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Una mirada simple al panorama actual

 

Por el contexto de su construcción y la finalidad que tuvo en su esencia, no soy muy optimista con el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, pero creo que debemos mirar con detenimiento las implicacias de lo establecido en esta ruta constituyente.

 

Es de conocimiento público los cuestionamientos de la ciudadanía (y de algunos sectores políticos que no les ha agradado mucho el acuerdo) a los eventuales 2/3 como quórum para la toma de decisiones sobre las normas y el reglamento de votación, o lo relacionado a la hoja en blanco (que al parecer es más gris que blanca, según el Sr. Allamand), o que no existe obligatoriedad de voto declarada en el plebiscito de entrada pero sí en el de salida – lo que me parece francamente muy extraño – o que se establece sólo un año de inhabilidad de los asambleístas (o convencionistas, a esta altura da lo mismo) para formar parte de un proceso eleccionario venidero, donde no se asegura la consecución del bienestar colectivo por sobre la rentabilidad individual en términos políticos.

 

No obstante, hay un punto en particular que ha sido regularmente soslayado en los análisis (a excepción de comprometidos profesionales como el abogado Mauricio Daza, o medios digitales como El Mostrador) donde se establece que, en caso de ganar la opción de “apruebo” en la pregunta “¿Quiere Usted una nueva Constitución?”, quienes sean electos por votación popular (ya se el 100% o el 50%) se regirán por el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente.

 

La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700, en sus párrafos 1° y 2° del título I establece los marcos para la presentación de candidaturas y de las candidaturas independientes a Diputados y Senadores. Tácitamente, el sistema D’Hondt prohíbe a los independientes ser competitivos en el proceso eleccionario sino es bajo el paragua de algún partido político o pacto electoral, lo que a mi juicio implicaría necesariamente negociar cupos con instituciones partidarias, donde algunas de ellas se muestran abiertamente en desacuerdo con cambiar la actual constitución, y que se encuentran además sumidos en una crisis de representatividad y confianza, llegando, en mediciones sociales previas al “estallido social”, al 5% de confianza.

 

Avanzar a la participación social efectiva

 

El clamor de la manifestación nunca había sido tan claro y la vez, confuso. El problema es que esta institucionalidad no ha sabido (o me aventuraría a decir, no ha querido) interpretar correctamente las señales que ofrece la ciudadanía en las consignas, carteles y cabildos autoconvocados, y eso tiene relación con la estructura institucional de tradición representativa vigente.

 

Hace bastante tiempo que la petición por más participación, y más directa, se ha levantado desde la ciudadanía, y se han hecho intentos de institucionalizar esta situación en las leyes N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana N°007, Ley N°19.880 de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado y (probablemente la mejor implementada), Ley N°20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, pero que definitivamente no han dado abasto al nivel de incidencia en la toma de decisiones requerido, relegándose a informar y consultar, pero no en decidir y cogestionar.

 

Justamente, son los partidos políticos los que han llegado a un acuerdo que, valida la institucionalidad vigente y la democracia representativa como agentes del cambio político-social, cuando en realidad, la calle viene exigiendo ser parte de la decisión en la esfera pública desde hace bastante rato. Los cabildos autoconvocados son tremenda muestra de aquello; de autoorganización, de síntesis de ideas e incluso de espacios legitimados para el levantamiento de candidatos a un eventual proceso constituyente; cooptado por el punto 4 del Acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019.

 

¿Qué pasará con los resultados de la impresionante cantidad de cabildos que se han realizado bajo el alero de Unidad Social en este contexto, será materia del Órgano Constituyente (punto 6)3 o de la Comisión Técnica paritaria entre oposición y oficialismo (punto 10)3? De nuevo, la posibilidad de real de incidencia ciudadana está sujeta a condiciones reproducidas de la antigua forma de hacer política, aun cuando la ciudadanía da demostraciones certeras de responsabilidad de su Poder Constituyente, configurado en los Cabildos Ciudadanos.

 

Avanzar de verdad significa escuchar definitivamente a quienes vivimos en esta franja de tierra; generando las condiciones políticas para que la Asamblea Constituyente esté formada por verdaderos representantes elegidos en un proceso democrático transparente que permita en igualdad de condiciones ser electos a ciudadanos, por su bagaje y trabajo social, académico, cultural y/o empírico, que sea un proceso descentralizado y representativo de las distintas miradas de nuestra sociedad, pero por sobre todo, que no subestime las posibilidades de las personas fuera del marco político actual de autodeterminar y proyectar el país que queremos habitar.

 

* Agradecimientos de revisión a Ricardo Trincado C, Ricardo Trincado N. y Paulina Loncopan C.


1.-  Véase https://superciudadanos.subela.cl/episodes/el-futuro-de-la-acusacion-constitucional-jueves-s1!d0727

2.- Véase https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/11/20/un-nuevo-pacto-social-para-chile-implicancias-del-acuerdo-constitucional/

3.- Véase https://www.elmostrador.cl/media/2019/11/Acuerdo-por-la-Paz-Social-y-la-Nueva-Constitucio%CC%81n-1.pdf

4.- Véase https://www.servel.cl/votaciones-y-escrutinios/

5.- Según la Biblioteca del Congreso Nacional, se usa un método para asegurar la proporcionalidad de candidatos electos, según la votación obtenida por cada partido o pacto. El mecanismo se denomina coeficiente D’ Hondt. Consiste en dividir los votos de cada lista por uno, dos, tres y así sucesivamente hasta la cantidad de cargos que corresponda elegir. Las cifras resultantes se ordenan asignando el número mayor por lista al candidato más votado y así sucesivamente. Luego se comparan los resultados con los obtenidos por las otras listas. Por ejemplo, si se eligen cinco diputados se hace una lista de las cinco cifras más altas de entre todas las listas. Esos candidatos son finalmente electos. Cuando son pactos electorales o asociaciones de partidos con independientes se hará un cálculo similar al interior del conglomerado para determinar qué candidatos son electos. Véase https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/nuevo-sistema-electoral-para-elecciones-parlamentarias-(fin-del-sistema-binominal).

6.-  Véase https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/cerc-mori-la-politica-y-sus-instituciones-estan-en-su-momento-mas/2019-05-27/105223.html