Essal serían los responsables: Se descubre origen de la contaminación en  playa Fátima, Ancud

Essal serían los responsables: Se descubre origen de la contaminación en playa Fátima, Ancud

Essal por éstos días se encuentra “con el agua hasta el cuello”. Luego del derrame de petróleo que ocurrió en el sistema de agua potable de Osorno, y que obligó a cortar el servicio a miles de familias afectadas. Luego de esta “catástrofe” ambiental, los medios de comunicación han puesto el ojo en la empresa, enfocándose en su negligente actuar, descubriendo que Essal es la empresa de servicios sanitarios en Chile más multada en los últimos 5 años.

“Un promedio de 1,94 sanciones por cada 10.000 clientes es la tasa de multas que ha tenido la empresa sanitaria Essal, en un período de cinco años hasta la fecha. Este dato la convierte en la compañía de servicios sanitarios más multada de Chile, cosa que al parecer no mejorará a futuro.”, consignó el Desconcierto.

Contaminación en Ancud y un Informe Lapidario

A fines de marzo se entregó una denuncia en Fiscalía para investigar origen de malos olores en en la comuna de Ancud, esto ante la presencia de un fuerte hedor en el ambiente. Ya en abril se cerró temporalmente un sector de la bahía de Ancud de manera preventiva, por presencia de coliformes fecales y se pidió una investigación a la Contraloría.

En ese entonces la compañía emitió un comunicado donde descartaban la presencia de coliformes fecales, atribuyendo los olores a algas. “Un estudio elaborado por la consultora Enviro Métrica TSG a petición de Essal, determinó que no existe presencia de coliformes fecales por sobre la norma en la Bahía de Ancud. El análisis se efectuó el 5 de abril y determinó que las 19 muestras tomadas en distintos puntos de la zona no evidencian presencia de coliformes. También indican que los análisis cercanos al Colegio Chiloé arrojaron que no perciben olor atribuible a la presencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

No obstante, un estudio realizado por la Seremi de Salud en Los Lagos , donde se le atribuye responsabilidad a la cuestionada empresa sanitaria. El nuevo estudio, detalló que parte de los coliformes fecales encontrados provenían de estas instalaciones, con niveles que sobrepasan los 16 mil por cada 100 mililitros de agua.

Según se describe en el documento presentado por el Ministerio Público, la operación de la planta de tratamiento introdujo y propagó bacterias y microorganismos como coliformes fecales, todo lo cual habría causado fragilidad al ecosistema del afluente y ambiente anóxico, efectos que se evidenciaron a casi tres kilómetros aguas abajo del punto de descarga.

“La contaminación antes descrita ha provocado la muerte de peces y de animales vacunos que bebían de sus aguas por enfermedades digestivas, metabólicas e intoxicación, a consecuencia de lo cual, actualmente, es imposible el aprovechamiento del agua del afluente para el consumo humano y animal”, se indica en el documento.

“Que se hagan responsables”

Jenny Maldonado Ulloa (42) es Presidenta del Centro General de Padres del Colegio Chiloé de Ancud, denunció esta problemática públicamente luego de que la contaminación de la playa fátima, afectara a la comunidad educativa de Colegio Chiloé, ocasión en la cual 8 alumnos fueron derivados a centros asistenciales. Además, la situación se volvió un problema para toda la población Goleta de la comuna de Ancud, en donde más de 800 personas vivieron pésimas condiciones sanitarias.

Los antencedentes anteriores motivaron a que “destapara la olla” de la crisis sanitaria que atraviesa dicha comuna. En ese momento (abril 2019) no tenían las pruebas que responsabilizaran a la empresa Essal. Ahora que ya se hizo público la responsabilidad de la empresa, Jenny emplaza a la empresa hacerse responsable de sus actos negligentes.

“Essal deberá hacerse responsable de las consecuencias que arroja este informe definitivo, ya que en un momento ellos se desmarcaron totalmente como responsables y hoy el documento nos demuestra lo contrario”.

La presidenta del centro de padres del colegio Chiloé de Ancud plantea sus dudas respecto al rol asumirá la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quienes negaron anticipadamente que Essal fuera responsable en esto. ¿Qué rol realmente cumplen?, ¿ fiscalizan realmente que la empresa Essal este haciendo bien las cosas o hacen vista gorda de ciertos asuntos como en esta oportunidad?, ¿ podemos confiar en que están haciendo la pega ?, finaliza.

Sobre el proyecto de ley que blanquea la contaminación costera de la acuicultura industrial…

Sobre el proyecto de ley que blanquea la contaminación costera de la acuicultura industrial…

COMENTARIOS Y PROPUESTAS SOBRE PROYECTO DE LEY QUE BLANQUEA LA CONTAMINACIÓN COSTERA-MARINA DE LA ACUICULTURA INDUSTRIAL, EN EL MAR INTERIOR DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOÉ Y LAS REGIONES PATAGÓNICAS DE CHILE

Orden alfabético de Autores: Haydée Aguila (1), Rosa Aguila (2), David Alday (3),Tarsicio Antezana (4), Julien Armijo (), Paulino Coker (5), Gino Bavestrello (6,7), Jorge Belmar (8), Pedro Busta-mante (9), Tamara Contador (10,11), Cosme Caracciolo, (6), J.Carlos Cardenas (12), Johnatan Farah (13), Pablo González (14), Daniela Gumucio, (15), Eric Huaiquil (16), Hector Kol (17,18), Alvaro Montaña (19), Alejandro Nunez (20), David Nuñez (20), Constanza Portus (10), Marcela Ramos (21), Guido Soto (17), Susane Steiger (22); Loreto Vasquez (23), J.Carlos Viveros (19)

(1) Comunidad At’ap; (2) Comunidad Residentes en Rio Primero; (3) Comunidad Yagán de Bahia Mejillones; (4) Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura (Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura (ADAC Chiloé); (5) Frente de Defensa Ecológico Austral; (6) Coordinadora Nacional Dignidad Pesca Artesanal; (7) Federación Pescadores Artesanales de Corral; (8) Agrupación Ex-Pescadores Artesanales (EPA Teupa-Terao); (9) Ecochiloé; (10) Movimiento Territorio Yagán Sin Salmoneras; (11) Comité Cultural de Puerto Williams; (12) Ecoceanos; (13) CODEMA Chonchi; (14) Pyme Innovación; (15) Agrupación Aytue Huillinco; (16) Comunidad Grupos Familiares Nómades del Mar; (17) Comité del Defensa del Borde Costero, Puerto Montt; (18) Comité de Defensa del Borde Costero Calbuco Emergente; (19) Defendamos Chiloé, (20) Consorcio TICCA; (20) Colo-quios del Cambio Climático de Tierra del Fuego; (21) Movimiento Chiloé Ta Privao; (22) Junta Vecinal 30 Dumestre Puerto Natales; (23) Agrupación Ciudadana Ultima Esperanza Puerto Natales.


Introducción

Por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que modifica la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura (LGPA), con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas (Boletín 12.500).

Es interesante el intento parlamentario de dar una salida pactada al empresariado de los cultivos marinos frente a los destructivos y acumulativos impactos en los ecosistemas y la biodiversidad marina-costera de nuestro país, qué vienen generando desde hace décadas. Esto sucede en momentos en que los diversos organismos reguladores del Estado desconocen, tanto el volumen real de las emisiones de deshechos inorgánicos (plásticos, boyas, redes, estructuras y tensores metálicos, entre otros), provenientes de los centros de acuicultura a nivel nacional, así como sus impactos ecosistémicos, sanitarios y ambientales, los que no han sido cuantificados ni evaluados de manera integral.

Frente a esta propuesta legislativa inconsulta, las organizaciones ciudadanas, comunidades costeras y de pueblos originarios de las regiones costeras de la Patagonia, queremos expresar nuestras visiones y propuestas, señalando:

1.Inexistencia de participación informada de la ciudadanía y comunidades locales organizadas

-  Los parlamentarios representantes de las regiones costeras donde opera la acuicultura industrial intensiva en Chile, o aquellos que son parte de las comisiones de pesca y acuicultura, debieron mostrar interés en consultar ,informar y escuchar las propuestas de las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, comunidades costeras y pueblos originarios vinculados a la defensa del medio ambiente, la biodiversidad acuática y el patrimonio cultural. Sin embargo ello no sucedió, habiendo sido socializado el texto del proyecto de ley con los miembros del empresariado acuícola.

2.Ignorancia conceptual sobre los procesos de contaminación acuícola industrial. 
-  El proyecto de ley posee preocupantes ambigüedades y errores conceptuales, tal como el hecho que los legisladores suponen, que las actividades productivas de la acuicultura intensiva no provocarán efectos adversos “significativos” para el ambiente, según lo señale el mismo titular solicitante de un permiso ambiental al presentar una simple Declaración e Impacto Ambiental como instrumento de evaluación de un proyecto de acuicultura, para eludir, asi, el Art 11 letra (b) de la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente.

-  En la lógica de una acuicultura intensiva que busca maximizar sus producciones y ganancias en el corto plazo, no parece funcional la aplicación de criterios precautorios que eviten altos niveles de contaminación del borde costero, fondos marinos, cambios en la composición química del agua de mar, y en la composición de las comunidades biológicas, ademas de la generación de ambientes anaeróbicos, productos de masivos y progresivos vertimientos de contaminantes al medio acuático.-

La propuesta legislativa considera sólo en la etapa inicial, la remoción de los sedimentos “orgánicos” (fecas , “pellets” en descomposición) que son los que tienen un impacto eco-sistémico mas funesto, al estar asociados a procesos de eutroficación (eutrofización), que generan ambientes acuáticos anaeróbicos, y posibilitan la formación, intensificación y man-tenimiento de los “blooms” algales nocivos y tóxicos, denominadas popularmente mareas rojas.

(JPEG)

3. Blanqueando la violación del artículo 136 de la LGPA

-  Esta iniciativa parlamentaria es la respuesta burocrática a las denuncias y presiones de la ciudadanía organizada, comunidades locales, pueblos originarios y científicos independientes, frente a la continua violación del artículo 136 de la LGPA, el cual sanciona la introducción al medio acuático de “agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños”.

-  Con ello, los legisladores intentan dar una salida administrativa protegida a los titulares de concesiones de acuicultura que han violado sistemáticamente desde el 2013 el artículo 136 de la LGPA, y sus propios compromisos adquiridos con los servicios de evaluación ambiental cuando se les otorgo sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental.

-  Este proyecto de ley es laxo, y “carece de dientes” para aplicar el artículo 136 de la LGPA, ya que sólo exige a los titulares de las concesiones que retiren los deshechos inorgánicos que estuvieran “bajo sus concesiones”, bajo la amenaza de ser sancionados con la “suspensión de sus operaciones”, si no lo hacen dos años después de publicada la ley en el Diario Oficial. Surge la duda sobre cuál será la capacidad real de monitoreo estatal del retiro de estos contaminantes, su destino final y las sanciones a aplicar.

4. Transfiriendo el rol y las responsabilidades del Estado al sector acuicultor privado

-  El proyecto parlamentario establece que los titulares de concesiones de acuicultura, -o quien tenga un derecho sobre dichas concesiones-, deberán adoptar medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión y no prohibe el vertimiento. Al constatarse la existencia de desechos inorgánicos en el fondo marino de la concesión, se deberán realizar inmediatamente los trabajos de limpieza en el plazo que fije el regla-mento, “sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes”.

-  Luego indica que los desechos inorgánicos se deberán transportar y disponer con los me-dios y en los lugares autorizados por la normativa vigente.

-  El proyecto establece que se deberá presentar un Plan de Recuperación y otro Plan de Investigación del fondo marino en el área de la concesión ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), los que deberán cumplir con lo establecido en el referido reglamento.

-  La remoción de la contaminación es cambiada por la sola exigencia legal y de carácter administrativo de que el titular de la concesión presente ante el Sernapesca un plan de recuperación que establezca el empleo de aparatos, o métodos / mecanismos físico, químicos o biológicos, para “mejorar las condiciones del área de sedimentación”, permitiendo que “se acelere” “la incorporación” de la materia orgánica al ambiente (sic),

-  De esta manera al reemplazar la eventual remoción de los restos orgánicos (lo cual debiera ser estudiado y abordado con rigurosidad científica), por la mera presentación de un plan de recuperación, se busca blanquear la situación de los titulares de las concesiones ante las actuales evidencias de contaminación de fondos marinos, que los expondrían a las sanciones por violación del Art. 136 de la LGPA y de las Resoluciones de Calificación Ambiental que permitieron el funcionamientos de sus proyectos.

-  El plan de investigación destinado a los titulares de las concesiones, tiene por objeto el estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos, cuyos resultados deberán ser entregados al Sernapesca para mejorar los planes de recuperación.

-  El traspaso de responsabilidades desde el ámbito público al sector privado, debilita el papel del Estado en la generación de conocimiento e información sobre de la estructura, funcionamiento y los cambios acumulativos que han sufrido y sufren los ecosistemas y biodiversidad costera afectadas por los vertimientos de residuos industriales, y permite como “bonus track” , el blanqueamiento de la huella ambiental de la acuicultura industrial en los ecosistemas acuático-costeros del Sur de Chile.

-  La experiencia nos enseña que en la realidad existe la amenaza de que las empresas de cultivos marinos entreguen información falsa al Estado y a los mercados (e.g. Nova Austral y la entrega de falsos indices de mortalidad de peces por enfermedades y de empleo de antibióticos en Magallanes, Junio, 2019). Mas aun los Informes Ambientales (INFAs) que los titulares de concesiones deben entregar al terminar un ciclo productivo pueden ser, y se han identificados muchos de ellos como falsos desde 2016.

-  El proyecto de ley debilita el papel del Estado como ente fiscalizador que monitorea y evalúa los procesos de contaminación marina, traspasando a los propietarios privados, titulares de dichas concesiones (individuos, empresas, inversionistas y compañías transnacionales), su responsabilidad constitucional de proteger los ecosistemas costeros,- sistemas biológicos abiertos y frágiles, virtualmente desconocidos, en cuanto a su estructura y funcionamiento-, éstos tendrían la responsabilidad de recuperar, en la medida de lo posible, las áreas sedimentadas bajo sus cultivos, a la vez de investigar el estado de los fondos marinos bajo sus concesiones acuícolas. Sin embargo no existiendo estudios de linea base ni de capacidad de carga no existirá indicadores apropiados que permitan reconocer una “recuperación” ni del fondo ni de las comunidades biológicas después de haber generado las condiciones anaeróbicas.

5. Visión reduccionista para un grave y complejo problema ambiental

-  La propuesta legislativa es reduccionista y carece de sustento científico desde el momento que las concesiones acuícolas, que son parcelas de diversas superficies, operan dentro de ecosistemas marinos interconectados. Al verter permanentemente grandes volúmenes de contaminantes o en vías de sedimentación, esta materia en suspensión se desplaza a cientos o miles de metros de distancia y a mas de 100 m de profundidad, por efecto de las corrientes de marea, y otros procesos físicos, según sea la batimetría y topografía de las cuencas hidrográficas, estratificación de la columna de agua, y la dirección y fuerza de los vientos, entre otros factores.

-  Los legisladores presumen que la contaminación sólo se restringiría al fondo de cada con-cesión acuícola, con lo que dejan confinadas las responsabilidades legales de los titulares a dichas reducidas áreas. Con ello, aprovechan de naturalizar la lógica comercial existente en el accionar de los titulares de las concesiones, los cuales utilizan el medio marino como vertedero para reducir y transferir sus costos de producción al medio ambiente.

-En este proyecto de ley, sorprende el hecho que solo se refiere a los cultivos de “especies exóticas”, excluyendo a las concesiones de cultivos de especies endémicas, las que por sus altas densidades, son activas generadoras de ambientes anaeróbicos, y comparten con la salmonicultura industrial intensiva, muchas de sus agresivas y destructivas prácticas am-bientales, sanitarias y sociales contra el ambiente, la sociedad, y la cultura de Chiloé y la Patagonia

6. Falta de aplicación del enfoque ecosistémico y el criterio precautorio

-  El proyecto de ley supedita la aplicación del enfoque ecosistémico y del criterio precautorio, a su matriz individualista y reduccionista, en el que cada titular de concesiones acuícolas (empresas), solo elimina sus residuos en el área confinada bajo su concesión acuícola, no existiendo quien asuma y controle los complejos efectos dispersivos y sumatorios de la contaminación sobre las comunidades planctónicas y bentónicas.

-  Importante es señalar que la “huella ecológica” de un centro de acuicultura puede extenderse a lo menos a un área 10 veces mayor al de la superficie de la concesión acuícola.

Nuestras exigencias y propuestas

-  Considerando que las actividades de la mega industria de acuicultura destinada a la expor-tación, se realizan entre las regiones del Bío –Bío y Magallanes, generando ingresos que superan los 5.000 mil millones de dólares anuales (ca. US$ 5 billones), y que a pesar de lo anterior la región de Los Lagos /archipiélago de Chiloé es una de las tres más pobres del país, y con el mayor deterioro de sus ecosistemas costeros, por el accionar industrial

-  Teniendo en cuenta que este proyecto de ley debilita la obligación constitucional del Estado de Chile de sus acciones de evaluar, monitorear, fiscalizar e investigar las características y situación actual de los ecosistemas marino-costeros del país, afectados por los procesos de sobrecarga orgánica, los que a su vez gatillan procesos de eutroficación y de “blooms” algales, de devastadoras consecuencia para la vida marina, la economía y la sociedad costera del Sur de Chile

-  Rechazando que la aprobación de los planes de recuperación y su fiscalización, sean entregados a la misma institucionalidad acuícola gubernamental que ha demostrado escasa voluntad política, e ineficiencia para aplicación la LGPA, y conservar el patrimonio sanitario y ambiental de los frágiles y desconocidos ambientalmente archipiélagos de Chiloé y Patagonia chilena, proponemos:

-  1) La construcción de una amplia alianza ciudadana, social y cultural que: a) Informe, ana-lice y proponga medidas para la acción en defensa de la vida en nuestro mar, b) Controle y fiscalice el accionar de los agentes del Estado vinculados al sector acuícola, los parlamenta-rios y la industria acuícola en el Sur de Chile, c) Implemente acciones para la recuperación de los fondos marinos de los ecosistemas de los archipiélagos de Chiloé y Patagonia, d) Reexamine la caracterización y ubicación de las denominadas Areas Aptas para la Acuicul-tura (AAA), de acuerdo al deterioro existente y la experiencia adquirida en cuanto a la asignación de concesiones, fiscalización y malas prácticas, y e) Establezca una historia o registro ambiental y sanitario de las compañías de acuicultura industrial intensiva que operan en aguas chilenas.

-  2) La detención del no transparente y viciado proceso de expansión territorial de la mega industria acuícola, -principalmente en territorios de comunidades indígenas y Sur de la Patagonia-, bajo un creciente control transnacional noruego, japonés, chino, canadiense y alemán, la que destina en un 98% su producción total a la exportación

-  3) La caducidad de las concesiones acuícolas que violando la ley general de pesca y acuicultura, y las normativas ambientales, sanitarias y para la acuicultura; presenten fondos anaeróbicos, o existencia de deshechos inorgánicos, reforma legislativa que tener atención y tramite de urgencia.

-  4) La creación del Instituto de Ciencias del Mar y la Cultura en Chiloé, con un núcleo permanente y de dedicación exclusiva de expertos de excelencia con sede en el archipiélago, dotados de recursos humanos, financieros y logísticos que aseguren la integración disciplinaria requerida para la investigación científica del ecosistema marino y de la sociedad y cultura insular. Este grupo multidisciplinario de investigadores nacionales e internacionales, sobre la base de un accionar independiente de la industria, debería abordar la investigación del ecosistema y los problemas derivados de los impactos de la acuicultura industrial, en especial los estudios de línea base actualizados, la evaluación de la contaminación ambiental, de las capacidades de carga y asimilación de las aguas del archipiélago de Chiloé hasta las regiones mas australes de la Patagonia

Isla Guafo: Comunidades Lafkenche de Quellón exigen al Estado detener la venta de la Isla y que sea área protegida

Isla Guafo: Comunidades Lafkenche de Quellón exigen al Estado detener la venta de la Isla y que sea área protegida

 

⦁ Organizaciones sociales ven una victoria en la defensa de Isla Guafo, tras que a comienzos de Julio la prensa nacional diera a conocer que los empresarios Danús y Fontaine venden 40% de Isla Guafo. Tras abrir el proceso de venta, no existe claridad sobre el futuro del proyecto que afectaba a la isla, esto dado que alrededor de un 30% se mantiene en manos del Grupo económico Von Appen.

La Asociación de comunidades Lafkenche de la comuna de Quellón ha señalado a través de un comunicado público exigen la detención de la venta de la Isla y que se establezca un área protegida tanto terrestre como marítima para la biodiversidad que permita la conservación y su uso sustentable bajo una administración comunitaria.

Créditos fotográficos: Mateo Barrenengoa

 

Isla Guafo se encuentra A 40 kilómetros de Quellón, en una zona de transición entre la Corriente de Humboldt y la Corriente del Cabo de Hornos, lo que la convierte en un área de enorme biodiversidad, un sitio de gran relevancia para la conservación, un ecosistema único como es el del archipiélago, en el habita la colonia más grande del mundo de Fardelas Negras, lobos marinos, lobos finos, elefantes marinos, ballenas azules, ballenas jorobada, ballenas franca, ballenas fin, orcas, entre otras especies.

El itrofil mongen (biodiversidad) se ha conservado desde tiempos inmemoriales con la presencia humana en distintas épocas del año, haciendo de éste, un espacio de uso compartido desde nuestros ancestros Chono y actualmente Williche-lafkenche, pescadores artesanales, buzos mariscadores, y usos como el científico y turístico. Por lo que su conservación es una prioridad desde el diario vivir de los distintos seres que lo habitan así como para las personas que hacen de la isla una fuente de trabajo sustentable al lograr la coexistencia humana como parte constituyente del itrofil mongen.

Pero no solo el trabajo es lo que nos une a este espacio sino una relación espiritual que se ha mantenido a través de los relatos de la gente de mar y que invitan cada temporada a nuevas personas a realizar este viaje hacia el sur-weste. Ésta estrecha relación se ha visto amenazada por los intereses de grandes empresarios como Rodrigo Danús y Paul Fontaine quienes tras desertar del proyecto de explotación de carbón de la Isla, hoy la ponen en venta sin considerar a las personas que mantenemos una relación de vida con nuestro territorio, sostienen las comunidades.

 

Lucha territorial

Tras conocerse públicamente el interés de desarrollar un proyecto minero, diferentes organizaciones y comunidades de la comuna de Quellón y de Chiloé han manifestado su rechazo e interés de resguardo para fines de conservación y desarrollo de actividades económicas tradicionales y de bajo impacto. La constante labor de exponer la importancia de la Isla para sus habitantes, y para Chiloé no ha sido una tarea sencilla, es otra parte de la lucha que han dado las comunidades locales con el fin de defender su forma de vida, su espacio vital y las posibilidades de una buena vida.

“Es por todo esto que declaramos a la opinión pública que reivindicamos nuestro legítimo derecho a que Isla Guafo continúe siendo un espacio donde tengan cabida los usos consuetudinarios, colectivos y de conservación de la biodiversidad”, afirma el comunicado.

 

Además, el documento señala que “emplazamos al Estado de Chile a través de su institucionalidad a detener la venta de la isla y anunciamos que no permitiremos otras actividades o proyectos en la isla sin el consentimiento de las comunidades y pescadores artesanales. Exigimos establecer el mecanismo de generar un área protegida tanto terrestre como marítima que permita la conservación de manos del uso sustentable de recursos naturales (pesca y buceo) y cuya administración sea comunitaria”.

AquaChile serían los responsables: “Bodegas abandonas en Quellón están contaminando la costa marina”

AquaChile serían los responsables: “Bodegas abandonas en Quellón están contaminando la costa marina”

  • Juan Mansilla Gallardo, vocero de la Comunidad Indígena Piedra Blanca, denuncia que existen bodegas de la empresa AquaChile abandonadas en el Canal Coldita, comuna de Quellón. Los ‘container’ estarían contaminado la costa marina con el óxido que generan, lo que afecta al medio ambiente, a la comunidad indígena y los pobladores que realizan recolección artesanal de mariscos en las costas.

Desde el año 2013 que las instalaciones pertenecientes a la empresa AquaChile están ahí. “Cuando la industria dejó de producir salmones, usó el espacio como bodegas para su misma concesión” afirma el vocero de la comunidad indígena. Lo importante para la comunidad es que den una respuesta frente a las malas condiciones que se encuentran las bodegas. “No se han preocupado de restaurarlas ni de pintarlas, los ánodos de zinc de gastaron por lo tanto no tienen protección frente al oxido”, señala el werken.

Frente a esta negligencia se le envió una carta al Sub Secretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla , en la cual se detallaba la problemática. Dicho documento no tuvo respuesta por parte de la autoridad. “Le dejé hasta mi correo electrónico, por ultimo que respondiera algo…” agrega. Por parte de las demás autoridades ambientales, tampoco hubo respuesta. La única institución que los atendió fue Capitanía de Puerto de Quellón, a través de su capitán, Cristobal Bernat Armijo, con quien se reunieron y aclararon varias dudas.

“Nos dijeron que dentro de la concesión que posee la empresa Aqua Chile, ellos están autorizados (legalmente) para poder hacer ésto. Son las autoridades ambientales las que tienen que fiscalizarlos   y ver las responsabilidades que tendrían debido a las malas condiciones en las que se encuentran las bodegas”.

El sector del Canal Coldita pertenece a una ECMPO, el cual son espacios marinos delimitados, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que han ejercido el uso de dicho espacio constatado por CONADI.

Álvaro Montaña denuncia concesión minera en la ciudad de Ancud

Álvaro Montaña denuncia concesión minera en la ciudad de Ancud

 

  • La organización Defendamos Chiloé denuncia públicamente a la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A,  tras presentar al Sernageomin una solicitud minera de explotación en la ciudad de Ancud, la cual se encuentra en estado de tramitación. Advierten que la empresa se instalaría en el pleno cerro Huaihuén,  un lugar rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

 

El aumento exponencial de las concesiones mineras en el Archipiélago de Chiloé durante los últimos años, ha sido una preocupación permanente para las organizaciones sociales y la ciudadanía en general de Chiloé, que ven el fantasma de la minería un peligro permanente. Defendamos Chiloé ha puesto en la agenda local el tema. Uno de sus miembros, el geógrafo Álvaro Montaña, ha monitoreado permanente el estado y avance de las concesiones mineras en el territorio chilote. La última novedad fue el descubrimiento de una solicitud en medio de la ciudad de Ancud, tras lo cual denuncia públicamente los impactos y problemas que traería a la comuna.

La solicitud fue ingresada Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por  la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A. Se trataría de un tipo de «explotación» minera, que se ubicaría en pleno cerro Huaihuén, en medio de la ciudad de Ancud que si bien no está en el centro de la ciudad,sin embargo el lugar  está rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

Sobre el tipo de concesión, Álvaro comenta que “se trata de una concesión minera de explotación, las cuales son a perpetuidad y caducan solamente si se dejan de pagar las contribuciones u otras causales de este tipo”. Además el geógrafo al referirse al uso explica que “Muy probablemente esta concesión minera que se entregaría no es para fines mineros sino que buscaría asegurar para siempre la propiedad del subsuelo, esto dado que el código de minería y la constitución vigente establece que la propiedad minera del subsuelo es diferente a la propiedad de la tierra”.

En cuanto a las implicancias que tendría la solicitud, “se provocaría efectos jurídicos y conflictos legales entre los dueños de la tierra que quieran desarrollar proyectos, actividades que impliquen una remoción del suelo, provocando conflictos con los dueños del subsuelo”.

Por último desde Defendamos Chiloé remarcan la gravedad de esta situación y hacen un llamado a las autoridades y la ciudadanía a manifestarse en contra, y para organizar e impedir que esta concesión se apruebe.