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Hacia fines del año recién pasado se realizó en la ciudad de Castro un seminario sobre cárceles, con un importante marco de asistencia, lo que demuestra el interés y necesidad de contar con espacios de esa naturaleza, ésa fue una oportunidad para la reflexión desde una perspectiva crítica, acerca de las condiciones cada vez más complejas y la dramática realidad que viven hombres y mujeres que por diversas razones se encuentran recluidos en los recintos del sistema carcelario chileno y que se ven enfrentados en su vida cotidiana a múltiples y variadas vulneraciones de derechos.

En tal perspectiva, analizar y evidenciar la neutralidad de la institucionalidad pública para asumir, desde la perspectiva de derechos, las condiciones y realidad de vivir en la cárcel hoy día en el sentido de encontrar soluciones participativas e integradas, especialmente con los afectados, que son los propios reos, permitiendo encontrar salidas a dichas condiciones y especialmente, sobre los procesos de reinserción social.

Nuestro ordenamiento jurídico sostiene que, para las personas que están recluidas, “fuera de los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”. No obstante, esto se incumple diariamente evidenciando una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estas han sido constatadas en diversos informes poniéndose énfasis en el hacinamiento y las denuncias de tortura.

Las representaciones sociales asocian generalmente las penitenciarías o cárceles mucho más con la idea de castigo que como espacio rehabilitador. Desde esta perspectiva, en la visión de occidente, una persona que realiza un acto que la sociedad considera inaceptable, debe ser castigada y el Estado debe crear y mantener instituciones penales responsables de hacer cumplir esa sanción. El Estado, sin embargo, no ha jugado un rol relevante en la revisión sobre las condiciones de vida de los internos dentro de las cárceles concesionadas o no, vulnerando los derechos de las personas que han estado privadas de libertad dentro de estos recintos.

El sistema penitenciario chileno, tanto el que mantiene privado de libertad a adultos como a menores de edad infractores de ley, no cuenta con condiciones mínimas que permitan la efectiva rehabilitación y reinserción social de las personas. Esto es así por múltiples razones: unas de orden material por la falta de espacios adecuados, recursos y equipamientos necesarios; otras por falta de profesionales suficientes, capacitados, bien remunerados, con sistemas de turnos adecuados, etc.; otra de las razones, de la cual dependen las anteriores y que constituye el fondo del problema, responde a la ideología imperante en el sistema carcelario, altamente represiva y castigadora, que no logra dotar de condiciones que posibilite habilitar una vida digna en los intramuros. El fin del sistema carcelario es el control de los sujetos, el cual se logra mediante la negación y despojo de todos los derechos y no constituye un sistema que, permitiendo que una persona salde su deuda con la sociedad por haber infringido su ley, y que, en ese proceso pueda ser recuperado para esa misma sociedad reparando los factores que lo implicaron en la trayectoria o el hecho delictual.

Hacinamiento, falta de rehabilitación y poca reinserción son conceptos que se repiten a la hora de hablar de la realidad carcelaria chilena. Pese a ello, pocas veces se aborda el tema con cifras que grafiquen en detalle cuál es la verdadera situación que vive la población penal. Sin embargo, durante la discusión del Presupuesto 2017 desde el senado se solicitó a Gendarmería una serie de datos sobre el número total de internos en el país, los tipos de delitos por el que están detenidos y el porcentaje de reclusos que participan en programas educativos, entre otros temas.

Y el organismo respondió, y lo hizo a través de un oficio que dio cuenta de que al 31 de octubre de 2016 había 43.866 personas privadas de libertad, de las cuales 40.208 eran hombres y 3.658 mujeres. Un dato llamativo es que del total de internos, un tercio de ellos (14.371) está en prisión preventiva mientras la fiscalía realiza investigaciones para definir su futuro procesal.

En cuanto a los tipos de delitos, el texto firmado por el ex director de Gendarmería, Jaime Rojas, detalla que 22.081 hombres y mujeres están tras las rejas por haber cometido un robo. El segundo ilícito de la lista es la infracción a la ley de drogas, por la cual 9.971 personas están en prisión. Más atrás le siguen los homicidios, con 3.370 internos; los delitos sexuales, con 3.129 presos, y la infracción a la ley de control de armas, con 3.095 individuos privados de libertad. En tanto, por delitos económicos se registran 324 casos.

Más que una respuesta natural al aumento de la criminalidad, nos encontramos ante una forma de hacer política que reproduce la inequidad a través del uso indiscriminado del derecho penal, donde algunos abogados señalan que el derecho penal es para los pobres y el derecho civil para los ricos. El problema es que la cárcel se constituye como un reflejo de las inequidades sociales y, simultáneamente, como un motor que las reproduce e intensifica.

En síntesis, no existe en Chile una política pública consistente de persecución de los delitos que ocurren al interior de los recintos carcelarios, por lo que hoy constituye un desafío su denuncia e investigación. Cabe destacar que la precaria situación de las cárceles en Chile y el resto de nuestro continente desencadenan la violencia y, por ende, la consumación de numerosos delitos, que incluso culminan en la muerte de internos (Fuente informe DDHH UDP 2015).

Este informe concluye generando una serie de recomendaciones, entre las que destacamos la necesidad de generar una política penitenciaria consistente e interinstitucional, que necesariamente incluya una ley de ejecución penitenciaria y establezca claramente la figura y atribuciones de un juez de ejecución; fortalecer el rol de la Unidad de Defensa Penitenciaria de la Defensoría Penal Pública y redefinir las funciones de Gendarmería, entre otras.

Debemos entender que los derechos humanos cuentan para todos y todas. Es deber del Estado hacerse cargo de algo que históricamente se ha omitido, que para muchos es electoralmente impopular, pero que es parte de la responsabilidad que el Estado y nuestra sociedad tienen con todos y cada uno de los chilenos, incluso aquellos que se encuentran privados de libertad por cualquier causa o razón.

Por Patricia Flores G.

Profesora y Magister en Educación