Naturaleza y desarrollo: Clasismo, inequidad y centralismo

En un país como el nuestro tales ministros, instalados en los alrededores de La Moneda, tendrán el poder para hacer valer su opinión. Y súbditos que en los territorios estarán disponibles para hacerla cumplir.

Hace casi una década, en 2011, publiqué en El Mostrador un artículo basado en una idea que me persiguió durante meses.  La noción, sin certeza aún en ese momento, de que gran parte de los ministros de la administración de Sebastián Piñera 1.0 vivían, tenían sus residencias personales, en el sector socioeconómico de la región Metropolitana de más altos ingresos.  Mi inquietud tenía fundamentos:  había estudios que demostraban que en Chile la marca de nacimiento y el entorno social de origen eran esenciales, no solo una variable más, en la definición del futuro social, profesional y económico de una persona.

Aunque esto suena a obviedad, no lo es a la luz de los argumentos que se esgrimen recurrentemente para tomar decisiones que tienden a mantener el statu quo: Chile es un país meritocrático, existe movilidad social y para tener éxito en la vida (uno de tipo económico, principalmente) solo se requiere voluntad.   Es la tesis que sustenta la idea del selfmade man.

Y claro, se sacan a colación ejemplos excepcionales de personas que no proviniendo de familias con elevados ingresos (y redes, y capital cultural), lograron avanzar más allá de lo esperado. De lo para ellos determinado.  Existen, por cierto, pero solo como excepciones que confirman una regla, ya que la lógica nos aclara que sin regla no puede haber excepciones.  Tal es el tema de fondo: los logros de las políticas públicas no pueden estar basados en lo anecdótico.

Ese lejano artículo se tituló El polígono chileno de la inequidad.  Y expuso cómo en 2011 el 86% de los ministros de Sebastián Piñera vivía en un área de 55 Km2 entre las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, en lo que se conoce como el barrio alto de Santiago.  Esto sin considerar al propio Presidente, quien también residía intramuros de esa zona. Una en la cual sería prácticamente imposible instalar, ayer y hoy, una cárcel, una mina a rajo abierto, un relleno sanitario, y menos aún una represa, central nuclear o termoeléctrica. 

Los argumentos para ese eventual veto territorial podrán ser varios: técnicos como el tipo de suelo presente, naturales como no estar el recurso disponible o de clase como que los presos deben estar cerca de sus familias.  Para ello contarán con solícitas consultoras, prestigiosas universidades y agencias comunicacionales que nos explicarán con peras y manzanas por qué dichas infraestructuras estarán mejor cerca de nuestras casas que en las de ellos.

Y en un país como el nuestro tales ministros, instalados en los alrededores de La Moneda, tendrán el poder para hacer valer su opinión.  Y súbditos que en los territorios estarán disponibles para hacerla cumplir.  

Así lo hemos visto en múltiples ocasiones en regiones y, también, acá en Aysén.  Con HidroAysén y Energía Austral hace ya una década, antes con Alumysa.  Hoy con las mineras y su ofensiva trasnacional en la región, particularmente en la cuenca del Lago General Carrera.  Y a principios de esta semana se repite la historia con el ex ministro y senador UDI Pablo Longueira (que en 2011 tenía su residencia en el polígono chileno de la inequidad) resucitando como autodenominado ambientalista interesado en conectar el Golfo de Penas con la laguna San Rafael mediante la construcción de un canal de gran magnitud en el Istmo de Ofqui.  ¡Dentro de un parque nacional!

El problema es multidimensional. 

Porque en el grupo de personas que están dispuestas a hacer cumplir los designios digitados por cierta elite se incluyen tanto algunos funcionarios públicos y de confianza que temen perder su trabajo o eventual carrera política, como quienes anhelan cortar una buena tajada y los que han sido convencidos, en un muy bien diseñado sistema educativo y mediático, que la destrucción del lugar en que viven es sinónimo de desarrollo para ellos y sus familias.  Es un problema de clase, por tanto.

De alguna forma también nos han convencido, institucional y mentalmente, que en otros pagos reside la noción última sobre lo que es mejor para el país, las regiones y provincias. De las periferias ninguna buena idea puede salir.  Es un problema de centralismo, además.

Y contempla factores múltiples porque, como señalara Daniel Matamala en su reciente columna Pedro, Juan y Diego, Chile no es un país en que la equidad sea el principio rector de la movilidad social.  Los patines no están disponibles para todos, ni la posibilidad de entrenar, tener pista expedita, equipamiento ad hoc, ni una barra que apoye.  Es un problema de inequidad, igualmente.

El tema se ve complejo, pero no más de lo que ha ocurrido en otros tiempos y lugares.  La historia tiene recurrencias y de ellas debemos aprender. 

Lo que sí tenemos claro es que Aysén y la Patagonia, como cualquier otro terri/maritorio, debe dejar de ser visto por algunos como un botín o despensa.  Que tal concepción es, en el fondo, la que ha generado la mayor crisis ambiental de origen antrópico que ha enfrentado el planeta. Eso es lo que, también, debemos cambiar.

Pangasius en la Patagonia: el “pez rata” en el menú de los jardines infantiles

Pangasius en la Patagonia: el “pez rata” en el menú de los jardines infantiles

En Aysén abundan merluzas, pejerreyes, congrios y robalos. Estos peces, que por décadas han alimentado a la región, no están en la dieta de sus jardines infantiles de la Junji. El que sí está es el pangasius, que se cultiva en un río receptor de aguas servidas y residuos industriales en Vietnam. Patricio Segura explica en esta columna, apoyado en estudios y documentos, que el llamado “pez rata” puede contener elementos tóxicos, pero que nuestras instituciones, como el ISP, no tienen la tecnología para medirlo correctamente. Segura plantea que el consumo de pangasius ya ha sido limitado en algunos países desarrollados y se pregunta: ¿por qué importar peces para la alimentación en los jardines infantiles públicos de Aysén, cuando el consumo de la pesca local podría ser un motor de desarrollo económico para la zona?

Por Patricio Segura

Raúl Marín Balmaceda es puerto. Enclavado en la desembocadura del Palena, al norte de Aysén. Y como puerto, mira al mar: pesca, buceo y, últimamente, turismo asociado a la navegación y el avistamiento de cetáceos.
Merluzas, pejerreyes, congrios, robalos han abundado siempre en sus costas, alimentando por décadas a sus habitantes. Por lo menos a los mayores, porque hoy los pequeños, sin que lo sepan sus padres, consumen otra polémica especie: pangasius, conocida mundialmente como “pez rata”.

Con esta sorpresa se topó Gabriela Espinoza (35). La madre de Darío, quien con casi 3 años asiste al jardín “Cuncunita”, parte de la red de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Tras saber que era posible que en el sistema escolar se distribuyera pangasius, una mañana de octubre quiso confirmar lo que se difundía por redes sociales.

“Un día que llevé a Darío al jardín le pregunté a la directora. Pero ella no sabía de este pescado y menos aún del cuestionamiento a su procedencia”, recuerda. Fueron a la cocina, donde la manipuladora de alimentos extrajo del congelador lo que temía: varios filetes de pangasius. “La verdad es que me sorprendí. Hasta ese momento pensaba que solo era un rumor”, comenta esta joven socióloga, impactada por desconocer cómo el Estado alimenta a su hijo.

Desde ese momento inició el camino para aclarar sus dudas. Proceso en el que fue apoyada por la directora del jardín.

 

UN PEZ CON MALA REPUTACIÓN

En 2017, Carrefour, el gigante europeo del retail, retiró el pangasius de su oferta en Francia, Bélgica y España. En el país ibérico, además, sobre dos mil colegios lo eliminaron de la dieta infantil, mientras que la Consejería de Educación de Aragón solicitó replicar la medida en todos sus establecimientos. Y en febrero pasado la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos requirió a los ministros de Salud y Educación prohibir, “de forma urgente”, su uso en los comedores escolares de toda España.
En mayo de 2017 publiqué estos antecedentes bajo el título “Pangasius: el pez rata que obliga a tomar en serio la soberanía alimentaria”. Y en una crónica posterior relaté cómo la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) reconocía que algunos oferentes lo incluían en sus menús:

“El prestador debe entregar pescado al menos cuatro veces por mes, con un gramaje promedio de 70 gramos por porción, considerando una vez obligatoriamente atún y una vez filete (fresco o congelado), donde algunos prestadores incluyen el pangasius…”. Esa fue parte de la respuesta a una solicitud de información –vía Ley de Transparencia– que no permitió conocer el volumen de esta especie que consumen los niños del sistema público educativo de Aysén.

¿Por qué tanta preocupación?

Más que el pez, expertos señalan que lo que se cuestiona es su forma de producción en el vietnamita río Mekong, receptor de las aguas servidas y residuos industriales de las viviendas y empresas que atiborran sus costas.
“El problema no son las especies en sí mismas, sino cómo son cultivadas; en el caso del pangasius radica sobre todo en la manera en que se lo alimenta“, señaló recientemente el biólogo marino y presidente de la Organización para la Preservación de Cetáceos de Uruguay, Rodrigo García, en una sintomática crónica: “Venden pangasius por lenguado: el nuevo gato por liebre”.

A fines del año pasado solicité al Instituto de Salud Pública (ISP) su registro de metales pesados en la especie. Su respuesta fue que en los Programas de Vigilancia de Alimentos del Ministerio de Salud (con apoyo del ISP) no se hicieron exámenes entre 2010 y 2015. Y agregaba que:

“entre 2016 y 2017 se han recibido 13 muestras de pescado pangasius para análisis de metales (cadmio, arsénico, plomo, mercurio) y una muestra para análisis exploratorio de dioxinas según método Calux. Todos los resultados han sido inferiores a los límites establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos para estos elementos y compuestos, por lo que pueden considerarse alimentos aptos para el consumo humano, sin presentar riesgos para la salud de la población”.

Según una nota publicada en La Segunda “en abril (de 2013) la Seremi realizó una inspección en diez supermercados, donde compraron las distintas alternativas de pangasius que estaban a la venta. El resultado fue positivo: mostró niveles menores a los permitidos en mercurio, arsénico, cadmio y plomo”. Sin embargo, según la respuesta del ISP ese mismo año, no se recibieron muestras.

El primer informe no entregaba resultados, solo conclusiones. Al insistir requiriendo el detalle para 2016 y 2017, se confirmó que efectivamente las muestras estaban bajo la norma chilena: en arsénico se encontró un máximo de 0,7 mg/kg (límite: 1 mg/kg); en mercurio fue menor a 0,29 mg/kg (límite: 0,5 mg/kg); en plomo menor a 0,29 (límite: 2 mg/kg).

Para el cadmio (que marcó menos de 0,333 mg/kg) Chile no tiene norma para pescados, solo para sal comestible (0,5 mg/kg) y agua mineral de mesa (0,01 mg/kg). Esto aunque la Organización Mundial de la Salud establece que “el cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio; además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos”.

Aunque ya en 2012 habían ingresado al país 2.646 toneladas de pangasius, importaciones que han aumentado con los años, en 2016 el ISP tomó solo 9 muestras.

Volvamos al mercurio.

Según el estudio “Mercurio en pescados y su importancia en la salud”, los efectos de su ingesta sistemática “progresan desde parestesias a ataxia y debilidad generalizada, luego disminución de visión y audición, espasticidad muscular, coma y muerte”. Y es particularmente tóxico para el “desarrollo neurológico en fetos y niños”.

Un artículo de la agencia Euerkalert, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que edita la prestigiosa revista Science, aumentó la alerta. “Consumo continuo de pangasius expone a niveles peligrosos de mercurio” fue el título de un artículo de mayo de este año, que reseña los resultados de una investigación publicada en la revista Chemosphere. Ángel Gutiérrez Fernández, líder del equipo del Departamento de Toxicología de la Universidad de La Laguna (España) señaló que “el consumo de este pescado podría exponer al rango de población más sensible a diferentes contaminantes que podrían estar en esta especie”.
En sus análisis ciertos especímenes alcanzaron una concentración de mercurio de 0,69 mg/kg. En la norma europea el límite es 0,5 mg/kg.

Sus conclusiones fueron claras:
“Suponiendo un consumo semanal de 350 gramos de pangasius, la tasa de contribución a la Ingesta Semanal Tolerable (TWI, por sus siglas en inglés) de mercurio (4 mg/kg de peso corporal/semana) es del 32% y 27,5% para mujeres y hombres, respectivamente. Sobre la base de los resultados obtenidos en este estudio, es necesario un control exhaustivo del contenido de mercurio en este tipo de pescado. Además, se debe establecer una restricción de consumo en niños”.

El mensaje es que no basta saber el volumen de metal pesado en un producto, se requieren parámetros de dosis tolerables a las que pueden exponerse diversos grupos humanos dado el efecto acumulativo de los alimentos en el cuerpo.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Ricardo Barra, el actual monitoreo de alimentos en Chile no es suficiente. Cuestiona “esto de que se regula lo que se va para afuera, pero adentro no tenemos idea”. Recuerda los informes que años atrás entregaba el Servicio Nacional del Consumidor sobre transgénicos, coliformes fecales, metales pesados y que dejaron de realizarse.

La pregunta es ¿comemos o nos intoxicamos?

“Las estadísticas internacionales muestran que Chile se ubica entre los países con niveles más altos de uso de plaguicidas a nivel mundial, con un total de 10,7 kilos de agroquímicos por hectárea arable al año 2009, según los últimos datos disponibles de la OCDE, frente a un promedio de 0,21 kilos que tienen los países miembros de la organización”, informaba El Mercurio en febrero de 2016.

Para Barra, “el problema es que no somos capaces de observar la ocurrencia de esto a través de muestras ambientales, porque diseñamos mal los sistemas de monitoreo”. Refiriéndose a los resultados del ISP, donde las muestras no consignaron cantidades exactas sino solo menores a cierto umbral, explica que “no puede ser lo que ocurre acá donde se reportan solo valores no detectados. Le ponen n/d o <0,51 y uno piensa que no detectado es que no pasa nada y es porque no los detectamos, ya que nuestros métodos no son lo suficientemente sensibles”.
Y alerta en función de las encuestas de salud: “Tasas de cáncer elevado, cáncer gástrico por acá, cáncer pulmonar por allá, pero no tenemos suficiente información para hacer las asociaciones. Hemos ido mejorando, pero todavía tenemos falencias muy grandes”, concluye.

ALIMENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL

Al constatar con qué se alimentaba su hijo, Gabriela se comunicó vía email con la dirección regional de Junji. Expresó estar “preocupada” tras “haber comprobado junto a la directora del jardín que el pescado que se entrega a las cocinas es pangasius, altamente cuestionado. Entiendo que la normativa y las instituciones chilenas se lo permiten, pero quiero tener más información”. Además, indicó que “las hamburguesas de pescado contienen glutamato monosódico, que es sabido es muy dañino para la salud”. Y agregó un dato: dentro de la minuta informada por la empresa Soser, responsable del suministro, pangasius no aparecía como una de las variedades.

La réplica institucional llegó a los pocos días. “Las bases técnicas de licitación vigentes del Programa Alimentario están diseñadas en correlación con el reglamento sanitario, por tanto todo lo que se entrega en el programa está autorizado por el Ministerio de Salud”, respondió Paulina González, nutricionista/supervisora de Junji Aysén.
Puntualizó la profesional que en metales pesados “los resultados obtenidos se ajustan y cumplen con los parámetros exigidos por nuestra legislación sanitaria vigente, considerando que este producto es el mismo que se utiliza para Junaeb, Junji e Integra”. Su conclusión: “Mientras la legislación no se modifique, o la autoridad sanitaria considere estudios serios (no de la información que circula en prensa o redes sociales), no tenemos la facultad para exigirle a las empresas concesionarias el retiro del producto”.

Y aunque aclaró que la “hamburguesa de pescado” no estaba considerada en las minutas visadas por la Junji, no se pronunció sobre la omisión de pangasius en los menús informados por Soser.

“Si ya hay países que están siendo vanguardia en esto, es porque hay elementos que no son rumor, que son efectivos, porque si fuera solo un rumor no pasaría nada”, reflexiona Gabriela.

El desarrollo integral del país también es parte de este debate. ¿Es correcto alimentar a los niños con lo más (monetariamente) barato? Es el efecto packing, donde comunidades que tradicionalmente se alimentaban bien, hoy ven cómo la manzana extra (de mejor calidad) es exportada, mientras los locales (muchos de ellos trabajadores de las frutícolas) solo pueden acceder a la de menor categoría.

“Estamos hablando de un país que tiene mucho borde costero. Tenemos la crisis de la pesca artesanal, ¿y estamos entregando pangasius a nivel nacional? Yo lo encuentro delicado”, se queja. En Puerto Raúl Marín Balmaceda, dice, “tengo entendido que la directora ha planteado por qué no se pueden proveer de aquí mismo y no se lo han permitido, siendo que hasta existe una instalación que podría cumplir como planta procesadora con los parámetros y procedimientos que debiera cumplir”.

Desde la economía de escala estos planteamientos suenan inviables e, incluso para algunos, extremadamente localistas. Pero Gabriela no está sola en su interés de fomentar el desarrollo económico local, en este caso apoyando la producción pesquera artesanal. Dirigentes sociales, pescadores e investigadores, también lo han manifestado.

Hace cuatro meses, en agosto, la Junaeb ya había comenzado a hacerse cargo del asunto. En una decisión política suscribió un convenio con Corfo para aumentar el volumen de productos marinos en comedores estudiantiles. “Se mejorará la calidad de los productos, ya que reemplazaremos parte de los que actualmente se consumen (como por ejemplo el pangasius), por productos nacionales como la merluza, jurel y choritos” dijo a la prensa su director, Jaime Tohá, al informar sobre el acuerdo.

El objetivo, elevar al doble el volumen de productos del mar chileno en la alimentación de los alumnos del sistema público, fortaleciendo el sector pequeño pesquero. Mal que mal, son 1.600.000 niños y jóvenes. “Este convenio junta estas dos cosas: que miles de niños puedan alimentarse con choritos y productos cultivados en nuestro país, y la necesidad de potenciar el desarrollo de nuestro mar y su actividad económica”, señaló en la ocasión el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel.

En una columna de principios de este año decía lo propio la empresaria gastronómica y directora del Foro de Innovación, Tere Undurraga: “Hay que poner a tono leyes, instituciones y prácticas priorizando nuestros recursos naturales y culturales, para la alimentación y el desarrollo de nuestra gente… Es prioritario que la pesca artesanal nos garantice alimentos óptimos; no le entreguemos en bandeja la biodiversidad a la pesca industrial de arrastre”.

Y reclamaba: “Buenas prácticas y recetas patrimoniales no representan peligro para la sociedad. De comer comida chilena y conocer su gusto, para que no nos pasen gato por liebre; en nuestros supermercados tenemos que exigir nuestros pescados para no alimentar a nuestros hijos con pangasius que vienen de Vietnam”.

APODERADOS Y ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO

El interés de Gabriela Espinoza de incidir en la alimentación de su hijo, no solo por razones de salud, sino también para aportar a la construcción comunitaria y el desarrollo económico local, apunta a una reflexión sobre el nivel de involucramiento que pueden llegar a tener los padres respecto de lo que reciben sus hijos e hijas en el sistema educativo, ya no solo en términos lectivos.

“Si uno como ciudadano es más activo, tiene que dar la batalla solo. Como lo estoy haciendo ahora”, acota. Hoy, busca más antecedentes para compartirlos con la directiva del Centro de Padres y Apoderados del jardín “Cuncunita”. Piensa que tanto la educación como la alimentación y todo lo que entrega un establecimiento público, “uno se lo banca porque te lo está dando el Estado, pero no debería ser así”.
Y Gabriela, en Puerto Raúl Marín Balmaceda, no se lo está bancando.
Es este un debate necesario. Fundamental. Que ha llegado a Chile desde las aguas de Vietnam.