Delitos sexuales: agresor con garantías  v/s víctimas indefensas

Delitos sexuales: agresor con garantías v/s víctimas indefensas

Por Frente Feminista Poderosas Ancud

Ante los últimos graves hechos de agresiones sexuales ocurridos en Ancud, donde el agresor es un joven de 24 años que durante los últimos 10 años ha entrado y salido de recintos penitenciarios tras cometer diversos ilícitos, entre ellos, delitos sexuales, hurtos, robos, asaltos, amenazas con arma, receptación y violación de morada con causas en Ancud y Puerto Montt. Y que recientemente en el pasado mes de agosto había quedado en libertad “por buena conducta”, ante una pena penal que cumplía por abuso sexual. 

Como frente feminista Poderosas Ancud expresamos nuestro rechazo y preocupación ante lo acontecido,  mostrando nuestra absoluta solidaridad con las víctimas. Y coincidimos con muchos y muchas en considerar que el individuo identificado como agresor resulta ser un peligro permanente para nuestra comuna y para la sociedad en general,  observando en ello un sistema garantista penalmente, donde los imputados cuentan con defensa judicial gratis, y un sin número de atenuantes en sus procesos judiciales, ya sea por su colaboración o “arrepentimiento” durante las investigaciones; y luego sus “intachables” conductas en las unidades penales de Gendarmería, disminuyendo por ello sus condenas, o contando en poco tiempo con salidas y/o beneficios intrapenitenciarios en el exterior. Por otro lado, las víctimas quedan indefensas, ya que la fiscalía (o ministerio público) sólo persigue el delito, no defiende a quienes han sido vulnerados por éstos.  

Por lo anterior, nuestra crítica va directamente al sistema, exigiendo a nuestras y nuestros representantes en el Congreso cambios estructurales en cuanto a la legislación existente, donde el sistema legal permita simetría de las personas que intervienen en un proceso penal, debiendo existir también una defensoría para las víctimas, que defiendan sus derechos, las consecuencias psicosociales producto de un delito grave, donde se reconozca que nosotras las mujeres somos más vulnerables en un Estado patriarcal.

En esto, y pensando en los múltiples femicidios de los últimos meses en el país,  urge contar con medidas reales y efectivas, dado que muchas de las mujeres asesinadas contaban previamente con una medida cautelar como prohibición de acercamiento del victimario, situación que en la práctica ha sido ineficaz e insuficiente no cumpliendo su objetivo de protección. Todo lo anterior, configura la mantención de un sistema reactivo más que preventivo, donde el ámbito penal resulta ser garantista hacia los victimarios, no nos favorece como mujeres y nos obliga a vivir permanentemente atemorizadas y revictimizadas al ser objeto de algún delito de connotación sexual.

¿Cómo nos influye a las mujeres una eventual rebaja laboral a 40 horas de trabajo  semanal?

¿Cómo nos influye a las mujeres una eventual rebaja laboral a 40 horas de trabajo semanal?

Por Frente Feminista Poderosas – Ancud

Para dar respuesta a esta pregunta, es importante entender cuál es la situación actual en el campo laboral para nosotras las mujeres, ya sea a nivel nacional, pero principalmente a nivel local, en Chiloé. 

 

A nivel país, y en cuanto a la presencia de mujeres que lideran hogares, se tiene el dato de que cuatro de cada diez hogares tienen jefatura femenina, el doble de lo que existía en 1990, y que el 73,4% de esos hogares son monoparentales, es decir, liderados por madres solteras o mujeres separadas (Encuesta Casen Mujer 2017, Según estos datos, y en relación a estadísticas de Género y Empleo de la Encuesta Nacional de Empleo, 2010 – 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de participación laboral femenina aumentó considerablemente en siete años, llegando a un 48,5% el 2017, donde la ocupación subió un 45%. No obstante, respecto a las mujeres no ocupadas, y según datos recopilados por la encuesta Casen, la tasa de desocupación femenina fue superior al 75%, con una brecha sobre los 50,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Así también, las mujeres que trabajan, son quienes poseen más carga horaria en cuanto a tiempo ocupado, contemplando 1,65 horas diarias más que los hombres. En este análisis también es importante conocer la situación en cuanto al Trabajo Doméstico, donde las mujeres participan más que los hombres en su hogar,  en promedio 2,08 horas diarias más (Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2015). 

 

Si bien, es relevante saber que cada vez las mujeres cuentan con mayor participación en el ámbito laboral, el cuidado de sus hijos e hijas en estos tiempos de trabajos para quienes son madres, es un punto importante y donde el   aporte entregado por instituciones externas, resulta tremendamente significativo. 

 

En este contexto, la matrícula en Educación Parvularia en Chile supera actualmente los 800.000 niños y niñas, donde la cobertura sobrepasa el 50%, de los niños y niñas en edad de asistir a Educación Parvularia, (Informe de Caracterización de la Educación Parvularia: Descripción estadística del sistema educativo asociado al nivel de Educación Parvularia en Chile, Subsecretaría de Educación Parvularia, Enero 2019). Sin embargo, al parecer esta cobertura se está volviendo corta  y en marzo del presente año, el gobierno actual presentó el Programa de extensión horaria, el cual contempla, por ejemplo, que los recintos de Fundación Integra,  “podrán funcionar hasta las 19:30 horas para beneficiar a madres y padres trabajadores”. 

 

Frente a este panorama, ¿cuál es la realidad laboral de las mujeres en Chiloé? 

En esto, se debe señalar que dadas las características territoriales en el archipiélago y de la población económicamente activa, sobre un 45% se encuentra vinculada al sector piscisilvoagropecuario, pudiéndose determinar la creciente participación de las mujeres en actividades que antiguamente eran sólo desarrolladas por hombres. De lo anterior, es importante conocer la actual realidad de trabajadoras y trabajadores que laboran en plantas pesqueras locales, donde importa diferenciar trabajos permanentes y trabajos temporales o eventuales. 

 

En cuanto a la mano de obra permanente, el 65% son hombres y el 35% son mujeres; versus a la mano de obra eventual, donde el 48% corresponde a hombres y el 52% son mujeres (Estudio MUJERES Y HOMBRES En el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile, Sernapesca 2018). 

 

Es importante también agregar la participación de las mujeres, específicamente en la industria del salmón, donde según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alrededor del 32% de la fuerza laboral de la industria del salmón en Chile está compuesta por mujeres, lugares donde además existen precarias condiciones laborales, con altas tasas de accidentabilidad, donde los sistemas de trabajos consisten en turno rotativos, tarde, mañana y noche, existiendo en algunas empresas contratos diarios, firman al ingresar a su jornada y firman el finiquito al salir de ella, siendo el sueldo promedio para una operaria de unos $352.617 al mes. (SALMONES DE SANGRE DEL SUR DEL MUNDO, Morir trabajando en la industria productora y exportadora, de salmónidos de cultivo del sur de Chile, Centro Ecocéanos, abril 2019).

 

Por todo lo anterior, se puede señalar que las mujeres en Chiloé, al igual que las del resto del país, mantienen liderazgo de hogares monoparentales en un alto porcentaje, encargadas de satisfacer diversas necesidades materiales para sus familias. De forma paralela, se goza de un aumento paulatino de ingreso en el mercado laboral, situación que para quienes son madres significa dejar durante largas horas a los hijos e hijas pequeñas, en salas cunas o jardines infantiles hasta terminada las jornadas de trabajo, complicándose aún más esta situación  cuando la jornada laboral incluye turnos de noche, horario en el cual el sistema de cuidado de niños y niñas no aplica Bajo este contexto, como rubro laboral principal de la provincia se encuentran las actividades ligadas al mar, siendo las plantas de proceso y entre ellas la del salmón, donde se ubica una parte importante de la fuerza laboral femenina, en trabajos más bien temporales, mal remunerados, sin existencia de derechos laborales mínimos al existir contratos diarios en algunas de éstas, y con ínfimas condiciones de seguridad. Sumado a ello, ya es sabido que este tipo de trabajos ha implicado para Chiloé la migración del campo a la ciudad, la pérdida de  dinámicas familiares culturales, que de forma ancestral habían caracterizado la vida en comunidad, con sistemas económicos recíprocos y solidarios, dando paso a la individualización de la vida comunitaria, junto a una disminución de la calidad de vida y en algunos grupos, el acercamiento a la “pobreza urbana” expresada en la vivienda, en su materialidad ligera y en limitaciones de condiciones básicas (Jordán y Martínez 2009). 

 

Por tanto, una rebaja en la jornada laboral semanal, si bien no soluciona problemas profundos, aliviana la carga a las mujeres, permitiendo con ello mejorar la calidad de vida familiar, al pasar más tiempo con los hijos e hijas para quienes son madres, fortalecer el raigambre familiar contando con espacios para fiestas o rituales comunitarios, y mayor tiempo de ocio necesario para un sano desarrollo personal y por ende apropiada salud mental.

 

En este contexto, ha sido recurrente escuchar en los últimos días al actual gobierno centrar la discusión sobre esta rebaja, más bien en cuestiones que se relacionan con costos para la empresa y consecuencias en cuanto a indicadores de productividad económica, invisibilizando lo cual debiera ser el foco principal: los cambios significativos que uno u otro proyecto podrían implicar para la calidad de vida de las personas, donde se trabaje para un buen vivir, y no se viva sólo para trabajar. 

¿Cómo vamos con la implementación de la ley de Aborto en 3 causales en Chiloé?

Previo a la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, su aprobación llegaba a un 66%, según la Encuesta CADEM de marzo de 2016. Dicha ley señala en su artículo 119:” Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: 1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; 2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal; y 3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.


En la actualidad, ya implementada esta ley, de acuerdo a cifras del Minsal en lo que va del 2019 son 175 mujeres quienes han interrumpido su embarazo, 55 de ellas correspondiendo a la primera causal, 93 a la segunda causal, y 27 mujeres a la tercera causal. Según estas cifras, ¿Dónde está la horda de mujeres que inventan violaciones para abortar?, muchos de las y los detractores a esta ley señalaban que su aprobación significaría una excusa para que mujeres “inventaran” situaciones ficticias para acogerse a esta causal.

 

Sin embargo, a pesar que las cifras han derribado muchos de estos argumentos detractores, la fluidez en la implementación de esta trascendental ley sigue viéndose obstaculizada. En cuanto a los profesionales objetores de conciencia, existe un alto porcentaje de médicos contratados por el sistema de salud pública que permite abstenerse de realizar la interrupción del embarazo, como Obstetras, Anestesistas, Profesionales no médicos (que se desempeñan en pabellón), y Técnicos Paramédicos (que se desempeñan en pabellón).

 

Un ejemplo de esto, en la provincia de Chiloé, en lo respecta a la causal N°3, que señala interrumpir el embarazo cuando éste sea producto de una violación, son 7 los médicos obstetras, de un total de 19 contratados a nivel provincial, que se declaran objetores de conciencia (https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/).

 

Esta realidad nos recuerda el caso de la niña de 13 años, que en octubre de 2017, debió ser trasladada en avión a Santiago para interrumpir su embarazo, producto de una violación, debido a la negativa de médicos locales de Chiloé a realizar el procedimiento, sumando además la justificación de ausencia de reglamento y falta de insumos en hospitales locales. Este caso fue conocido el 26 de septiembre de 2017, solo tres días después de que se publicara en el Diario Oficial la ley de aborto por tres causales, siendo la primera denuncia vinculada a la nueva legislación que es conocida por el Ministerio Público. En dicho caso la niña contaba con 11 semanas y tres días de embarazo, quedando al límite de tiempo permitido para niñas menores de 14 años, donde la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación.

 

Nos preguntamos y nos preocupa si ¿será posible que todas las niñas, adolescentes o mujeres puedan contar con las mismas posibilidades de acceder a la interrupción del embarazo, en caso de la existencia de algunas de las tres causales, cuando casi la mitad de las y los profesionales de su provincia se declaran objetores de conciencia en casos de violación?, más aún en zonas aisladas, donde no siempre será posible trasladar a los pacientes a centros asistenciales lejanos. ¿Dónde queda nuestro derecho a acogernos a esta ley?

 

Para aportar con más datos, en relación a las regiones con leyes de acceso al aborto restrictivo, en África existen 29 abortos por cada 1000 mujeres y en América Latina son 32 abortos cada 1000 mujeres (Fuente Instituto Guttmacher), mientras que en regiones donde su acceso no es criminalizado, como Europa occidental, las cifras señalan sólo 12 abortos cada 1000 mujeres (Datos Fundación HUESPED).

 

No obstante, consideramos que el aborto en sí no resuelve el problema de fondo, requiriéndose a la brevedad la materialización de espacios educativos donde la sexualidad sea tratada desde la primera infancia, para prevenir abusos sexuales en los espacios intrafamiliares, y/o donde un adulto cercano sea el victimario. En este tema, en Chile el primer abuso sexual se da en promedio a los 10 años y medio, donde sólo en Chiloé en el año 2018 las violaciones aumentaron un 60,7% respecto de años anteriores, liderando estas cifras Castro, seguido por Ancud, Quellón y Dalcahue. (Fuente Encuesta Nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, Subsecretaria de prevención del delito).

 

Por otro lado, ante la existencia de una Ley de la República, se deben dejar de lado dogmas, religiones, prejuicios y moralismos, a la hora de prestar los servicios profesionales por los cuales son contratados los diversos especialistas que intervienen en este tema, de no hacerlo, no podrían entonces ejercer en establecimientos públicos, o en instituciones que reciban aportes del Estado.

 

Sin duda se ha avanzado, y cómo no aplaudir aquello, pero queda mucho aún por hacer, y en esto las organizaciones feministas planteamos demandas por un aborto libre, seguro y gratuito, que nos permita a nosotras, las mujeres, decidir sobre nuestros cuerpos, y liberarnos del espacio de maternidad obligatoria al que hemos sido confinadas por el Estado.

 

En este escenario, la ley que existe es adecuada, pero insuficiente al circunscribirla a tres causales, donde lo demás se castiga judicialmente, y conlleva por tanto que la penalización del aborto libre no elimina su práctica, lo lleva a la clandestinidad, con todo lo que ello implica para vulnerar una vez más el derecho a contar con espacios seguros y legales para ejercer el derecho libre a decidir.