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La opinión que ha hecho llegar el gobierno de Chile junto a sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay reviste una enorme gravedad para la plena vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro continente.

La posibilidad de que los derechos que los Estados se comprometen a respetar sean amparados en instancias con una jurisdicción que los hace vinculantes más allá de las respectivas fronteras nacionales, como son la Comisión y la Corte Interamericana, ha constituido un logro fundamental en la turbulenta historia de la democracia y de la dignidad de los habitantes de nuestra región.

Relativizar hoy tales competencias en aras de la autonomía de los Estados deja entregada a los gobiernos de turno la posibilidad de determinar la pertinencia de sus resoluciones e implica una evidente regresión en la forma en que se entiende y promueve la universalidad de los derechos humanos. Su consecuencia obvia será que tales Estados mutarán sus esfuerzos desde el fortalecimiento de la vigencia de los derechos de sus nacionales hacia la descalificación de los reproches que desde el sistema interamericano se les pudiera hacer al respecto.

El riesgo abierto por los gobiernos que suscribieron esta opinión conjunta, al cuestionar logros que parecen tan evidentes, es otra preocupante señal de que principios claves sobre los derechos humanos y la democracia no terminan de asentarse en los sectores políticos que tales gobiernos representan.

Yerko Ljubetic G.