Empresario pesquero-salmonero de la ultraderecha histórica acusa al gobierno de “populista y débil” y exige indemnización por expropiación de “derechos históricos” adquiridos

Empresario pesquero-salmonero de la ultraderecha histórica acusa al gobierno de “populista y débil” y exige indemnización por expropiación de “derechos históricos” adquiridos

Roberto Izquierdo-Menéndez denuncia que en la parte operativa de la Ley de Pesca y Acuicultura fueron engañados por Pablo Longueira (UDI), ex ministro y ex candidato presidencial de la UDI, autor de la ley de privatización pesquera que benefició a 7 familias.

Izquierdo-Menéndez encabezará un movimiento empresarial que exigirá la indemnización por la supuesta “expropiación” de sus derechos históricos adquiridos en el mar de Chile. Califica al proyecto de anulación de la corrupta ley de pesca y acuicultura que se discute en el Congreso, como una “locura total” y una “miopía total y mostruosa”.

Publicado: Radio del Mar

Extremadamente crítico a las políticas liberales de los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera frente a la industria pesquera se manifestó el presidente de la empresa Alimar y de la salmonera Invermar, Roberto Izquierdo Menéndez, uno de los dirigentes empresariales ligado en la década de 1970 al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad, quien participó en el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende, mediante un golpe de estado.

Desde la década de ’80, Izquierdo-Menéndez lidera el clan familiar de origen pesquero-ganadero, originario de la región de Magallanes, Patagonia chilena.

Izquierdo-Menéndez indica en entrevista al diario La Tercera que la industria ha sido engañada, primero durante la discusión de la Ley de Pesca en 2013 -respecto a que no se realizarían licitaciones-, y recientemente, porque el Ejecutivo no cumplió con el compromiso de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la denominada “Ley de la Jibia”. Esto habría llevado al sector empresarial a perder la fe pública. En ese escenario, se muestra poco optimista, y asevera que no ve soluciones, por ello sostiene que la industria pesquera irá decayendo inevitablemente.

Entrevista de La Tercera a Roberto Izquierdo Menéndez

¿En qué situación quedó el sector industrial tras la última Ley de Pesca?
-No tengo recuerdos de que alguna vez haya habido una Ley de Pesca que no le cause daño a la industria. La última Ley de Pesca fue en 2013 durante el Gobierno de este mismo Presidente, cuando se fijaron medidas de conservación de los recursos, con facultades para la autoridad, que es un aspecto extraordinariamente útil y bueno, pero que no ha sido trabajado suficientemente bien. En la parte operativa de la Ley fuimos engañados por el exministro, Pablo Longueira.

¿Por qué?
-Nos hizo una serie de ofertas y se comprometió a que los conceptos generales de la parte operativa de la Ley serían de común acuerdo entre todos los estamentos. El acuerdo consistía en que no habrían licitaciones a cambio de un sacrificio importante de la industria relacionado con que entregáramos parte de nuestras cuotas.
En este contexto, la industria de la octava región, que es la más representativa, pasó de contar con el 44% de la captura de la sardina y la anchoveta, al 22%. O sea, traspasamos al sector artesanal o semi industrial más bien, la mitad de la cuota que teníamos, pero cuando el Gobierno mandó el proyecto de Ley al parlamento lo hizo con la licitación incluida.

¿Qué sacaron en limpio?
-Que no se le puede creer nada a nadie, porque mienten en público. Esto seguramente fue porque Longueira fue desautorizado por el Presidente. De otra forma no se explica. Cuando el exministro de Energía, Rodrigo Álvarez intervino en la crisis de Aysén, también fue desautorizado por el Presidente, pero él era un hombre de honor que renunció y se fue para su casa, pero el señor Longueira no lo hizo.

¿El problema es el Presidente?
-¿Le cabe alguna duda? El tomó ahora un compromiso con el señor Manuel José Ossandón, que no tiene idea de esto y que ni siquiera acepta conversar. No le reconocemos ninguna autoridad en materia de pesca y no se le conoce ninguna experiencia en materia productiva. Aquí se perdió la fe pública y desde la aprobación de la Ley de Pesca de 2013 hasta ahora, salvo mejoras periféricas, no se construyeron más fábricas de procesamiento de pesca y barcos pesqueros. Ahora entra en la discusión esta nueva Ley en que dice que se va a sacar todo a remate.

¿Eso una expropiación?
-Obvio que sí. Si la autoridad cambia las condiciones nos tienen que indemnizar porque son derechos adquiridos.

¿Qué opinión tiene del proyecto de Ley Corta de Pesca?
-Tiene varias curiosidades. Empezó su discusión en el Congreso y hubo un acuerdo de no aceptar ninguna sugerencia del sector privado. La autoridad dice que no es así y miente. Este tema no se ha podido conversar con nadie, ni con el ministro, ni con el subsecretario.

¿Cree que esto responde a las acusaciones de pagos políticos?
-¿Por qué nos echan la culpa a todos de un caso particular? Son procesos que no han terminado y que llevan años. Hubo candidatos como Guillier que decían que la Ley de Pesca es una vergüenza, pero no tiene idea por qué. No la leyó nunca y Ossandón tampoco, porque si la hubieran leído se habrían dado cuenta que la industria sacrificó la mitad de su cuota. ¿Encuentran poco eso? Dicen que la industria fue la más beneficiada con la Ley Longueira, pero recibimos un perjuicio horroroso. Tan grave que no se construyó nunca más un barco ni se hizo una fábrica nueva. Nadie está dispuesto a invertir. De esa magnitud fue el daño.

En la actual discusión, ¿qué rol ha jugado el ministro Valente?
-El ha cumplido con no recibir a nadie y nunca había pasado que un ministro de Economía no participara, se marginó totalmente. El ministro es un hombre con una gran preparación en materia financiera y económica. El subsecretario en materia de pesca cuando lo nombraron no tenía idea, pero es un operador político. Pero los dos son personas inteligentes e ilustradas. Para ellos es desagradable que vengamos con argumentos, porque no tienen cómo contestar. Es muy conveniente que tengan una orden para no reunirse.

¿Cómo ve el nivel de discusión técnica?
-No hay.

¿Se utiliza a la industria para obtener ganancias políticas?
-¿Le cabe alguna duda ? Aquí han creado un velo de dudas en contra de la industria. Además, existe el compromiso del presidente con el senador Ossandón y esto entró al programa de Gobierno y es la única cosa que están cumpliendo del programa, porque no han hecho nada, sólo esto.

¿Qué pasa con el actuar del Gobierno?
-Es un gobierno populista, no al extremo de la UP, es populista sólo al nivel de la pesca. Además, este es un gobierno populista y débil.

¿Por qué?
-¿Qué pasó con los puertos? Empezó la huelga con una violencia salvaje y falló el Estado de derecho. Pasó casi un mes y salieron a destruir tiendas y negocios en las inmediaciones del puerto y anunciaron el boicot de la fiesta de año nuevo y ahí se asustaron en el Gobierno que terminó aceptando los bonos y las pedidas de los eventuales. Todo eso se pagó con plata del fisco. O sea, a todos los que cometieron actos de violencia y vandalismo no les va a pasar nada, esa fue una condición sine qua non. Esa es la rotura total del estado de derecho y además pagada con plata del fisco.

¿Cree que habrá un conflicto similar al de los portuarios por la Ley de la jibia?
-Es impredecible, pero la autoridad tiene en sus manos la solución, pero tengo la seguridad de que esto va a terminar muy mal para el sector industrial pesquero. Con esto de la jibia van a volver a quedar barcos sin poder trabajar. En la octava región habían 120 barcos pesqueros y después de la última Ley quedaron 35 o 38 barcos y si esto de la jibia prospera, van a haber unos siete u ochos barcos menos y quién pierde, pierde el país.

¿Por qué le pasa esto a la industria?
-Cuando salió elegido senador el señor Piñera, intentó que la pesca se hiciera por licitación. Es una cosa que no viene de ahora último, la tiene preconcebida desde hace mucho tiempo. Ahora están diciendo que van a poner el veto a la Ley de la jibia, pero están pateando fuera de la cancha. Para que se apruebe eso tendrían que desdecirse los senadores y los diputados, por eso tampoco es creíble.

¿Qué solución ve?
-No veo ninguna.

¿Qué pasará con la industria si tanto la Ley de la Jibia como la Ley Corta prosperan?
-La industria va a ir decayéndose inevitablemente. Entre las autoridades, nadie está pensando en el futuro del sector.

¿Qué tan grave es la eliminación del arrastre que incluye la Ley de la Jibia?
-Sin arrastre la industria deja de pescar. Podría seguir pescando con cerco, pero es muy ineficiente porque la jibia se pesca a un nivel más profundo. Nos van a quitar un recurso importante, 40 mil toneladas y nadie nos deja conversar. Se le hizo ver indirectamente a la Subpesca que esto es ilegal y ellos lo reconocieron y dijeron que cuando la Ley pasara por la Cámara y el Senado, iban a ir al Tribunal Constitucional (TC). Advertí a nivel gremial que no lo cumplirían, dije que ya nos engañaron y que ahora nos volverían a engañar y nos volvieron a engañar, porque no fueron al TC y dejaron que se venciera la fecha. El gobierno de Piñera es el que nos vuelve a engañar. Estamos en una situación compleja y ahora son los trabajadores de la industria los que están en huelga.

Entonces, ¿el cerco no es opción?
-Esta alternativa demuestra la ignorancia de la autoridad. El sistema de cerco es eficiente pero para otros peces que viven cerca de la superficie. No es el caso de la jibia que vive a media agua.

También existe un proyecto que busca derogar la actual Ley de Pesca…
-Si se deroga la Ley de Pesca anterior, volvemos a la ley de la selva, a la carrera olímpica que es la peor forma de depredación, además se le quita a la Subpesca la potestad de regular los recursos. Esta es la locura total, es de una miopía total y monstruosa.

¿Qué otros problemas enfrenta hoy la industria?
-Tenemos una situación tributaria sobrecargada que bajo el punto de vista de cualquier inversionista implica que invertir en pesca no tiene ningún atractivo. La Ley del 2013 subió fuertemente los impuestos, aplicaron un royalty como el de la minería, lo cual, por decirlo de una forma elegante, es una estupidez. Pero también pusieron impuestos adicionales.
La pesca paga el impuesto de primera categoría, un impuesto por el permiso de pesca, por la cuota de pesca y paga el royalty, y estos dos últimos se pagan por anticipado se pesque o no. Hoy las empresas pesqueras están pagando entre 50% y 60% de la renta en impuesto, más del doble de lo que pagan artesanales o semi industriales, con el agravante que es anticipada y a fondo perdido.

Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/presidente-invermar-ley-pesca-la-autoridad-cambia-las-condiciones-nos-tienen-indemnizar-derechos-adquiridos/491759/#

Movimiento Ciudadano de protección al Lago Yelcho se reorganiza en contra de Marine Harvest

Movimiento Ciudadano de protección al Lago Yelcho se reorganiza en contra de Marine Harvest

Publicado Huemul.cl 

El pasado viernes 30 de Noviembre a las 11:00 horas en la sede Fumacol de Chaitén se realizó una asamblea ciudadana en la que participaron diferentes entidades jurídicas, y vecinos, para tratar la siembra de truchas en el Lago Yelcho por parte de la empresa Marine Harvest. Esto a raíz que Marine Harvest solicitó una audiencia con Clara Lazcano, Alcaldesa de Chaitén, para informarle que retomaran las actividades en una de las dos concesiones que mantienen vigentes en el Lago Yelcho, realizando una siembra de quinientos kilos de truchas, acción que les permitiría evitar la caducidad de su concesión, y que posteriormente, una vez logrado su objetivo, estas serían retiradas. 

El movimiento ciudadano manifestó una total desaprobación a las intenciones que tiene la empresa Marine Harvest para realizar cualquier actividad productiva industrial en el Lago Yelcho, y los principales motivos son: Daños medio ambientales que produce la actividad acuícola industrial en uno de los lagos mas puros y prístinos de la comuna. Antecedente contra producentes de Marine Harvest con el medio ambiente. Contraposición de la actividad acuícola industrial con el rumbo de actividad económica turística que ha emprendido la comuna. La falta de ética de la empresa que al realizar una acción de este tipo también burla la normativa vigente, engañando a las autoridades, para mantener un sitio concesionado que no ha tenido actividad durante muchos años. Los empresarios turísticos a través de su Corporación de Desarrollo manifiestan su total desaprobación a cualquier actividad acuícola industrial en el lago Yelcho por la contaminación escénica y medioambiental que esa industria provoca en donde se instalan. Manifestando además que el turismo es una industria no contaminante, es amigable con el medio ambiente, y mueve la economía de la zona los trecientos sesenta y cinco días del año. 

14 mil murieron esperando: la dura realidad tras la “deuda histórica” de los profesores

14 mil murieron esperando: la dura realidad tras la “deuda histórica” de los profesores

A treinta y ocho años de que se gestara la denominada “deuda histórica” miles de docentes jubilados aún siguen luchando para que el Estado les reconozca y repare. Muchos de ellos sobreviven con lo mínimo, otros han fallecido esperando.

Publicado DiarioUchile

Desde hace doce años un grupo de profesores jubilados –la mayoría de ellos mujeres- se reúne todos los jueves frente a La Moneda para recordar, incansablemente, a los gobiernos la existencia de la llamada “deuda histórica”.

Fue en 1981 cuando se estableció un reajuste de hasta un 90% de sueldo base para todos los funcionarios públicos. Luego del traspaso de los liceos y las escuelas a los municipios, dicho reajuste fue desconocido por los nuevos sostenedores, afectando significativamente no sólo sus sueldos, sino que sus futuras pensiones.

En total son más de setenta mil los docentes que se vieron afectados con esta deuda que el Ejecutivo se ha negado a reconocer a través de los sucesivos gobiernos desde el regreso a la democracia.

Esto ha motivado cientos de manifestaciones, marchas y exposiciones a nivel internacional. También sesiones especiales y proyectos de resoluciones de la Cámara de Diputados, como el del pasado 19 de octubre que pidió al Ejecutivo incluir la deuda histórica” en la glosa presupuestaria 2019.

Pero también, esta situación se ha expresado en el deterioro económico de miles de ex profesores, muchos de ellos teniendo que recurrir a la ayuda de algún familiar para poder sobrevivir. Otros, simplemente sumidos en la soledad y la pobreza.

Así lo relata Patricia Muñoz, dirigenta del Magisterio, quien cuenta que existen pensionados que reciben 90 o 100 mil pesos mensuales. Gente casi en situación de calle, gente a la que el Colegio de Profesores siempre le da un apoyo, pero para la situación de ellos nunca nada es suficiente, tenemos gente a la que tenemos que ayudar a buscar casa, gente muy sola. Nos ha caído encima la pobreza y de regalo más encima la soledad, yo a veces escucho situaciones de vida y salgo enferma”, expresó.

Sin embargo, esto no es obstáculo para que se sigan juntando todas las semanas, generando no sólo una red de apoyo muchas veces inexistente en su núcleo familiar, sino también, compañía.

“Ellos quisieron derrotarnos, humillarnos, pero esto a nosotros nos ha servido mucho porque hemos socializado entre nosotros, es un punto de encuentro. Nosotros tenemos colegas que son solas y la única distracción que tienen es venir los jueves aquí a estar con nosotros y conversan y cantan, estamos muy unidos” relata Patricia Garzo, profesora normalista quien además carga con el hecho de ser exonerada política.

Con todo, Patricia no pierde las esperanzas: “No podemos bajar los brazos porque ya llevamos doce años. Algún gobierno tendrá que sensibilizarse, algún presidente (…) todas las colegas que estamos aquí tenemos esperanza, sino ya nos habríamos ido para la casa” dice.

Morir esperando “justicia y reparación”

Si bien ningún gobierno, desde 1990 a la fecha ha reconocido de manera formal la deuda histórica, durante el último periodo presidencial de Michelle Bachelet se produjo quizás, el mayor avance en esa línea.

La, en ese entonces, ministra de Educación, Adriana Delpiano, elaboró un catastro de los afectados el que cifraba en cerca de 76 mil docentes.

Para el Magisterio el documento fue considerado como un “reconocimiento” de la deuda, la que, a estas alturas, no esperan que se salde de manera íntegra, sino que se realice justicia y reparación.

Sin embargo, muchos de los docentes afectados han ido falleciendo a la espera de que se salde de alguna forma, la “deuda histórica”.

Por esta razón, junto con exigir lo que el Estado les adeuda, también se dan los espacios para recordar uno a uno los maestros que han fallecido esperando, como Irma Rojas, quien murió hace sólo un par de meses. A ella, se suman, según cifras del Ejecutivo, más de 14 mil docentes que esperaron hasta sus últimos días que se les reconociera lo que ellos consideran, es un derecho.

Uno de los rostros emblemáticos de la lucha por el reconocimiento y pago de la deuda histórica es Yolanda Cortés, quien cuenta que vive con su hermana menor, ella me da todo, no me deja ni siquiera comprar un pan” dice.

Acompañada por más de una decena de profesores y profesoras jubiladas, Yolanda baila todas las semanas al ritmo de las variadas canciones que tiene el grupo, “tenemos hasta un cancionero” cuenta una de las asistentes.

 

Yolanda Cortés

A sus ochenta y nueve años, Yolanda asegura que no dejará de exigir una justa reparación por parte del Estado chileno. Uno tiene que luchar hasta que tengamos fuerzas y voy a seguir hasta que muera o hasta que nos paguen, una de las dos” señala entre risas.

Una luz de esperanza

Hace un par de semanas, la Cámara de Diputados reconoció por segunda vez la existencia de la “deuda histórica”. En el marco de una sesión especial donde se analizó el tema, los diputados presentes en la Sala votaron de forma unánime  los proyectos de resolución que instaban al Ejecutivo a conformar una comisión para buscar mecanismos de reparación a los docentes así como establecer, mediante el Presupuesto del próximo año, un ítem tendiente a reparar a los profesores.

Si bien tanto estas acciones, como el reconocimiento de la deuda histórica que el Legislativo otorgó hace algunos años, no representan ninguna obligación para el Gobierno, desde el gremio docente lo ven como una señal que permitirá reactivar la causa que mantienen en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, ese día se marcó un nuevo hito en la reivindicación por el reconocimiento de este derecho: “Creo que se demostró absolutamente que hay un apoyo transversal a nuestra demanda por la deuda histórica” señaló.

Además aprovechó de criticar a la actual administración por rechazar la existencia de esta deuda, luego que bajo el gobierno de Michelle Bachelet se realizara un listado con los afectados

“La postura que ha tenido el Gobierno, de señalar que la deuda histórica no existe, es ridícula (…) de todos los parlamentarios no hubo uno solo que desconociera su existencia” expresó.

Aula Segura: la dura violencia escolar de la que no se habla

Aula Segura: la dura violencia escolar de la que no se habla

Por Catalina Albert

Publicado en Ciper Chile

El Valentín Letelier arrastraba desde hacía años un “estigma de violencia”, según el director Jofré. Más que por las peleas entre los estudiantes o el consumo de drogas, el colegio fue conocido durante varios años por las barricadas, los detenidos, las bombas molotov. El director planteó a CIPER que debieron establecer procedimientos en su Reglamento Interno para prevenir estas situaciones: inspectoría revisó de manera permanente el colegio, hizo rondas y se coordinó con el Centro de Estudiantes.– Y cuando hubo que aplicar el Reglamento Interno, se aplicó sin contemplaciones. Dice que puedes expulsar por actos violentos, por tráfico de drogas y por porte de armas. Entonces, ¿por qué los liceos emblemáticos no lo han hecho? – añadió Jofré.

El trabajo “preventivo” que explica el director del Liceo Valentín Letelier es lo que profesores de otros establecimientos municipales exigen. Esto, porque temen que, si no se hace, el estudiante sancionado simplemente será “trasladado” a otro colegio que lo recibirá sin las herramientas para entenderse con él.

Daniela Eroles, encargada de Educación de la Corporación Municipal de Renca, dijo a CIPER que es importante que cada escuela tenga las capacidades para enfrentar los problemas de convivencia escolar, considerando su propio contexto:

–Cuando hay una escuela que excluye, tiene que haber otra que incluye, y que tiene que asumir toda la complejidad del problema. Si todas las escuelas asumieran la realidad de los estudiantes, con toda su diversidad, resultaría más posible abordar estos problemas que si concentramos todas las complejidades juntas en una misma escuela, porque las otras no se hicieron cargo.

Ese sentimiento, de que el gobierno está tomando una decisión que favorece a los liceos emblemáticos en desmedro del resto de los colegios municipales, fue manifestado por todos los docentes consultados por CIPER. En Puente Alto, una profesora cuestionó que el proyecto Aula Segura busque proteger los derechos de los estudiantes y profesores, ya que no considera los de los alumnos y docentes de los colegios que reciben a los expulsados desde el centro de Santiago. En especial, porque se les asignan menos recursos que a los liceos emblemáticos y porque, a diferencia de éstos, no pueden seleccionar a los estudiantes que matriculan.

–Nosotros también creemos que hay alumnos que tienen que ser expulsados, sobre todo en casos de violencia contra los profesores o contra sus pares. Pero, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿A dónde los mandamos? Al final, ¿dónde van a terminar? Si los echan de acá no los van a recibir en otros liceos, terminan haciendo dos años en uno, nocturna o desertando. Esta ley pareciera ser más bien una manera de “limpiar” los liceos emblemáticos de los estudiantes que les causan problemas. Esos jóvenes van a llegar a los demás liceos municipales, que ya tienen otros problemas con los alumnos: drogas, armas, violencia. Entonces, con menos recursos que los emblemáticos vamos a tener que trabajar con más alumnos problemáticos– explicó la docente.

EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA

Cada liceo debe establecer en su Reglamento Interno las normas de funcionamiento y de conducta de la comunidad escolar, así como los protocolos para enfrentar distintas situaciones críticas (como embarazo adolescente, acoso y violencia escolar, entre otras). En el mismo documento deben quedar establecidas las sanciones. Todo esto debe ajustarse a los lineamientos que entrega la Superintendencia de Educación. En el papel todo parece óptimo.

En la realidad surgen los problemas. Y el más importante es que muchas veces los establecimientos cometen errores al diseñar sus reglamentos internos, estableciendo procedimientos que no concuerdan con la normativa de la superintendencia. Esta incoherencia es aprovechada por los apoderados de los alumnos expulsados, que apelan a una superintendencia que termina revocando la sanción. Por un error de procedimiento.

Se supone que la superintendencia debe revisar periódicamente estos reglamentos y protocolos. La idea es que en esa revisión se detecten fallas o discordancias con la normativa de la misma superintendencia. Pero en los hechos, esto no sucede y las incoherencias solo quedan expuestas cuando un apoderado apela contra una sanción. De allí que sea común que los castigos más graves –como las expulsiones– sean revocadas.

Los profesores consultados por CIPER dicen que esta falla administrativa, de enorme impacto en la convivencia escolar, no es solucionada por el proyecto Aula Segura. De hecho, un problema burocrático como este no requiere una ley para ser resuelto, solo que los funcionarios hagan correctamente su trabajo o que se asigne presupuesto para que se contrate personal suficiente para hacer esta labor.

Teresa Vallespín, jefa del Departamento de Educación de la Municipalidad de La Pintana y ex secretaria Regional Metropolitana (Seremi) de Educación, confirmó a CIPER que este es un tema clave al que se ha puesto poca atención:

-Uno sube el reglamento de convivencia a la página de la superintendencia y yo dudo que los revisen, porque solo reaccionan cuando hay una denuncia. Recién ahí lo revisan y ven las fallas.

En agosto del año pasado, por ejemplo, la superintendencia anuló la expulsión del alumno que golpeó al profesor de música de Quinta Normal porque no quería salir de la sala. El problema: el alumno había sido suspendido antes de su expulsión. La superintendencia consideró que el escolar había sido castigado dos veces por la misma falta, lo que es improcedente según la norma. De esta forma, la suspensión no puede ser considerada como una medida “cautelar” o “preventiva”, para separar al estudiante de la comunidad, a la espera de la sanción definitiva. Este es un error que se ha repetido en casi todos los colegios que CIPER recorrió.

Aunque la Superintendencia de Educación tiene la responsabilidad de revisar los Reglamentos Internos de los liceos, la falla original se produce en los establecimientos, donde hay escasa preocupación por redactar manuales que aborden los problemas de violencia que enfrenta en particular cada colegio.

Teresa Vallespín corroboró lo anterior. Como encargada de Educación de La Pintana ha analizado los manuales de 13 colegios de esa comuna y lo que más ha visto es “copiar y pegar”. Además, señala que la redacción de la mayoría de esos reglamentos no es participativa, por lo que los profesores, directivos, apoderados y estudiantes, solo se enteran de su contenido cuando se producen conflictos y sanciones graves.

El último episodio de violencia estudiantil que copó la agenda noticiosa ocurrió el lunes 5 de noviembre: cuatro estudiantes del Internado Nacional Barros Arana fueron detenidos vistiendo overoles blancos cuando bloqueaban la calle. La policía informó que se incautaron 35 bombas molotov. Lo paradójico es que estos cuatro alumnos seguirán asistiendo a clases, porque el liceo no puede suspenderlos a la espera de la sanción definitiva, la que podría tardar más de 20 días. Mientras la discusión se centra en esa evidente falla burocrática –que no requiere una ley para ser subsanada- la violencia en los liceos de las comunas populares sigue creciendo sin provocar debate ni solución.

Tráfico y consumo de drogas, amenazas y golpizas a profesores, ataques con arma blanca, asaltos y abusos entre alumnos. Así describen los profesores de liceos de cinco comunas populares la violencia cotidiana que enfrentan. Una situación crítica que no aborda –según los docentes entrevistados por CIPER- el proyecto Aula Segura, cuyo debate es monopolizado por los overoles blancos y las molotov en liceos emblemáticos. Hoy sí se puede expulsar por actos graves, pero por fallas burocráticas a veces la sanción se anula, creando un clima de impunidad. Lo que más temen es convertirse en receptáculo de alumnos conflictivos, agravando la violencia que ya sufren.

En junio de 2016, cinco alumnos del Liceo Valentín Letelier (comuna de Recoleta), atacaron con bombas molotov a un piquete de Carabineros. El director del establecimiento, Víctor Jofré, los expulsó. Lo hizo dos años antes de que el gobierno enviara a trámite parlamentario la Ley de Aula Segura, cuyo objetivo es que los directores de colegios puedan expulsar a los alumnos que cometen faltas gravísimas. Una facultad que, como lo demuestra el caso de Jofré, los directores ya tienen: estadísticas de la Superintendencia de Educación, citadas por La Tercera, indican que en el último año, 745 escolares fueron expulsados en todo el país, con un promedio de seis por semana.

A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, oposición y gobierno han puesto el debate del proyecto Aula Segura en blanco y negro. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera difundió un tweet que puso a los senadores entre la espada y la pared: o están del lado de los estudiantes que quieren aprender en paz o de los “delincuentes con overol” (en referencia a los ultraizquierdistas o anarquistas que arrojan bombas molotov en violentas protestas sin petitorios). Así puestas las cosas, el 76% de los consultados por una encuesta Cadem (408 personas) apoyó la iniciativa del gobierno, bajo la errada creencia de que hoy los escolares violentos gozan de impunidad.

CIPER recorrió liceos de cinco comunas con alta población vulnerable (Puente Alto, La Pintana, Recoleta, Renca y Quinta Normal). Allí preguntamos qué piensan sobre el proyecto de ley los profesores que se enfrentan a diario con una violencia escolar dura, que no es la de las molotov y los overoles, sino de chicos que trafican drogas en las salas, amenazan con armas blancas, golpean a profesores, asaltan y abusan a sus propios compañeros. Y todos rechazan el proyecto de ley, por insuficiente.

De los 745 alumnos expulsados en 2017, el 49% de ellos lo fue por agresiones contra sus compañeros, el 14% por violencia contra docentes o asistentes de la educación y 37% por otros motivos de gravedad, como porte de armas y tráfico de drogas. Pero de esa violencia, que se está “normalizando” en los liceos de comunas populares, prácticamente nadie ha hablado en el debate de sordos en que se ha convertido la tramitación de Aula Segura.

Hasta ahora, tras su paso por el Senado y su ingreso a tramitación en la Cámara, el único cambio concreto que ofrece el proyecto es que acorta el plazo para hacer efectiva la expulsión de un alumno por actos violentos: hoy puede tomar sobre 20 días y de aprobarse la nueva ley quedaría en no más de 15. Un avance muy poco significativo, a juicio de los docentes consultados por CIPER.

Aunque en La Moneda aseguran que todo aquel que está en contra de su proyecto está del lado de los violentistas, el recorrido de CIPER por liceos de zonas vulnerables muestra lo contrario. Todos los profesores consultados –la mayoría pidió la reserva de sus nombres por temor a represalias– concuerdan en que los alumnos que cometen faltan gravísimas deben ser expulsados, pero aun así no están de acuerdo con la ley propuesta.

Para los maestros, la principal falla del proyecto es que no considera financiar las herramientas profesionales que corresponden para enfrentar la creciente violencia que se vive en sus liceos, sino que solo la castiga. En particular, estiman que la nueva norma debiese incluir presupuesto para dos objetivos: capacitación masiva de profesores en programas para intervenir de forma eficaz en los conflictos y fortalecer la convivencia; y contratar personal especializado (psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales) en cantidad suficiente, porque muchos colegios ya cuentan con una “dupla psico-social” (psicólogo y asistente social), pero que no da abasto por la cantidad y complejidad de los casos.

Esta demanda, que se repitió en todos los liceos que recorrió CIPER, apunta a la misma carencia histórica que muestra la catastrófica situación de los niños que están bajo el cuidado del Estado en el Sename.

Un segundo punto no considerado en el proyecto Aula Segura, a juicio de los docentes, es que no incluye medidas para “reforzar” a los liceos que terminan recibiendo a los expulsados. Los profesores consultados por CIPER manifestaron su temor de que la ley termine simplemente “trasladando” el problema desde los liceos emblemáticos del centro de Santiago hacia los liceos periféricos, agravando los conflictos y la violencia que estos últimos ya sufren.

Ejemplos ya hay: hace un par de meses el Liceo Valentín Letelier recibió a dos expulsados provenientes del Liceo de Aplicación, uno de los principales focos de la violencia de los “overoles blancos”. De hecho, la situación del Aplicación, junto con la del Internado Nacional Barros Arana (donde la brutal agresión a un carabinero y los ataques a su rector coparon la agenda noticiosa), prácticamente ha monopolizado el debate por el proyecto de ley Aula Segura.

Los docentes entrevistados por CIPER también hicieron hincapié en que la normativa establezca una comunicación fluida, coherente y oportuna con la Superintendencia de Educación. Esto, principalmente, para evitar que ese organismo revoque las sanciones (expulsiones, suspensiones, cancelación de matrículas) aplicadas por los liceos. Eso ha ocurrido en varias ocasiones, obligando a que las comunidades escolares sigan conviviendo con alumnos que cometieron faltas graves. Es allí donde los profesores entrevistados por CIPER identifican la principal falla del sistema educacional que genera impunidad: los castigos anulados provocan una sensación de temor y desamparo en profesores y alumnos que han sido víctimas de agresiones.

Las expulsiones pueden ser anuladas por la superintendencia por discordancias entre los lineamientos de ese organismo y los reglamentos internos de cada liceo. Este es un resquicio, plantean los profesores, que permite a los apoderados de los estudiantes sancionados apelar con éxito, para dejar sin efecto la sanción.

El creciente clima de violencia que se vive en esos establecimientos educacionales es uno de los factores que explica la caída de la matrícula en el sector municipal: en diez años –desde 2006 a 2016- bajó de 1,5 millón de alumnos a 1,3 millón. Un detrimento que no fue peor por la integración de las familias de inmigrantes al sistema en los últimos años.

“NOS OFRECEN COMBOS”

– A nosotros nos ofrecen combos regularmente. Nos sacan la madre todos los días. Hay alumnos que llegan permanentemente bajo los efectos de las drogas. Trabajamos en un ambiente que los profesores no podemos controlar. Y esta ley pareciera ser un distractor social para decir “el gobierno se preocupa”, pero no aborda el origen de fondo del problema. No podemos aislar la agresión contra un profesor o contra un compañero del consumo de drogas al interior del colegio, por ejemplo – dijo a CIPER un profesor de un liceo técnico profesional de Quinta Normal.

El relato se repitió en cada escuela: en Puente Alto una apoderada amenazó con “correr a balazos” a la directora del liceo y al encargado de convivencia si suspendían a su hija; en Quinta Normal, un profesor de música recibió un puñetazo en la cara de un estudiante al que había sacado de la sala –porque no era su clase, pero él quería quedarse con su polola–; en Recoleta hasta hace poco era normal ver a alumnos “zombi” por el uso de pastillas como clonazepam, un ansiolítico usado comúnmente entre los escolares como droga recreativa y que compraban en el mismo liceo; en Renca un estudiante de quinto básico llegó a la escuela con un arma; en La Pintana casi la mitad de los profesores están con licencia médica, la mayoría por depresión o crisis de pánico, trastornos que en muchos casos se desatan por el pésimo ambiente en que trabajan, según información proporcionada por el Departamento de Educación municipal.

El recorrido hecho por CIPER constató que en las escuelas municipales al problema de las agresiones y del tráfico de drogas, se suma, en muchos casos, la ausencia de los apoderados. El profesor jefe de un segundo medio en un liceo en Quinta Normal dijo a CIPER: “El promedio de asistencia a las reuniones de este año ha sido de unos 12, de 32 apoderados. Debe haber por lo menos 10 que no conozco, que no han venido en todo el año y no van a venir. Entonces, los problemas de convivencia que tenemos con sus hijos, ¿con quién los solucionamos? Porque les ponemos anotaciones negativas una tras otra, mandamos a buscar al apoderado, y este no viene”.

En ese contexto, que se repite en los liceos visitados por CIPER, los docentes insisten en que necesitan más herramientas y capacitación para enfrentar estas situaciones. Un profesor de un liceo técnico de Puente Alto planteó que en ese establecimiento cuentan solo con una “dupla psico-social” para más de 500 estudiantes. Los profesionales, según el maestro, solo dan abasto para ver los casos “realmente problemáticos”. El resto queda a la deriva:

– ¿Y los otros? ¿Y los que están empezando a mostrar conductas violentas? Hay niños que podríamos tomar desde ahora para hacer un trabajo preventivo, de contención más que de reaccionar para solucionar un problema cuando ya apareció. Pero la prevención no existe– indicó el profesor.

Tamara Contreras, directora de la escuela básica Domingo Santa María, de Renca, explicó a CIPER que ya la Ley de Inclusión –que eliminó el lucro y la selección en los colegios que reciben aportes del Estado, entre otras medidas– quedó corta. Precisamente, explicó, “faltó invertir en los docentes, en capacitarlos en relación al trabajo con las duplas psico-sociales”.

EXPORTACIÓN DE “OVEROLES BLANCOS”

Poco después de que, a principios de septiembre, aparecieran los primeros “overoles blancos” en el Liceo de Aplicación, dos de los estudiantes acusados de participar en los disturbios llegaron al Liceo Valentín Letelier de Recoleta. Aún sin las normas propuestas en la ley Aula Segura, el nuevo colegio pudo neutralizar la conflictividad de los jóvenes y, al menos en un caso, consiguió su inserción en la comunidad escolar. ¿Cómo lo logró? Con un reglamento interno claro, rondas de inspectoría y asegurando a las organizaciones del alumnado que su voz es escuchada y considerada por el colegio. Todo esto, que funcionó muy bien, no está incluido en el proyecto de ley que se discute en el Congreso.

Uno de los alumnos que llegaron al Valentín Letelier desde el Aplicación duró unas pocas semanas. El otro, según los docentes del liceo, se acomodó a los nuevos códigos: “El que se fue no encontró eco a sus formas, los alumnos no prendieron con él. El otro, en cambio, vio que podía manifestarse libremente, pero por otros medios”, dijo a CIPER el director del establecimiento, Víctor Jofré.

 

Diputada Camila Rojas por ex Aula Segura: “No solucionará la violencia en los colegios”

Diputada Camila Rojas por ex Aula Segura: “No solucionará la violencia en los colegios”

La parlamentaria de Izquierda Autónoma precisó puntos algunos que contiene la ley y criticó la presión que ejerció el Ejecutivo para que se aprobara la iniciativa. “Es inentendible la prioridad exacerbada que el Gobierno le dio a este proyecto”, dijo la diputada en conversación con Radio Universidad de Chile.

Por Diario Uchile

Diversas reacciones ha suscitado la aprobación del proyecto de Convivencia Escolar -ex Aula Segura- en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa fue despachada con amplio apoyo de la oposición, hay quienes critican la efectividad de la ley en la práctica.

Una de ellas es la diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, quien aseguró que esta ley “no solucionará el problema de fondo de la violencia en los colegios”.

En conversación con radio Universidad de Chile, la parlamentaria se refirió a la presión que ejerció el Ejecutivo para que se aprobara el proyecto y a los vacíos que contiene la ley, que está a la espera de ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. Rojas criticó la forma en que el Gobierno centralizó e intervino la discusión de la iniciativa que sanciona la violencia en los colegios.

“Fue un debate marcado por la presión ejercida desde el Ejecutivo. Lamentablemente en la Cámara no pudimos hacer aporte para mejorar el proyecto por la negativa del Ejecutivo de mantenerlo en las mismas condiciones. Por parte del trámite, creo que se dejó harto que desear”, señaló.

La diputada estimó que el debate estuvo marcado en términos mediáticos, donde las imágenes de violencia contra funcionarios policiales en colegios plantearon esta ley como una necesidad nacional, pero que no necesariamente será una solución al problema de la violencia en los colegios. En esa línea, apuntó a que la ley de Convivencia Escolar recoge medidas que ya existían.

“Efectivamente han ocurrido casos de violencia extrema que han sido muy citados para poder sacar esta ley, pero no responden a la realidad nacional y son más bien casos focalizados que se podían resolver vía reglamento. La Municipalidad de Santiago es particularmente la que se ha visto afectada por estas situaciones y allí el sostenedor, el alcalde (Felipe) Alessandri, tiene un rol también. Esto se pudo haber hecho de otra manera sin tener que haber creado una ley ni haber tenido que esperar tanto tiempo”, sostuvo Rojas.

Vacío en las sanciones

La parlamentaria precisó que la mayoría de las agresiones en los establecimientos se da por parte de los apoderados a los profesores, una arista que, a su parecer, se mantuvo fuera de la discusión en el Congreso. Pese a que el debate amplió los alcances de la ley a toda la comunidad educativa, para Rojas sigue existiendo un vacío en la aplicación de las sanciones.

“Al comienzo, cuando el Ejecutivo ingresó el proyecto, sólo consideraba a los estudiantes. En el Senado eso se extendió a toda la comunidad educativa. Sin embargo, el proyecto quedó con un vacío. Si bien considera que cualquier miembro de la comunidad educativa puede cometer un acto de violencia, las sanciones son sólo explícitas para el caso de los estudiantes. Hay una serie de problemas que no tienen  que ver con los estudiantes, sino con los adultos dentro del establecimiento educacional que no tienen sanción en la ley”, puntualizó la parlamentaria.

En cuanto al aumento de las agresiones en los colegios, la diputada de la Izquierda Autónoma puntualizó que la violencia existe en la sociedad en general y es un problema del que hay que hacerse cargo. “Hay algunos que hablan de tolerancia cero, pero sabemos por la gente que trabaja en el aula que la tolerancia cero no es efectiva. Con ello, finalmente, lo que se hace es trasladar el problema de un lugar a otro”, dijo.

Por ejemplo -explicó Rojas- la expulsión de un alumno por violencia puede llevarlo a una serie repetitiva de expulsiones en diversos colegios, pero esto no solucionará su conducta agresiva.