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  • El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede de los Lagos, Mauricio Maya (44) , entregó su opinión respecto a la situación de extrema violencia vivida por el Lonko Fidel Rain y su familia en el territorio WekeTrumao, hechos que al ser  un conflicto “entre particulares” ,  le impide al INDH ser mediadores del conflicto. Sin embargo “se encuentran en la obligación de denunciar si hay acciones que podrían mejorar por parte de agentes estatales”.

 

Frente a las denuncias realizadas la semana pasada por el Lonko Fidel Rain y su familia en el territorio WekeTrumao, por haber sufrido sido emboscados, agredidos y amenazados de muerte, es que se le otorgó protección policial. La acción nacería por un conflicto entre comunidades Williches por la explotación del bosque nativo, y la presunta disputa y apropiación territorios, por parte de madereros ilegales de comunidades Williches del sector Huaipulli. Estas comunidades estarían siendo financiados por instituciones públicas del estado y estarían a su vez, depredando milenarios bosques nativos en zonas de la comuna de Quellón de Chiloé.

Inauguración oficina en Puerto Montt, año 2015

 

Bajo éste contexto, es que se le consultó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),   corporación autónoma de derecho público creada el año 2020, por la Ley N° 20.405 y destinada a promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile, cuál es su visión respecto a la problemática del sector de WekeTrumao, sus campos legales de acción y las estrategias que barajan para dar respuesta y apoyo a las comunidades.

 

 

¿Cuál es la posición que tiene el INDH, frente al conflicto entre las comunidades williches del sector de WekeTrumao?

“Estamos frente a una situación de vulneración de derechos humanos cuando un agente estatal o público -en el amplio sentido de la palabra- por acción u omisión, afecta la dignidad o integridad de una persona, de una familia, de un grupo o de una comunidad en general. Entonces, respecto a la denuncia del Lonko Fidel y su comunidad, respecto al ataque de otros particulares, nosotros como INDH no tenemos margen de acción legal. Nuestro mandato nos impide presentar acciones sobre particulares. Sin embargo, en el contexto de la denuncia que realiza el Lonko, consideramos que hay acciones que podrían mejorar por parte de agentes estatales: Llámese policía de investigaciones, carabineros, o Fiscalía local de Quellón. En éste ámbito, hemos adquirido un compromiso con ellos (la familia del Lonko) de oficiar y presentar denuncias a esas omisiones estatales. Pero frente al conflicto entre las comunidades, lamentablemente nosotros no tenemos posición que tomar”.

 

– ¿Cuales son las estrategias o lineas de acción que tiene el INDH para enfrentar éste tipo de casos?

“Respecto a las estrategias, es básicamente lo que comentábamos recién. Cuando hay un conflicto entre particulares y en ese conflicto existe una omisión estatal, lo que significa que cierto particular esté siendo vulnerado, nosotros tenemos el deber de denuncia. Pero no más allá que eso, no tenemos la legitimidad activa para poder presentar acciones frente a ese tipo de situaciones. En la ley que crea el instituto se establece un marco de acción judicial, y nosotros podemos actuar en ciertas situaciones que son: torturas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, delitos de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, las acciones entre los particulares, no entran en eta clasificación”.

 

-¿Cuál es la posición que tiene el INDH sobre el modelo de extractivismo?

“En este sentido, dos cosas. La primera, que desde su creación del INDH, en el año 2010, en todos sus informes anuales, cada vez que el Instituto ha asumido capítulos relacionados con el tema del medio ambiente, ha propuesto al Estado mejorar en el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos que el mismo Estado voluntariamente ha adscrito, respecto de la protección del medio ambiente y la garantía del derecho de las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, el Estado de Chile tiene diversas obligaciones que cumplir en ese sentido, y constantemente el Instituto a través de denuncias o de su participación en seminarios o en el informe anual de Derechos Humanos, siempre está instando al Estado a cumplir los estándares.

En segundo lugar, desde ya hace dos años, el INDH -en algunas de sus sedes- está presentando recursos de protección por situaciones que se consideran que son atentatorias contra éste derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por una lado y al derecho que tienen las personas a informarse respecto a ésta temática.
En el último año en la sede Regional de los Lagos, hemos presentado recursos de protección por el tema de la fuga de salmones y por el barco Seikongen. Es un tema que en el ámbito de los derechos humanos está recién explorándose. Somos pocas sedes regionales que hemos tenido la experiencia de establecer recursos en éste sentido. Es un camino que estamos abriéndonos paso y que ha tenido resultados diversos, en el que nosotros creemos que hay un deber por parte del Estado de garantía de derecho, de protección de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.