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Sebastián Piñera junto a su ministro de economía José Ramón Valente, firmó el lunes 14 de mayo, el proyecto de Ley Agenda Pro-Inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), cuyo objetivo central es la reactivación económica y generar “confianzas” por parte de los inversores en el país.

El mandatario aseguró que “hoy tenemos una cartera de proyectos de inversión que están estancados o paralizados que superan los US$65.000 millones”, sumando 203 proyectos que se encuentran paralizados por temas regulatorios, de tal forma, que con las medidas anunciadas se espera facilitar los procedimientos para la esperada reactivación económica que promueve el gobierno con ellas.

Esto, representaría -señala Piñera- cerca de 250.000 nuevos empleos adicionales que crearían con el crecimiento de la economía y significará un mejoramiento sustancial en los salarios que reciben los trabajadores. De esta forma, la nueva oficina tendrá como objetivo “volver a posicionar a nuestro país en la senda del progreso y del desarrollo”, agilizando y coordinando los procesos de autorización de los grandes proyectos -públicos y privados- del país.

Las iniciativas pro inversión, según lo anunciado por Piñera destacan los siguientes aspectos, con los cuales esperan se vuelva a revitalizar la economía nacional.

1.- “Permitir a las municipalidades la entrega, de manera inmediata, de la patente provisoria por dos años para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley”.

2.- “Implementar una plataforma digital para hacer los trámites electrónicos ante las direcciones de obras municipales y dar mayor certeza jurídica a los permisos que emanan de esos organismos”.

3.- “Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas que hoy día toman años, evitando la innecesaria doble aprobación por unidades del mismo ministerio. Como es el caso de la Dirección de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas”.

4.- “Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas. Si el Estado otorga una concesión marítima, esa concesión debe facilitar el financiamiento para poder llevar adelante el proyecto asociado a ello”.

5.- “Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy día toma mucho tiempo y a veces genera mucha incertidumbre”.

6.- “Permitir que Sernageomin mantenga actualizado el catastro de concesiones mineras usando las publicaciones de los boletines oficiales de minería de forma tal de que todos sepan cuáles son las concesiones mineras que están otorgadas o en trámite”.

7.- “Regular la suspensión provisoria de la obra nueva evitando que muchas veces demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión”.

8.- “Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicios de los derechos permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces que el sector público se demora años en hacer”.

9.- “Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas”.

10.- “Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están fundados para evitar que esta proliferación de opiniones sin fundamentos que a la larga lo único que hace es que a los proyectos de inversión les tome años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental. Esto sin sacrificar la calidad de la evaluación ambiental para proteger nuestro ambiente y naturaleza”.

11.- “Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente para saber si es pertinente o no dicha evaluación”.

12.- “Reforzar al SEA con una ventanilla única respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar para la evaluación de un proyecto de inversión y no tener ventanillas múltiples muchas veces contradictorias que dificultan y encarecen la inversión en nuestro país”.

Buscando con estas profundizar en mecanismos e instrumentos que contribuyan y mejoren las condiciones para la inversión económica de los grupos empresariales nacionales e internacionales para la extracción de bienes y “recursos” naturales en los diversos territorios del país, apuntando a que las instituciones públicas aceleren sus procesos en función de destrabar los proyectos, en fin, todos procedimientos que profundicen el modelo neoliberal de una economía extractivista y rentista.

En la agenda pro crecimiento no observamos nada distinto de lo mencionado, una economía centrada en la extracción y ganancia rápida, en la explotación de los bienes nacionales privatizados para aquellos que poseen capitales y desean invertir para tener cuantiosas ganancias inmediatas, como, también, las de especulación y ganancias financieras a través de los bancos u otras modalidades inventadas con los mismos principios y lógicas.

Con todo, el desafío es generar un cambio en el enfoque de un modelo económico que se oriente en mejorar la calidad de vida de sus habitantes en un sentido amplio y que mire al futuro a las generaciones que aún no llegan.

Esta agenda choca con la realidad, los últimos años se han extendido los conflictos de vecinos, pobladores y comunidades con la instalación de proyectos de inversión, y es que el Gobierno desconoce que el modelo está agotado, no es que la ciudadanía no quiera nada -como suelen tachar a quienes se oponen a determinados proyectos- sino que las desigualdades avanzan sin tregua, la desafección no es solo con la política, sino también, con el actual tipo de economía.

Los dogmas de los economistas neoliberales crujen, existe más de una economía, esos lo vemos en Chiloé día a día, donde conviven diferentes economías, siendo la local una de las más relevantes para miles de habitantes del archipiélago de Chiloé.

En este escenario, no se aprecian saltos cualitativos en función de una economía redistributiva, que se enmarque en un proyecto país, tan solo se constata que la pro inversión y crecimiento continuará generando desastres ambientales, perjudicando a los territorios y comunidades más desprotegidas, extrayendo todo aquello que constituyen los bienes y recursos comunes y que benefician a unas cuantas familias y grupos económicos que por poseer recursos financieros y tener la capacidad de invertir se privatizan en función de sus intereses para continuar incrementándolos: minería, agua, energía, etc.., tan sólo para un club exclusivo y pequeño.