biodiversidad y requiere de un diseño de gestión único, que lo comprenda en todas sus dimensiones, para esto es imprescindible que se miren ejemplos que se desarrollan en otras latitudes, como la Isla de Pascua, la comuna de Campos Deportivos en La Araucanía, La Pintana en Santiago, Futaleufú; o más aún en ciudades de gran población como San Francisco en EEUU, en donde la estrategia Basura Cero a significado una reducción en promedio del 50% de los residuos sólidos domiciliarios. Un relleno sanitario o un vertedero en Chiloé no es una opción responsable en un momento de alerta sanitaria en la provincia porque compromete la calidad de vida de las comunidades rurales y las futuras generaciones que vivirán las consecuencias de las malas decisiones que se tomen hoy, ya el equilibrio natural del medio ambiente se ha visto fuertemente afectado por decisiones tomadas hace 3 décadas y vemos sus resultados con las grave crisis sanitaria y ambiental, nos es tiempo de viejas recetas para problemas nuevos.

 

¿Hacia dónde camina Chiloé? ¿seguirá siendo el campo de explotación de los gigantes industriales y su basural? ¿estaremos en 15 años nuevamente hablando lo mismo tras la instalación de un relleno sanitario? Si su cultura es valorada por su patrimonio inmaterial y para la ciencia y el turismo tiene un altísimo valor por sus condiciones naturales ¿resistirá? 

 

Cualquier solución que intente construir un Chiloé más justo para su gente, su entorno y las generaciones que vendrán, debe pasar por la participación activa de quienes viven en Chiloé, tomando decisiones sobre las soluciones a la crisis actual pero con una mirada de futuro, la forma más razonable para transitar hacia un modelo distinto de gestión de residuos debe considerar a las comunidades, su ecosistema y las generaciones que vendrán. Esto también implica mirar el modelo bajo el cual se produce el problema sanitario y ambiental, ya que preocuparse por lo residuos no solo significa revisar la legislación si no también el desarrollo y las consecuencias de la industria salmonera. Hoy la vieja política transicional es parte del problema y no la solución a la crisis que vive Chiloé, así lo demuestran 9 meses de Alerta Sanitaria que parecen extenderse por varios meses más, producto de que quienes han administrado el poder político local, no han sido capaces de encontrar una salida a la crisis, en contraste con las movilizaciones históricas que también vivió Chiloé desde octubre, las que han dejado claro que las soluciones no pueden depender de quienes las han generado, cada golpe que ha dado la comunidad organizada rechazando la instalación de un vertedero o relleno sanitario durante el 2019 expone que son ellas y ellos quienes son capaces de comprender el problema de los residuos y su importancia para el futuro del archipiélago.

 

La respuesta sigue en las calles

La respuesta sigue en las calles

Transcurridas cuatro semanas del estallido social y de la rebelión popular, Chile cambió, ya no será el mismo de aquí en adelante, son estudiantes secundarios quienes prendieron la mecha que movilizó al pueblo chileno, las movilizaciones masivas han obligando al gobierno a reprimir e hizo recordar a la sociedad chilena los peores años luego del golpe militar de 1973 y las violación de los derechos humanos, también presionó a la clase política quienes torpemente y a espaldas de la sociedad han avanzado en un acuerdo espurio e ilegítimo que preserve su participación en el procesos constituyente que está en marcha, la salida sigue ahí en las calles.

Ya es un sentido común señalar que la violencia vivida por la sociedad chilena durante los últimos 30 años, que institucionalizada, ha hecho estallar la violencia social y que la clase política no supo leer y no quiso escuchar, a pesar que los antecedentes ya venían siendo develados por diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales pero, esos sectores fueron minimizados y desplazados del debate público, los medios han jugado un papel central los últimos 30 años han marginado postura de justicia social pero hoy esas posturas son un sentido común.

La dignidad y la justicia que el pueblo exige en las calles de Chile, sepultó los valores y principios del neoliberalismo, lo que implica para el conjunto de la sociedad iniciar un profundo y fecundo proceso de cuestionamiento de los valores y cultura introyectada en la vida de la sociedad chilena para proponer una nueva subjetividad basada en valores y principios que construya una nueva subjetividad social: solidaria, comunitaria, igualitaria y participativa.

En este contexto, el papel de los medios de comunicación tradicionales y de un periodismo obsecuente y funcional, poco incisivo y crítico no ha contribuido a buscar en la agenda pública la profundización de los problemas de la sociedad y el pueblo chileno, contribuyendo a dibujar con la voz de los sectores afectados la visión de los opresores. Han resaltado la violencia por sobre la demanda y propuestas de cambio, con lo cual tienden un manto de oscuridad sobre el reclamo social, pero lo cierto es que sino hubiese existido este grado de violencia no hubiese existido la apertura a procesos de cambios.

Los medios independientes desde sus aún pequeñas trincheras y las redes sociales han jugado un papel, logrando perforar y abrir el camino del cambio, un primer intento por cerrar filas de los medios del establishment ha fracasado, se abrieron también en los medios nuevos marcos, Chile cambió y también los medios.

Octubre rojo, deja violaciones a los Derechos Humanos que ya se venían arrastrando con la represión al pueblo mapuche, donde se vinieron ensayando los mecanismos e instrumentos represivos que ha vivenciado la protesta social de estas últimas semanas y en la que las fuerzas policiales, han desplegado su fuerza y brutalidad, en la que las autoridades políticas demuestran no ejercer control civil sobre las fuerzas de orden y seguridad, constituyéndose en los responsables finales de las muertes, mutilaciones, torturas, abusos, represión injustificada y a mansalva a una ciudadanía que demostró con su fuerza redirigir la agenda política hacia nuevos cauces.

El “Acuerdo por la Paz” del pasado viernes 15 de noviembre es reproducido por los medios tradicionales, intentan nuevamente cerrar al debate de la sociedad y las fuerzas sociales que están en las calles, van lentamente construyendo un sentido común. La respuesta sigue en la calle y en las movilizaciones, el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” no logra cerrarse, se encuentra sometido a un profundo cuestionamiento, la desconfianza sobre la clase política es más profunda, este acuerdo considera la participación ciudadana circunscrita al sistema electoral vigente, los quorum estarán determinados por el mismo sistema electoral y una comisión técnica que será designada por los mismos partidos,  lo que le otorga justamente a los partidos políticos el control del proceso constituyente, las que en definitiva abre un poco más el abismo entre sociedad y política.

Tras 30 años de letargo Chile despertó del sueño neoliberal, demanda tomar en sus manos las riendas de su futuro y no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad de construir el Nuevo Chile.

 

La violencia, un rostro de mil fauces

La violencia, un rostro de mil fauces

El fenómeno de la violencia que afecta en estos días a la sociedad chilena, no es nuevo, ha sido parte de su historia desde el descubrimiento y conquista de las tierras hoy denominadas chilenas hasta la actualidad. No obstante, también, la podemos rastrear en la historia reciente, desde la dictadura militar a la fecha, cambiando su forma de actuar, a veces más brutal otras más sutil.

En la última década sus efectos y consecuencias en la psicología social de la vida cotidiana chilena se ha visto estremecida por las manifestaciones feministas, los abusos sexuales por parte de curas de la iglesia católica, la represión y abusos policiales, el robo institucionalizado de farmacias, pollos, el femicidio, la muerte de 1300 niños en Sename, los detenidos desaparecidos en dictadura y democracia, la exclusión educativa, la pobreza, etc., etc. , son tan sólo algunos de los tantos casos por todos conocidos y con los cuales convivimos, ello no es más que la expresión de un aprendizaje internalizado en la cultura chilena desde siempre y que más bien, ahora se reacciona para abrir una ventana que avizore un cambio cultural y político en el país.

Aunque debemos consignar, que esto tan solo constituye una breve irrupción que requerirá la voluntad de transformar prácticas culturales y de conductas relacionales cotidianas entre los ciudadanos, que puedan ser exigibles a las instituciones y al propio Estado chileno para prefigurar nuevas condiciones para las transformaciones de las mentalidades y de las estructuras y relaciones sociales.

Efectivamente, la psicología social de Chile interioriza en su manera de vivir la violencia desde las atrocidades experimentadas desde la Dictadura Militar hasta la actualidad, donde el modelo de desarrollo neoliberal y el individualismo han profundizado la violencia mediante las Desigualdades al interior de las dinámicas sociales, donde la validez del otro como un legítimo otro, no tiene valor en sí mismo, sino, por lo que tiene, o el color de piel, o el sector social de procedencia.

Hoy no nos sorprende la violencia hacia niños, mujeres, ancianos, sino hasta que existe una reacción social más o menos coordinada que pide cambios de comportamiento y culturales pero, jamás cuestionamos el origen de la violencia.

Hanna Arendt, filósofa alemana de origen judío, participó desde abril a junio de 1961, como reportera de la revista The New Yorker en el proceso contra el asesino nazi Adolf Eichmann en Jerusalén, donde concluye que “fue como si en aquellos últimos minutos –Eichmann- resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”, ‘banalidad del mal’ consistente en la incapacidad de introspección crítica sobre sí mismo y las consecuentes conductas derivadas de la convicción irreflexiva, lo que para Arendt representaría la deshumanización del ser humano.

Al hablar de violencia, no podemos sino preguntarnos junto a Arendt sobre ese dialogo interior que permita salir a la vida diaria con la mirada en alto y no ocultando la responsabilidad en factores como: obediencia debida tan profusamente usada en juicios de derechos humanos en Chile.

Pero esta obediencia debida, al menos en Chile está relacionada con el Estado. La violencia ha constituido un foco de atención permanente en la historia del Chile actual, tanto con propósitos académicos como, de intervención social y política destinadas a los sectores empobrecidos de nuestro país, donde el Estado posee los mecanismos de la fuerza y del poder, legitimados socialmente para ejercerla sobre ellos. Esta legitimación, contiene altos grados de violencia en sí misma, avalada por un instrumental disciplinador como la educación, los medios de comunicación y la construcción del sentido común.

En tal sentido, la perspectiva ideológica dominante desde el Estado chileno y las instituciones se sostiene en tres ejes fundamentales:

  • Negar la violencia estructural,

  • Legitimar la represión y

  • Deslegitimar la violencia social contra el sistema.

De esta manera, podemos observar en el escenario socio-político nacional la existencia de múltiples ejemplos donde se demuestra la práctica de la violencia institucional y donde la élite política establece los mecanismos de preservación y autoprotección en el sostenimiento del ejercicio de la violencia.

Es el caso en la Araucanía, donde el ‘Comando Jungla’ de Carabineros recientemente presentado por Piñera, legitima la solución con una fuerza represiva por sobre el diálogo y la búsqueda de paz, poniendo en acción al Estado como agente de poder y violencia, ejerciéndolo sobre la ciudadanía so pretexto de garantizar la paz o, como sucedió en dictadura convirtiendo al Estado en un sistema institucionalizado de violencia, ahora, en cerca de 60 días ‘mandó a educar en violencia’ en Colombia y Estados Unidos a centros especializados en provocar tortura y horror a fuerzas de carabineros, pagados con impuestos de la sociedad chilena, que trabaja y con ello termina financiando a sus propios victimarios que una vez más, irreflexivos, se escudan en la obedecían de órdenes superiores.

Toda esta deshumanización y violencia se consagra con el rol que juegan los medios de comunicación, que promueven y validan prácticas de violencia, usando a las propias víctimas para generar mayor violencia.

De esta manera, la Violencia institucional, particularmente del Estado, se orienta especialmente hacia sectores que se caracterizan como ‘desviados’ al interior de la propia sociedad.

Foto: upslon

Libertad y abusos de poder

Libertad y abusos de poder

Uno de los principales valores en la doctrina del liberalismo ha sido la libertad individual y la mínima intervención del estado en el asunto público, la que con el transcurrir de los siglos y especialmente, en las últimas décadas ha impulsado el principio de la igualdad ante el avance del neoliberalismo.

En Chile, podemos apreciar en su vertiente neoliberal, que éste ha profundizado los valores y principios de la cultura liberal, dejando al ciudadano –en tanto sujeto- reducido a un mero consumidor. Ambas doctrinas profesan un culto al mercado como instrumento redistributivo, lo que para la sociedad chilena constituye un eufemismo y una brutal distorsión de la realidad cotidiana que afecta a las mayorías del país.

Esto ha llevado a que la concentración de la riqueza, se exprese en una de las peores consecuencias sociales: La Desigualdad, la que a su vez, ha traído la opresión y abusos de poder de unas minorías privilegiadas sobre las mayorías sociales.

En Chile la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos desde los años noventa en adelante ha devenido en constante aumento, el momento de crisis institucional y de confianza es una consecuencia de aquello, esta baja en la credibilidad en las instituciones dominadas por poderes económicos, militares, eclesiásticos, es resultado de las desigualdades y abusos.

Emblemáticos ejemplos, como la colusión de farmacias, del papel higiénico, los sobresueldos, la relación dinero (grandes empresas) y política, la manipulación para la implementación de proyectos ambientales, la ley de pesca, la corrupción y desfalco al fisco en carabineros y ejército, y un sinfín de casos como estos van horadando la institucionalidad y confirmando la desigualdad ante la ley que tienen unos sobre otros.

En los casos de abusos sexuales y de poder, lo que podemos apreciar es la falta de conexión con la vida cotidiana real, la incapacidad de empatizar con la realidad de la otra/o, con la realidad de las grandes mayorías y sus luchas.

Esta situación se vuelve a repetir, durante las últimas semanas donde hemos constatado la caída de la Iglesia Católica por abusos de poder y sexuales, donde el clero nacional se ha visto obligado a acudir a la cita que los convocó el Papa Francisco a Roma, ante la insostenible presión social y a la labor del papa por esclarecer los hechos ocultados en su reciente visita al país.

En este contexto, la Conferencia Episcopal chilena, obispos y cardenales, con total desparpajo ejercen una férrea y disciplinada protección colegiada ante los embates de reproches que le impetra la sociedad al clero, sin embargo, esta parece no escuchar ni contar con sensibilidad suficiente para comprender el estado de situación ética en que se encuentran comprometidos, así lo demuestran las declaraciones del cardenal Ezzati quien dice “yo quiero acoger y acojo aquí y se los digo con todo el corazón abierto, la crítica, la indignación, la rabia que más de alguno ha manifestado en el día de ayer y que comprendo perfectamente, la rabia de tantas otras personas que ven en los pastores, en los obispos, el chivo expiatorio de toda nuestra debilidad” (1) y, en el mismo tenor, la conferencia episcopal se plantea frente a la crisis, eludiendo responsabilidades y dejando abierta las consecuencias de los hechos, no puede sostenerse que los acusados de abusos se excusen ante la sociedad señalando que ésta ve en los pastores un “chivo expiatorio”, traspasando de esta manera sus responsabilidades éticas a la sociedad misma y culpabilizándola de su crisis.

En este mismo sentido,  en la explosiva reivindicación de la ola feminista, podemos apreciar que las reacciones sobre los temas de acoso y abusos sexuales, se repite la constante de minimizar o reaccionar de manera improvisada frente a las movilizaciones y reclamos, que en definitiva, tienen un patrón recurrente desde donde actúa la concepción patriarcal  del ejercicio del poder.

La situación de poder y abusos que reclama el movimiento feminista en clave cultural, consiste fundamentalmente, en comenzar un proceso de deconstrucción de los parámetros y concepciones de educación y de relaciones sociales legitimadas en base a un consenso de poder patriarcal y de dominación en la sociedad chilena.

Los hechos han comenzado a desbordar la barrera de lo permitido, donde las relaciones de poder expresado en la fuerza física, el abuso, el control de la palabra, de los recursos materiales, financieros, en los espacios institucionales y en la vida misma, van configurando el grado de enajenación y distanciamiento de los que ostentan el poder, he ahí la desconfianza e incredulidad, ya no es posible encontrar cambios y transformaciones plausibles que no se traduzcan en procesos concretos aquí y ahora de abrir los canales de participación, integración y transparencia.

 

Nota:

  1. MISA DE CLAUSURA X SÍNODO DE SANTIAGO 21 de mayo de 2018. Homilía del Arzobispo de Santiago Cardenal Ricardo Ezzati A.

 

Foto: Antonio Marín

 

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