Acuerdo Constituyente y Sistema Electoral vigente: ¿No entienden o no quieren entender?

Acuerdo Constituyente y Sistema Electoral vigente: ¿No entienden o no quieren entender?

Una mirada simple al panorama actual

 

Por el contexto de su construcción y la finalidad que tuvo en su esencia, no soy muy optimista con el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, pero creo que debemos mirar con detenimiento las implicacias de lo establecido en esta ruta constituyente.

 

Es de conocimiento público los cuestionamientos de la ciudadanía (y de algunos sectores políticos que no les ha agradado mucho el acuerdo) a los eventuales 2/3 como quórum para la toma de decisiones sobre las normas y el reglamento de votación, o lo relacionado a la hoja en blanco (que al parecer es más gris que blanca, según el Sr. Allamand), o que no existe obligatoriedad de voto declarada en el plebiscito de entrada pero sí en el de salida – lo que me parece francamente muy extraño – o que se establece sólo un año de inhabilidad de los asambleístas (o convencionistas, a esta altura da lo mismo) para formar parte de un proceso eleccionario venidero, donde no se asegura la consecución del bienestar colectivo por sobre la rentabilidad individual en términos políticos.

 

No obstante, hay un punto en particular que ha sido regularmente soslayado en los análisis (a excepción de comprometidos profesionales como el abogado Mauricio Daza, o medios digitales como El Mostrador) donde se establece que, en caso de ganar la opción de “apruebo” en la pregunta “¿Quiere Usted una nueva Constitución?”, quienes sean electos por votación popular (ya se el 100% o el 50%) se regirán por el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente.

 

La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700, en sus párrafos 1° y 2° del título I establece los marcos para la presentación de candidaturas y de las candidaturas independientes a Diputados y Senadores. Tácitamente, el sistema D’Hondt prohíbe a los independientes ser competitivos en el proceso eleccionario sino es bajo el paragua de algún partido político o pacto electoral, lo que a mi juicio implicaría necesariamente negociar cupos con instituciones partidarias, donde algunas de ellas se muestran abiertamente en desacuerdo con cambiar la actual constitución, y que se encuentran además sumidos en una crisis de representatividad y confianza, llegando, en mediciones sociales previas al “estallido social”, al 5% de confianza.

 

Avanzar a la participación social efectiva

 

El clamor de la manifestación nunca había sido tan claro y la vez, confuso. El problema es que esta institucionalidad no ha sabido (o me aventuraría a decir, no ha querido) interpretar correctamente las señales que ofrece la ciudadanía en las consignas, carteles y cabildos autoconvocados, y eso tiene relación con la estructura institucional de tradición representativa vigente.

 

Hace bastante tiempo que la petición por más participación, y más directa, se ha levantado desde la ciudadanía, y se han hecho intentos de institucionalizar esta situación en las leyes N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana N°007, Ley N°19.880 de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado y (probablemente la mejor implementada), Ley N°20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, pero que definitivamente no han dado abasto al nivel de incidencia en la toma de decisiones requerido, relegándose a informar y consultar, pero no en decidir y cogestionar.

 

Justamente, son los partidos políticos los que han llegado a un acuerdo que, valida la institucionalidad vigente y la democracia representativa como agentes del cambio político-social, cuando en realidad, la calle viene exigiendo ser parte de la decisión en la esfera pública desde hace bastante rato. Los cabildos autoconvocados son tremenda muestra de aquello; de autoorganización, de síntesis de ideas e incluso de espacios legitimados para el levantamiento de candidatos a un eventual proceso constituyente; cooptado por el punto 4 del Acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019.

 

¿Qué pasará con los resultados de la impresionante cantidad de cabildos que se han realizado bajo el alero de Unidad Social en este contexto, será materia del Órgano Constituyente (punto 6)3 o de la Comisión Técnica paritaria entre oposición y oficialismo (punto 10)3? De nuevo, la posibilidad de real de incidencia ciudadana está sujeta a condiciones reproducidas de la antigua forma de hacer política, aun cuando la ciudadanía da demostraciones certeras de responsabilidad de su Poder Constituyente, configurado en los Cabildos Ciudadanos.

 

Avanzar de verdad significa escuchar definitivamente a quienes vivimos en esta franja de tierra; generando las condiciones políticas para que la Asamblea Constituyente esté formada por verdaderos representantes elegidos en un proceso democrático transparente que permita en igualdad de condiciones ser electos a ciudadanos, por su bagaje y trabajo social, académico, cultural y/o empírico, que sea un proceso descentralizado y representativo de las distintas miradas de nuestra sociedad, pero por sobre todo, que no subestime las posibilidades de las personas fuera del marco político actual de autodeterminar y proyectar el país que queremos habitar.

 

* Agradecimientos de revisión a Ricardo Trincado C, Ricardo Trincado N. y Paulina Loncopan C.


1.-  Véase https://superciudadanos.subela.cl/episodes/el-futuro-de-la-acusacion-constitucional-jueves-s1!d0727

2.- Véase https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/11/20/un-nuevo-pacto-social-para-chile-implicancias-del-acuerdo-constitucional/

3.- Véase https://www.elmostrador.cl/media/2019/11/Acuerdo-por-la-Paz-Social-y-la-Nueva-Constitucio%CC%81n-1.pdf

4.- Véase https://www.servel.cl/votaciones-y-escrutinios/

5.- Según la Biblioteca del Congreso Nacional, se usa un método para asegurar la proporcionalidad de candidatos electos, según la votación obtenida por cada partido o pacto. El mecanismo se denomina coeficiente D’ Hondt. Consiste en dividir los votos de cada lista por uno, dos, tres y así sucesivamente hasta la cantidad de cargos que corresponda elegir. Las cifras resultantes se ordenan asignando el número mayor por lista al candidato más votado y así sucesivamente. Luego se comparan los resultados con los obtenidos por las otras listas. Por ejemplo, si se eligen cinco diputados se hace una lista de las cinco cifras más altas de entre todas las listas. Esos candidatos son finalmente electos. Cuando son pactos electorales o asociaciones de partidos con independientes se hará un cálculo similar al interior del conglomerado para determinar qué candidatos son electos. Véase https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/nuevo-sistema-electoral-para-elecciones-parlamentarias-(fin-del-sistema-binominal).

6.-  Véase https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/cerc-mori-la-politica-y-sus-instituciones-estan-en-su-momento-mas/2019-05-27/105223.html 

 

Cobras y ratas: Por qué el aumento en los montos de los subsidios habitacionales no nos hace ningún favor

Cobras y ratas: Por qué el aumento en los montos de los subsidios habitacionales no nos hace ningún favor

Para la época de la colonia Inglesa en India, los usurpadores y explotadores1 pensaron que la mejor forma de eliminar el peligro de las serpientes cobra era ofrecer una recompensa por cada una que fuera llevada muerta a dependencias gubernamentales. En este contexto, miles de ciudadanos comenzaron a criar estos reptiles por la rentabilidad de las recompensas. Atendiendo esta situación, los gobernantes eliminaron esta política pública, generando que el costo de criarlas no tuviera retorno en ganancia y, por ende, liberando las cobras al exterior. Lo demás es lógica: un aumento exponencial de la población de serpientes, lo que desembocó en que la población de estas fuera aún mayor que antes de la mal llamada “solución”.

Algo parecido ocurrió en la localidad de Hanoi, Vietnam. Algunos registros históricos sugieren que el mandato del Gobierno colonial francés recompensaba por cada cola de ratón entregada a las autoridades. Nuevamente florecieron los criaderos. Pero además las ratas que se veían en la calle estaban sin cola.

Ambas situaciones expuestas tienen algunos patrones en común: son una demostración de malas decisiones en la planificación de las políticas públicas, empeoraron el problema inicial para el que estaban destinadas a solucionar, responden a la solución de un problema proyectado de mayor presupuesto fiscal, y finalmente no fueron capaces de hacer un diagnóstico decente del medio ambiente en función de una ejecución ad-hoc a las condiciones.

 

El mes de agosto del año 2018, el Gobierno de turno informó – con bombos y platillos – modificaciones para los subsidios habitacionales “de la clase media”, asociado al Decreto Supremo N°1 de Vivienda y Urbanismo12. De esta forma, el “nuevo subsidio para la clase media” supone aumentar los montos entregados por el subsidio habitacional, así como los aportes en ahorro generados por la familia postulante. No se menciona ni “aumento3” en los valores máximos de adquisición de vivienda (o construcción en sitio propio), ni “aumento” en el acceso a crédito hipotecario (expresado como, por ejemplo, en una propuesta de regulación estatal para la banca que suponga más flexibilidad al acceso o una variante de frentón estatal para la distribución y acceso a crédito para la vivienda)4.

No es sorpresa para nadie que quienes hoy ostentan el Poder Ejecutivo responden a una ideología basada en el individualismo metodológico, la elección racional, y al linaje ortodoxo de Friedman en la herencia de los Chicago Boys. De esa forma, al hacer una pasada por la lógica estructurante de su pensamiento y actuar, queda en evidencia cómo de forma sistemática han estudiado el comportamiento del mercado cuando hay intervención estatal, así como han ido reduciendo la participación del Estado en asuntos privados5.

De esta forma, llegamos al concepto de Incentivo Perverso, el cual aplicaremos como modelo de análisis a la situación de aumento en los montos estatales para los subsidios. ¿Por qué es una política pública mal planificada bajo esta perspectiva? Justamente porque no hay (¿o tal vez sí?) un diagnóstico del contexto; la tercerización en la redistribución económica para la compra de viviendas supone que todos los recursos son traspasados a terceros6, pero esa entrega no responde a un condicionamiento con orientaciones de redistribución social en lo económico, y sólo se traspasan en función del cumplimiento de la normativa técnica vigente7. En otras palabras, el Estado ha aumentado los montos del “beneficio social” en las mismas condiciones que hoy conceden, pero no se ha encargado de establecer reglas claras en el mercado inmobiliario para que los ciudadanos/as compren a un precio justo, y así generar un gasto eficiente del dinero. Simplemente se está aumentando el valor del subsidio base, el cual es – a la falta de regulación – el único referente económico del mercado para saber cuál es el valor de la vivienda social, aquella que en su precio sin distorsiones no cuesta más de 190 Unidades de Fomento pero que en la especulación mercantil referenciado del monto mínimo de subsidio entregado por el Estado vale, al menos, 500 Unidades de Fomento.

 

Esto se transforma en un problema de incentivo perverso con varias aristas. La primera, la que dice relación con el círculo vicioso en la eficiencia del gasto público al mediano y largo plazo; a decir, el aumento de montos en función de la asignación de precios del mercado y no en conjunto con una regulación de precios pertinente genera que los precios mínimos de las viviendas eleven el estándar de precios del mercado. En términos simples, si una vivienda que costaba 190 unidades de fomento hoy vale 500 unidades de fomento por la mala lectura del mercado por parte del Estado, entonces las viviendas que cuestan 500 unidades de fomento hoy valen, al menos, el triple de su valor. Por lo tanto, el aumento de la plusvalía de las viviendas ya no sólo responde a factores de tasación técnicos y de accesibilidad, sino que además se suma al referente Estatal tácito mínimo de valor inmobiliario:

 

500 U.F. + 500 U.F. = 1000 U.F.

Desde una perspectiva de acciones vinculantes, se proyecta un problema insoslayable en términos de eficiencia del gasto fiscal; ya no sólo estamos lidiando con una política aislada en materia de referencias tácitas del Estado para los precios mínimos de acceso a la vivienda, sino que se ha transformado en hoja de ruta para el accionar futuro. Seguirán aumentando los montos de entrega de subsidios, acrecentando aún más la ineficiencia redistributiva en el accionar desregulado del mercado.

Debemos ser capaces de entender un poco más allá de nuestras narices. Mientras no visualicemos estas situaciones, seguirán las autoridades entregando beneficios diseñados para que en su finalidad beneficie a los emprendedores que crían ratas y cobras, aquellos donde no se cumple el trade-off entre tamaño y localización, y que especulan en el mercado con el monto base del subsidio habitacional beneficiándose del sobreprecio en la adquisición o construcción de viviendas de baja calidad1; de esas que por su inversión fiscal, han pagado el costo de oportunidad el financiamiento de programas sociales de alto impacto2, de esas que cuando se aplican en inmobiliarias se adquieren viviendas en la periferia de la ciudad3, sin derecho a servicios básicos, de esas que claramente les falta la cola, y se siguen reproduciendo en un ciclo sin fin de desperdicio económico social.

 

1 Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/368-7430-9-2-india.shtml/

2 Fuente: http://www.minvu.cl/opensite_det_20180820112217.aspx

3 Fuente: http://www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20061113165715&hdd_nom_archivo=DS_%201_2011_ACT_21_06_2017-%20Sistema%20Integrado%20de%20Subsidio%20Habitacional.pdf

4 Probablemente no sea la mejor palabra para enunciar la idea, pero juega semánticamente con el concepto del “aumentar los beneficios estatales” y dónde el Gobierno está poniendo los énfasis.

5 Fuente: https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/08/22/minvu-aumenta-montos-de-subsidio-para-la-clase-media-y-cambian-requisitos.html

6 Fuente: http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpv_ln4TfAhUEEZAKHUJeCgoQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Frevista.fder.edu.uy%2Findex.php%2Frfd%2Farticle%2Fdownload%2F273%2F296%2F&usg=AOvVaw2_hWSeieqvntLLzaBrdafH. Ver también https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130909_chile_pinochet_modelo_lp

7 Al revisar la Ley de Presupuestos 2018, se aprecia que el subtítulo 33 ítem 01 corresponde a transferencias de capital al sector privado. Para el caso del subsidio “Sistema Integrado de Subsidio”, se asocia al subítem 132.

8 Como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y el propio Decreto Supremo N°1/2011 (V. y U.)

9 Fuente: https://politicaspublicas.uc.cl/estudios-demuestran-mala-localizacion-de-viviendas-sociales-y-gentrificacion-de-santiago-centro/

10 Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/05/04/hacienda-anuncia-plan-austeridad-20-recortara-us-1-150-millones-ano.html

11 Fuente: http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/598/828