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La parlamentaria de Izquierda Autónoma precisó puntos algunos que contiene la ley y criticó la presión que ejerció el Ejecutivo para que se aprobara la iniciativa. “Es inentendible la prioridad exacerbada que el Gobierno le dio a este proyecto”, dijo la diputada en conversación con Radio Universidad de Chile.

Por Diario Uchile

Diversas reacciones ha suscitado la aprobación del proyecto de Convivencia Escolar -ex Aula Segura- en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa fue despachada con amplio apoyo de la oposición, hay quienes critican la efectividad de la ley en la práctica.

Una de ellas es la diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, quien aseguró que esta ley “no solucionará el problema de fondo de la violencia en los colegios”.

En conversación con radio Universidad de Chile, la parlamentaria se refirió a la presión que ejerció el Ejecutivo para que se aprobara el proyecto y a los vacíos que contiene la ley, que está a la espera de ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. Rojas criticó la forma en que el Gobierno centralizó e intervino la discusión de la iniciativa que sanciona la violencia en los colegios.

“Fue un debate marcado por la presión ejercida desde el Ejecutivo. Lamentablemente en la Cámara no pudimos hacer aporte para mejorar el proyecto por la negativa del Ejecutivo de mantenerlo en las mismas condiciones. Por parte del trámite, creo que se dejó harto que desear”, señaló.

La diputada estimó que el debate estuvo marcado en términos mediáticos, donde las imágenes de violencia contra funcionarios policiales en colegios plantearon esta ley como una necesidad nacional, pero que no necesariamente será una solución al problema de la violencia en los colegios. En esa línea, apuntó a que la ley de Convivencia Escolar recoge medidas que ya existían.

“Efectivamente han ocurrido casos de violencia extrema que han sido muy citados para poder sacar esta ley, pero no responden a la realidad nacional y son más bien casos focalizados que se podían resolver vía reglamento. La Municipalidad de Santiago es particularmente la que se ha visto afectada por estas situaciones y allí el sostenedor, el alcalde (Felipe) Alessandri, tiene un rol también. Esto se pudo haber hecho de otra manera sin tener que haber creado una ley ni haber tenido que esperar tanto tiempo”, sostuvo Rojas.

Vacío en las sanciones

La parlamentaria precisó que la mayoría de las agresiones en los establecimientos se da por parte de los apoderados a los profesores, una arista que, a su parecer, se mantuvo fuera de la discusión en el Congreso. Pese a que el debate amplió los alcances de la ley a toda la comunidad educativa, para Rojas sigue existiendo un vacío en la aplicación de las sanciones.

“Al comienzo, cuando el Ejecutivo ingresó el proyecto, sólo consideraba a los estudiantes. En el Senado eso se extendió a toda la comunidad educativa. Sin embargo, el proyecto quedó con un vacío. Si bien considera que cualquier miembro de la comunidad educativa puede cometer un acto de violencia, las sanciones son sólo explícitas para el caso de los estudiantes. Hay una serie de problemas que no tienen  que ver con los estudiantes, sino con los adultos dentro del establecimiento educacional que no tienen sanción en la ley”, puntualizó la parlamentaria.

En cuanto al aumento de las agresiones en los colegios, la diputada de la Izquierda Autónoma puntualizó que la violencia existe en la sociedad en general y es un problema del que hay que hacerse cargo. “Hay algunos que hablan de tolerancia cero, pero sabemos por la gente que trabaja en el aula que la tolerancia cero no es efectiva. Con ello, finalmente, lo que se hace es trasladar el problema de un lugar a otro”, dijo.

Por ejemplo -explicó Rojas- la expulsión de un alumno por violencia puede llevarlo a una serie repetitiva de expulsiones en diversos colegios, pero esto no solucionará su conducta agresiva.