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Por Mario Contreras Vega, Escritor

Todos los chilenos –estoy seguro- estuvimos atentos este 28 de octubre, a las modificaciones que el Presidente Piñera iba a realizar a su Gabinete, toda vez que, de ese hecho, íbamos a percibir si la derecha chilena que nos gobierna había entendido o no la magnitud de la crisis que vive nuestro país y el repudio generalizado que la profundización del neoliberalismo y el repunte de las medidas coercitivas y de represión contra los descontentos ha logrado movilizar como nunca en su historia a los chilenos, haciendo caer violentamente el margen de apoyo a los “políticos” que nos han violentado durante treinta largos años.

Y que conste que no es solo Piñera y los representantes oficiosos del poder económico de este país. Incluyo en esta lectura los integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia, que hoy intentan aparecer como comprensivos demócratas, quienes iniciaron el baile de máscaras que los mostró como eficaces administradores de la constitución heredada de Pinochet, que nunca quisieron modificar en su esencia, y como copartícipes agradecidos en el reparto de gran parte del poder económico, sin objetarlo, del que se había apropiado la derecha golpista al transferirse, casi sin costo, las numerosas empresas del estado, además de apropiarse de los fondos de los trabajadores a través de las AFPs, las Isapres, la Educación, la Salud, la Energía, los puertos y cada una de las empresas estratégicas que permiten el funcionamiento de una nación que hasta el golpe militar del 73 era Soberana toda vez que aquellos bienes nos pertenecía a cada uno de los chilenos de a pié, ya que fue forjado con el ahorro de todos.

Por cierto, aunque en menor medida, también tiene responsabilidad en esta crisis de confianza la Nueva Mayoría, coalición de partidos de centro izquierda que no fue capaz de prever el signo de malestar que recorría el país, reflejado en las inicuas leyes que ellos mismos prohijaron, como la voluntariedad del voto que implicó la pérdida de representatividad de las autoridades electas y el peso político de aquellos que no participaron, que superó al 50 por ciento de los votantes registrados en los registros electorales.

Una lectura correcta de dicho fenómeno hubiese sido suficiente para intentar atender las exigencias ciudadanas y modificar el escenario, dando paso a las exigencias de reescribir la Constitución dando paso a una Asamblea Constituyente, paso que hubiese permitido dar representación a los diversos grupos ciudadanos que queriendo participar no logran sumarse a la “institucionalidad” porque ésta no los representa ni le da espacios para ello. Una nueva Constitución, y eso tenemos que tenerlo claro, debe reformar las leyes del congreso nacional, impidiendo las constantes “reelecciones” de los principales implicados en el devenir político de los últimos 50 años, incluido el caso de corruptos confesos y declarados, a los cuales el sistema judicial esquivó y se negó finalmente a procesar.

Solo un cambio total de la Constitución, que transforme de raíz la matriz ideológica neoliberal y libre-empresarial que la sustenta y le devuelva al estado (y a todos los chilenos) la capacidad de transformarse en un agente activo de su desarrollo podrá devolver la confianza de los chilenos en la llamada “cuestión pública”. Ello implica, entre otras medidas, que las autoridades que se elijan a futuro estén obligadas a cumplir con requisitos éticos y de servicios comprobados en su vida personal, que los cargos sean revocables por un porcentaje de ciudadanos relacionados con los votos que haya obtenido, que la Justicia tenga su base de acción en el bienestar y la seguridad de los más débiles y no en la protección de los dueños de la fortuna, que se declare explícitamente que será una violación a los derechos humanos la negación de servicios tales como salud, educación, pensión digna, atención preferente a los ciudadanos con mayor fragilidad social.

Y por supuesto, el gran cuello de botella: la eliminación de las AFPs y el regreso y la integración de todos los ciudadanos a un sistema estatal de previsión y seguridad social, financiado en partes iguales y en forma tripartita por todos los chilenos, (Estado-empresario-trabajadores), sistema al que deberán adscribirse obligatoriamente las FFAA y Carabineros, pues en dicha nueva Carta Fundamental debe quedar claramente establecido que la expresión que dice “todos los ciudadanos somos iguales ante las ley” debe cumplirse obligatoriamente, y que no puede existir ni podrá permitirse en ninguna constitución democrática ni un capítulo, un inciso o siquiera una frase que permita que se vulnere el sentido de la igualdad ante la ley, ni siquiera por estatutos que fueron dictados reservadamente y arbitrariamente por una dictadura que nos violentó a todos los chilenos y que la gran mayoría de los chilenos repudia.

Cuando hayamos concordado este nuevo país, que está llamado a nacer de esta crisis y no de otra ya que ningún ser humano, después de descubrir que ha sido estafado durante treinta años, está dispuesto a continuar siendo estafado por aquellos que, con mínimas transformaciones, pequeños y mínimos cantos de sirena, quieren adormecernos declarando que nos han oído, que han tomado nota, mientras cambian un par de rostros de un equipo de gobierno que sigue predicando respecto a la necesidad d mantener la producción, porque eso es lo primero.

Para ellos, por supuesto, es lo primero, pues aumentar la producción de sus esclavos les permite seguir administrando el modelo, sea a palos, a punta de bombas lacrimógenas o llamando a los militares que los defienden a asesinar a nuestros dirigentes y voceros impunemente, (cancelándole bonos extras por aquel “sacrificio”).

No es así, sin embargo, para todos aquellos que subsumidos en la pobreza, desesperan día a día por llegar a fin de mes, por no enfermarse y no tener que esperar largos meses por una hora para ser atendidos por un médico, por aquellos chilenos que en pleno siglo XXI aun no conocen el agua potable y no tienen cómo cubrir los gastos de la educación de sus hijos y nietos porque el estado no está interesado en que ellos se eduquen para seguir administrando su parcela de poder.

POR TODO ELLO, lo principal de este momento es continuar presionando para obtener, sino la renuncia del Presidente, al menos que se inicie el recorrido de la construcción de un amplio poder ciudadano que logre imponer el cambio a la Constitución fascista que nos rige.

Castro, 28 de octubre de 2019.

DIA DE LA NECESARIA INDIGNACION