Concesiones mineras en las ciudades, la tierra bajo nuestro suelo tiene otro dueño


Una serie de denuncias en distintas ciudades de la región han aparecido en los medios, mientras vecinas y vecinos miran con asombro la existencia de concesiones mineras bajo las ciudades, se instalan públicamente las alarmas ciudadanas en Puerto Montt, Ancud y Maullín, alarmas que han abierto dudas sobre lo que significan estas concesiones mineras, y que se juega realmente detrás de este hecho.

 

Para comprender lo ocurrido debemos dar cuenta que las concesiones mineras fueron diseñadas lógicamente como un instrumento para el sector minero, parte del engranaje necesario para la supremacía del código minero sobre otros regímenes, y que ha permitido la explotación de bienes naturales como el cobre o el litio por parte del sector privado.

 

Actualmente se ha transformado también en una herramienta para el sector inmobiliario y el sector financiero, quienes han encontrado nuevas posibilidades de negocio, ya sea por la transformación de estos derechos en capital financiero o como especulación inmobiliaria.

¿Cómo llegamos a esto?

 

Este fenómeno que vemos con asombro en la región, es una consecuencia de unos de los pilares del modelo neoliberal instalado por la dictadura cívico-militar, el código minero entra en vigencia en 1983 y permite la separación del suelo del subsuelo, además permite la apropiación del subsuelo por parte del sector privado (esto como parte de un avance en el proceso de privatización y mercantilización de bienes públicos), desde ese momento la tierra bajo el suelo que pisamos pasa a ser también un bien privado, se transforma en una mercancía. El instrumento para hacer esto posible son las concesiones mineras, que son un derecho de propiedad sobre el subsuelo, este instrumento buscaba asegurar la propiedad de la inversión minera y tiene dos clasificaciones según el código minero, de exploración y de explotación.

 

De forma paralela a la implementación del Código minero, se da inicio a la liberalización y profundización del sistema financiero, su desarrollo es fundamental para el nuevo orden económico y social, estos serán algunos pasos que permitirán en la década de los 90 la consolidación del neoliberalismo en Chile, en términos generales el avance del capital financiero ha significado también el avance de mayor acumulación y concentración de las riqueza en Chile y en el mundo, tres décadas después de la puesta en marcha del proyecto neoliberal el mundo se ha transformado en un enorme mercado global, mercado en donde giran millones de mercancías que son transadas todos los días en las bolsas de valores, entre esas mercancías están los derechos de propiedad sobre el subsuelo, las concesiones mineras de exploración o explotación son activos financieros de grandes grupos económicos. 

 

Ahora bien el fenómeno de las concesiones mineras en las ciudades de la región, no está relacionado con la minería sino con el sector inmobiliario, ya sea como apropiación de las inmobiliarias para resguardar su inversión o como la de otro actor que busca detener o extorsionar a las inmobiliarias.

La adquisición de una concesión minera se constituye como una apropiación del subsuelo de miles de personas que viven en las ciudades y que en general no sabe que debajo de lo que están pisando existe un dueño, algo que hace solo 30 años era impensado hoy nos parece anecdótico, la impronta de un grupo muy reducido de chilenos que lucran con la tierra bajo nuestros pies no es cuestionado como algo anormal, como algo que para la mayoría carece de lógica.

 

Es cierto que este hecho puntual, no lo es tanto, existen cientos de concesiones mineras en la región asociadas a empresas mineras, eléctricas, inmobiliarias, forestales, como se ve es algo bastante extendido, pero no se trata solo del hecho en sí, de la concesión y el avance de algún proyecto concreto, se trata también de un cierto sentido común que acepta que todo puede ser una mercancía.

 

Cambiemos la lógica

 

Se ha cristalizado un sentido común, una lógica de mirar el mundo como una mercancía, que ve en todo una oportunidad para ganar dinero sin importar los impactos que produzca, no importa la incertidumbre sobre la vida de las personas, que se suman a la larga lista de dudas; las pensiones, la educación, la salud, pocas posibilidades de vivir una vida digna. Lo cierto es que para un grupo minoritario de personas, una nueva posibilidad de negocio es siempre bienvenida, es siempre una nueva posibilidad de ampliar sus riquezas.

 

La otra cara del neoliberalismo se instala como discusión pública en la región, nos expone que hasta lo que está bajo la tierra que pisamos es una mercancía y que unos pocos pueden hacer con ella un negocio lucrativo. 

 

Sin embargo, la esperanza de que esto esto puede ser diferente, que no necesitamos que el lucro se imponga por sobre nuestra vidas está en esas pequeñas rupturas; un rechazo, un malestar, una intuición que las cosas no están bien, que no es razonable que alguien haga negocios con ciertas cosas y que se adueñe de todo , una señal que es otra cosa lo que queremos, que no necesitamos que alguien sea dueño del subsuelo y pueda con ello hacer negocios a costa nuestra.

Carabineros, necesitamos un cambio estructural y subordinación al poder civil

Por Luis Humberto Ruiz Subiabre

Estas semanas un boomerang ha golpeado el corazón mismo del Gobierno, la defensa de la autonomía de las FFAA y Carabineros ha sido la bandera de lucha de la derecha desde inicios de la democracia, el presidente Piñera al no tener las herramientas institucionales para echar al General director de Carabineros solicita su renuncia y envía un decreto fundado enviado al parlamento a la espera de su ratificación, esto deja muy debilitado al Gobierno y en especial al Ministro del Interior Andrés Chadwick.

El cambio de General Director de Carabineros, la salida de Hermes Soto y la entrada de Mario Rozas, evidencia la nula capacidad de control por parte del poder civil sobre la institución policial y FFAA, mientras varios ex-personeros de la Concertación y Nueva Mayoría exponen hoy la situación de total autonomía con que opera la institución de carabineros y que sigue con una institucionalidad construida en Dictadura, la derecha en el Gobierno choca brutalmente con algo que ellos mismos han creado y defendido, la autonomía de la fuerza militar y policial de este país y su rol en el marco de la democracia chilena.

Dos cosas asoman con mucha claridad, por un lado la falta de voluntad política que tuvieron los gobiernos de la Nueva Mayoría y Concertación de hacer una cirugía mayor en la institución y por otro la dura oposición de la derecha a cualquier cambio que permita llevar adelante esta necesidad.

Tras el retiro de Hermes Soto se van 10 Generales, en total 52 durante este año, asume quien fuera Edecán de Sebastián Piñera en su primer Gobierno, el ahora General Director de Carabineros Mario Rozas. Tras la medida no cambia en nada el problema estructural de una institución que ha tenido una sola reforma cosmética post dictadura durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

Cuando hablamos del problema estructural hablamos de una institución profundamente clasista en su estructura con división de oficiales y clase, ha generado en su interior grupos organizados que se han aprovechado del poco control por parte del poder político para enriquecerse, esto se ha expresado crudamente en el caso pacogate en donde una organización de oficiales ha desviado millones de pesos a sus bolsillos, una policía orientada a la persecución del enemigo interno, hacia la represión evidenciada dramáticamente en el wallmapu pero también en los intentos de la sociedad civil por organizarse en función de demandas y cambios sociales, además este último año ha quedado expuesta las sucesivas mentiras de la institución  encubriendo a las situaciones de violencia desmedida sino también el pago a carabineros que nunca existieron en el caso carabineros fantasmas.

La situación detona con el asesinato de Camilo Catrillanca dando pie a movilizaciones en todo el país en repudio a lo ocurrido, en el caso, carabineros y el Gobierno muestra un actuar errático ocultando información por parte de quienes ejecutaron la acción por imposición de sus superiores, a la fecha no sabemos quién dio la orden de disparar ni quienes son parte de los que ocultaron información, luego de un mes de lo ocurrido salen las pruebas que evidencian la mentira e intento de defensa corporativos, haciendo insostenible el mando de Hermes Soto y dejando fuertemente debilitado al Ministro del Interior Andrés Chadwick. El Gobierno que se había mantenido al margen en un comienzo sale a dar explicaciones y toma medidas parche, manteniendo a carabineros en la comunidad de Ercilla y pasado más de un mes se toma la decisión de retirar a carabineros del sector pero poniendo en su lugar a la PDI, todo el proceso deja una estela oscura de impunidad frente al asesinato del comunero.

La sociedad civil incuba un profundo malestar con un régimen de baja democracia de corrupción generalizada de la institucionalidad, estamos ante una oportunidad de subordinar a carabineros al poder civil y reestructurar una institución que guarda en su interior la cultura de la Dictadura, la salida por el cambio estructural de carabineros pasa por reorientar la dirección de estos mismos hacia la prevención en donde el contacto con la gente es fundamental dándoles una vocación de servidores públicos, además un sistema de escalafón único que de cuenta del mérito dentro de la institución que rompa con los clanes familiares internos que siempre han estado en la parte alta de la institución y que han generado una tremenda división de clases en su interior.

De la crisis salmonera a la crisis de Quintero y Puchuncaví, los límites del modelo

Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia.

Pero tal vez las cosas sean diferentes. Quizá las revoluciones sean la forma

en que la humanidad, que viaja en ese tren, acciona el freno de emergencia”

Walter Benjamin

 

Por Luis Humberto Ruiz Subiabre

 

La última década ha estado marcada por una serie de estallidos locales, donde las comunidades se enfrentan a procesos de acumulación extractivos, hemos y estamos enfrentados los límites del modelo neoliberal, el conflicto se ha instalado en nuestras comunidades y además estos conflictos se han multiplicado a lo largo del país.

 

En el neoliberalismo los procesos de acumulación son principalmente de carácter financiero, es así como la inversión está orientada al control de derechos de todo tipo, en algunos casos serán compras de acciones en otras por ejemplo, serán compras de concesiones marinas, costeras, derechos de agua, etc. (lo que podríamos entender como privatización de bienes públicos), en ambos casos estas serán traducidas en los mercados financieros en una acumulación rápida, este proceso es parte del problema estructural del modelo, quienes obtienen más a través de estos procesos son quienes pueden acumular más y a través de la financiarización de la economía ahora pueden hacerlo más rápido.

 

En este marco, lo que hace una década eran conflictos aislados y controlados mediáticamente desde el Gobierno de turno, han devenido en una serie de estallidos sociales ampliamente cubiertas por los medios locales, nacionales y principalmente en redes sociales, así ha pasado con lo ocurrido en Chiloé el 2016 y la actual situación que vive Quintero y Puchuncaví, no se puede tapar el sol con un dedo: el modelo neoliberal está llegando a un límite, esto no quiere decir que se termine con la injusticia sino más bien una ventana para pensar un nuevo modelo que nos hable de la justicia social y que ponga en el centro la vida.

 

Cambia todo cambia, la necesidad de una nueva institucionalidad

 

La participación de la sociedad civil en los proyectos de inversión y regulación de las industrias han se han transformado en un obstáculo para la inversión extractiva, las comunidades han aprendido en todo este proceso que la necesidad de organizarse en función de la defensa del espacio territorial y usar las escasas (y débiles) herramientas institucionales para defenderse,….

 

Desde los grupos empresariales el mantra del crecimiento económico es invocado una y otra vez, pero tras más de 3 décadas el modelo ha demostrado que no aumenta la calidad de vida de sus habitantes y que más bien solo ha ido generando acceso al consumo, prefigurando un ideal de progreso autodestructivo y que nos deja sin alternativas posibles para pensar otra sociedad que ponga por delante el derecho a la vida digna de las personas.

 

Mientras las comunidades miran perplejas el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades, la inversión avanza en cada rincón de nuestro país intentando capitalizar todo a su paso, en contraposición la sociedad civil en su conjunto han dado cientos de pequeñas luchas, vecinos, activistas, dirigentes sociales han defendido el derecho a una vida decente, con esfuerzo, convicción y desgastes enormes han comprendido el entramado institucional y la necesidad de organización local para poner trabas y defender el territorio.

 

Lo vimos en mayo del 2016 en donde la saturación de la industria salmonera ha llevado al colapso marino de un vasto maritorio del sur de Chile, el punto de inflexión fue una nunca antes vista floración de marea roja y el vertimiento de 5.000 toneladas de salmones descompuestos frente a las costas de Chiloé, en reacción a esto un estallido social como no se había visto, las comunidades organizadas toman control territorial por 15 unos días desplazando a la institucionalidad (aunque solo sea por unos días), estas semanas las comunidades de Quintero y Puchuncaví se encuentran en un conflicto con el cordón industrial (conflicto que se ha mantenido desde al menos 50 años y que se ha ido agudizando progresivamente sin mayor interés de aquellos que han gobernado Chile de vuelta de la democracia), un nuevo estallido y una movilización que ha durado semanas, la gota que rebalsó el vaso es una serie de casos de intoxicación afecta niños de la comunidad, nuevamente un estallido social demandando el derecho a tener derecho a vivir.

 

Estos pueden ser casos emblemáticos pero el Chile actual tiene cientos de ellos, muchos menos dramáticos y terribles, lucha contra mineras, forestales, salmoneras, contra la instalación de vertederos, criaderos de cerdos, malls, hidroeléctricas, por nombrar algunos, lo cierto es que la sociedad civil ha aprendido a defenderse, esa defensa se traduce para los capitales que buscan una inversión rápida en retrasos más allá de sus planificaciones y como consecuencia una mayor inversión para su aprobación.

 

Estamos en un momento de transición, una institucionalidad cuestionada que se ha ido deteriorando rápidamente, los últimos años ha quedado expuesta un entramado de poder que sustenta la desigualdad estructural de nuestra sociedad, la institucionalidad chilena ha sido diseñada para generar un nuevo bloque de poder, los pilares sobre los que se sostiene son entramados institucionales que facilitan la acumulación de capital, así durante la dictadura militar se consolidan los nuevos grupos económicos, los Luksic, Matte, Angelini, Piñera, Paulmann, Ponce Lerou, Yarur, entre otros que en un contexto de neoliberalismo globalizado se han transformado y fundido con los grandes grupos transnacionales.

 

Para sobreponerse el modelo necesita generar una nueva institucionalidad, que reduzca los costos de inversión, así es como el aterrizaje de Sebastián Piñera en la Moneda tiene como uno de los principales objetivos impulsar una Agenda Pro-Inversión y una serie de modificaciones a la institucionalidad que permitan una “inversión más expedita”, lo cual resta aún más poder a las comunidades frente a la arremetida de los capitales, estamos entonces frente a un nuevo avance del neoliberalismo.

 

La generación de una alternativa, hoy más que nunca se hace necesario, en un momento histórico en donde los límites de la tierra son evidentes, para quienes pensamos que otra sociedad es posible, una salida política significa un nuevo marco que ponga en el centro a las personas y la vida, pero además para que esto sea posible y una opción política no termine solo administrando el modelo, una cultura y ética que sustente el accionar de este proyecto político en función del Buen Vivir de la sociedad en su conjunto y no de sectores privilegiados.