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Alejandra Donoso, abogada ambientalista, visitó Curaco de Vélez se presentó el pasado 26 de enero en el Foro “Derechos Humanos, territorialidad y contexto social”, desde el 2011 ha estado vinculada a los temas ambientales primero en investigación y después de forma activa con las comunidades.

 

Fundadora de la organización jurídica “Defensoría Ambiental” y profesora de la Clínica Jurídica de Justicia Ambiental de la UDP, ha llevado la representación de diversas causas ambientales en la zona central del país entre las que destaca su reciente participación en la delegación vinculada a organizaciones y habitantes de “zonas de sacrificio” en el marco del examen periódico universal (EPU) al Estado chileno que realizan los mecanismos y procedimientos de protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Por Luis Humberto Ruiz Subiabre

 

Conocedora de la situación que se vive en materia ambiental, Alejandra se encuentra en la primera línea de las discusiones medioambientales, en diciembre viajo junto a una delegación a Ginebra en el marco del EPU y la segunda semana de febrero viajan a Sucre ante la Comisión interamericana de DDHH exponiendo la situación dramática que vive la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví.

 

Nuestra entrevistada fue parte del panel del foro “Derechos Humanos, territorialidad y contexto social”, en su exposición nos deja en claro desde donde se sitúa para exponer su punto de vista, el trabajo que ha realizando desde hace ya algunos años por la defensa, apoyo y colaboración con las comunidades que han visto vulnerados sus derechos a un medio ambiente libre de contaminación, derecho por lo demás consagrado en la constitución pero que en la práctica es sólo letra muerta.

 

En su exposición hace un repaso de su experiencia representando a las zonas de sacrificio, este concepto que se ha instalado en la discusión pública a raíz de las intoxicaciones de las población de Quintero y Puchuncaví, aparece por primera vez el 2014 en el Informe Anual de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acuñado originalmente en Estado Unidos en los 70’s se refiere a una zona geográfica determinada, que ha estado permanentemente sujeta a daño ambiental y que afecta a comunidades económicamente empobrecidas, hoy en Chile se reconocen varias “zonas de sacrificio”; Quintero-Puchuncaví, Tocopilla-Mejillones, Huasco, Til-Til, Coronel entre otras. En todas ellas existe una situación de injusticia ambiental, señala.

 

Alejandra plantea que nos encontramos en una relación de poder tremendamente desigual, el extractivismo es una expresión de estas relaciones en el sur del mundo, en donde comunidades están siendo despojadas de bienes elementales para la vida en función de los grandes mercados de materia primas y alimentos.

 

Cuando habla de la institucionalidad ambiental y el ordenamiento jurídico ambiental, nos deja en claro La institucionalidad ambiental no da el ancho, no resguarda a las personas y el medio ambiente, fue diseñada para la aprobación de proyectos, de esto hablamos durante a entrevista, intentando despejar dudas sobre la situación que vive la institucionalidad ambiental hoy.

 

El ordenamiento jurídico ambiental es relativamente nuevo, ¿según tu mirada a qué obedece?, ¿qué se expresó ahí?

Creo que es una expresión genuina de preocupación ante lo que venía, en la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1992, ya Aylwin en el mensaje de la Ley planteaba en algunos discursos que debemos resguardar el medio ambiente, los juristas que estuvieron detrás de la Ley pensaban en cómo resguardaban ese patrimonio ambiental, pero para servirnos de él. En esa buena preocupación estaba la trampa de administrar esos bienes, y en la administración de esos bienes que nos son útiles, se cuela el modelo económico que es exportador y en tanto exportador es extractivo.

 

Por otro lado el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) que entra en vigencia en 1997, está hecho con la finalidad al menos discursiva de ponerle límites a las consecuencias que se pueden generar de un proyecto determinado, por lo tanto el SEIA no te dice usted aquí haga esto, te  dice “usted hágalo y dígame como se va a hacerse cargo de esas consecuencias”, no hay problema con que lo haga para eso estamos, para eso tenemos mar para que lo llene de salmonicultura, por ejemplo.

 

Se piensa en el resguardo del patrimonio ambiental pero para el PIB, para ser explotados, para el crecimiento económico, para no morir en el intento de desarrollarnos, ahora ese no morir en el intento es netamente discursivo, porque hemos traspasado todos los límites de sostenibilidad de la vida.

 

Un caso claro de esto es Alto Maipo, las autoridades saben que se está secando el acuífero y en vez de decir “pare no seque el acuífero”, dice “póngale una placa de acero para que no se infiltre el agua”.

 

Esta falta de límites da cuenta de que toda esta protección de la que se habla es solamente discursiva, porque uno podría decir este patrimonio es para el capital para que se siga enriqueciendo pero al capital se le va a acabar también y ¿por que ahí no importa?, porque al capital no le importa el recurso, no lo necesita para vivir lo necesita para enriquecerse y el enriquecimiento es solo un número, las ganancias a corto plazo.

 

Comentabas en el foro que la institucionalidad ambiental no da el ancho, pareciera estar agotada encontrándonos en un nuevo punto de inflexión en materia ambiental. El Gobierno ha impulsado una reforma de la institucionalidad ambiental ¿Cómo ves estas reformas?

 

El proyecto de reforma del SEIA no le gusta a nadie, da hasta susto estar de acuerdo con los sectores que representan a las empresas, y te cuestionas si algo está mal en ese razonamiento que vemos lo mismo. Pero no, efectivamente este sistema que se creó para darle legitimidad al despojo contienen herramientas básicas que le dan voz a las comunidades, aunque es muy difícil dar vuelta el resultado de un proyecto solo con esas herramientas, han permitido obstaculizar la inversión y les encarecen el proyecto a la empresa, porque les obliga a contratar abogados, porque necesitan hacer estudios con variables más amplias, etc, en ese sentido está agotado para las comunidades porque no es una participación útil y para las empresas porque les gustaría que esto fuera un mero trámite.

 

A las empresas les molesta la judicialización, por eso hablan de las incertezas jurídicas porque pasa mucho tiempo entre que ellos ingresan sus proyectos y hasta que pueden ejecutarlos sin problemas, de hecho hay proyecto que tienen su resolución de calificación ambiental (RCA) y no lo ejecutan hasta dos años, porque el recurso con más plazo que puedes ejercer es de dos años y pierden con esto una cantidad de tiempo que se traduce para ellos en dinero.

 

En este sentido las empresas piensan en una reforma, uno de los elementos más aberrantes es que les quita plazo a la participación ciudadana con esto las comunidades tienen aún menos tiempo para conocer el proyecto, entenderlo, hacer observaciones, asesorarse. Lo que antes se hacía en 30 o 60 días ahora se debiera hacer en 20 días según este proyecto. Nadie abierta o públicamente va a decir que quiere restar tiempo a la participación ciudadana, que el medio ambiente es algo que no hay que defender.

 

Hablábamos antes de la entrevista y comentamos el contexto de Chiloé, los problemas que se viven en este territorio, la situación de Mayo del 2016, ¿Cómo interpretas lo que pasa en Chiloé desde tu experiencia en las zonas de sacrificio?

 

Primero apuntar que estamos en un momento de agudización de las contradicciones, por una parte quienes ejercen el poder saben que existe un descontento generalizado, no se trata solo del extractivismo, que nos están secando los ríos, que están destruyendo las montañas, matando los ecosistema, es también que nos están robando la plata de las AFP, que nos pagan sueldos de miseria, que la política es financiada por las empresas, a pesar de esto sigue habiendo mucha gente desinformada.

 

Ahora, qué hacer frente a esto, la necesidad de informarse, de organizarse, de generar propuestas alternativas, esta es una salida posible; otra es que la olla a presión explote. Además esto en un escenario de cambio climático, hoy mismo hubo 37 grados en Santiago entonces vemos que los efectos cada vez son más evidentes, ya hay muchos lugares que no tienen agua por ejemplo.

 

En este contexto de agudización de los procesos biológicos, creo que la supervivencia de la humanidad en las condiciones que estamos son muy difíciles, no es posible una salida sin que nos organicemos.

 

Para hablar de Chiloé debemos contextualizar con los proyectos que están en marcha, principalmente los de infraestructura a nivel de América Latina como el IIRSA, que intenta generar canales bioceánicos, en el fondo comunicar el océano pacífico con el atlántico, el norte con el sur y con esto traer recursos para los chinos. Chile bajo ese contexto tiene el peligro creciente de convertirse en una gran “zona de sacrificio”.

 

Chiloé que ha convivido con la salmonicultura y la industria forestal, ahora tiene problemas de agua, la situación de riesgo de los pomponales que agudiza el problema del agua, y vas viendo los recursos que se extraen aquí y cuales son los derechos que se ven afectados, ves que existe un riesgo inminente que debemos atender, este es el momento de juntarse y de coordinarse, de buscar alternativas.

 

En la presentación comentabas que existían tres elementos que caracterizan a una zona de sacrificio, un diseño normativo que fomenta el extractivismo, un abandono por parte del Estado, y la vulneración de derechos humanos, en el caso de Chiloé las primeras dos se cumplen, ¿podrías desarrollar la vulneración de los derechos humanos para entender de qué estamos hablando?

 

Primero en esta triada que conversábamos en el foro, derechos a la vida, la salud y el medio ambiente, ya con esos tres derechos vulnerados no es posible asegurar, ni educación, ni cultura, ni ningún otro. Para no vaciar el concepto y que todo sea calificado de zona de sacrificio debemos tener cuidado a la hora de catalogar, pero en términos teóricos muchos lugares podrías ser considerados, bajo esta definición entra Chiloé. Ahora bien, existen matices, acá la gente no se está envenenando con gases tóxicos, por beber agua con arsénico, pero son matices y si bien aún existe aire, bosques, ríos y mar que ya están contaminados aún es posible vivir, en Chiloé debemos estar alerta porque podría ir adquiriendo características de una “zona de sacrificio”.