¿Cómo vamos con la implementación de la ley de Aborto en 3 causales en Chiloé?

Previo a la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, su aprobación llegaba a un 66%, según la Encuesta CADEM de marzo de 2016. Dicha ley señala en su artículo 119:” Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: 1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; 2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal; y 3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.


En la actualidad, ya implementada esta ley, de acuerdo a cifras del Minsal en lo que va del 2019 son 175 mujeres quienes han interrumpido su embarazo, 55 de ellas correspondiendo a la primera causal, 93 a la segunda causal, y 27 mujeres a la tercera causal. Según estas cifras, ¿Dónde está la horda de mujeres que inventan violaciones para abortar?, muchos de las y los detractores a esta ley señalaban que su aprobación significaría una excusa para que mujeres “inventaran” situaciones ficticias para acogerse a esta causal.

 

Sin embargo, a pesar que las cifras han derribado muchos de estos argumentos detractores, la fluidez en la implementación de esta trascendental ley sigue viéndose obstaculizada. En cuanto a los profesionales objetores de conciencia, existe un alto porcentaje de médicos contratados por el sistema de salud pública que permite abstenerse de realizar la interrupción del embarazo, como Obstetras, Anestesistas, Profesionales no médicos (que se desempeñan en pabellón), y Técnicos Paramédicos (que se desempeñan en pabellón).

 

Un ejemplo de esto, en la provincia de Chiloé, en lo respecta a la causal N°3, que señala interrumpir el embarazo cuando éste sea producto de una violación, son 7 los médicos obstetras, de un total de 19 contratados a nivel provincial, que se declaran objetores de conciencia (https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/).

 

Esta realidad nos recuerda el caso de la niña de 13 años, que en octubre de 2017, debió ser trasladada en avión a Santiago para interrumpir su embarazo, producto de una violación, debido a la negativa de médicos locales de Chiloé a realizar el procedimiento, sumando además la justificación de ausencia de reglamento y falta de insumos en hospitales locales. Este caso fue conocido el 26 de septiembre de 2017, solo tres días después de que se publicara en el Diario Oficial la ley de aborto por tres causales, siendo la primera denuncia vinculada a la nueva legislación que es conocida por el Ministerio Público. En dicho caso la niña contaba con 11 semanas y tres días de embarazo, quedando al límite de tiempo permitido para niñas menores de 14 años, donde la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación.

 

Nos preguntamos y nos preocupa si ¿será posible que todas las niñas, adolescentes o mujeres puedan contar con las mismas posibilidades de acceder a la interrupción del embarazo, en caso de la existencia de algunas de las tres causales, cuando casi la mitad de las y los profesionales de su provincia se declaran objetores de conciencia en casos de violación?, más aún en zonas aisladas, donde no siempre será posible trasladar a los pacientes a centros asistenciales lejanos. ¿Dónde queda nuestro derecho a acogernos a esta ley?

 

Para aportar con más datos, en relación a las regiones con leyes de acceso al aborto restrictivo, en África existen 29 abortos por cada 1000 mujeres y en América Latina son 32 abortos cada 1000 mujeres (Fuente Instituto Guttmacher), mientras que en regiones donde su acceso no es criminalizado, como Europa occidental, las cifras señalan sólo 12 abortos cada 1000 mujeres (Datos Fundación HUESPED).

 

No obstante, consideramos que el aborto en sí no resuelve el problema de fondo, requiriéndose a la brevedad la materialización de espacios educativos donde la sexualidad sea tratada desde la primera infancia, para prevenir abusos sexuales en los espacios intrafamiliares, y/o donde un adulto cercano sea el victimario. En este tema, en Chile el primer abuso sexual se da en promedio a los 10 años y medio, donde sólo en Chiloé en el año 2018 las violaciones aumentaron un 60,7% respecto de años anteriores, liderando estas cifras Castro, seguido por Ancud, Quellón y Dalcahue. (Fuente Encuesta Nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, Subsecretaria de prevención del delito).

 

Por otro lado, ante la existencia de una Ley de la República, se deben dejar de lado dogmas, religiones, prejuicios y moralismos, a la hora de prestar los servicios profesionales por los cuales son contratados los diversos especialistas que intervienen en este tema, de no hacerlo, no podrían entonces ejercer en establecimientos públicos, o en instituciones que reciban aportes del Estado.

 

Sin duda se ha avanzado, y cómo no aplaudir aquello, pero queda mucho aún por hacer, y en esto las organizaciones feministas planteamos demandas por un aborto libre, seguro y gratuito, que nos permita a nosotras, las mujeres, decidir sobre nuestros cuerpos, y liberarnos del espacio de maternidad obligatoria al que hemos sido confinadas por el Estado.

 

En este escenario, la ley que existe es adecuada, pero insuficiente al circunscribirla a tres causales, donde lo demás se castiga judicialmente, y conlleva por tanto que la penalización del aborto libre no elimina su práctica, lo lleva a la clandestinidad, con todo lo que ello implica para vulnerar una vez más el derecho a contar con espacios seguros y legales para ejercer el derecho libre a decidir.