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El antimilitarismo mundial y latinoamericano enfrentan el desafío de contrarrestar una ofensiva global del militarismo, expresada tanto en el aumento concreto del gasto militar en los últimos años, como en la naturalización mediática del discurso militarista, belicista, y de las prácticas violentas y discriminatorias como formas de resolver los conflictos, representadas en lo estatal por los gobiernos de Trump (EEUU), Jhonson (GB), Modi (India), Bolsonaro (Brasil), Piñera (Chile), Abdo (Paraguay), Ortega (Nicaragua) y Maduro (Venezuela), por citar a algunos y en lo mediático por el control comunicacional de la prensa masiva que tienen y construyen los empresarios y organizaciones antiderechos, especialmente antiderechos de las mujeres.

La militarización que vivimos es cultural, ideológica y en lo práctico trata de disolver los límites entre lo policial y lo militar, puesto que en el sentido común lo militar opera como un lugar “sin derechos” y el propósito de la ofensiva militarista es confundir a los pueblos, a los movimientos, a las comunidades, haciéndoles aceptar la participación militar en actividades que en todos los casos son eminentemente policiales. El caso chileno, con la aprobación de leyes que permiten a las fuerzas armadas intervenir en los conflictos sociales sin necesidad de decretar estados de emergencia es un ejemplo claro de esto. El caso paraguayo, donde se puso a militares con tanques a custodiar los perímetros de las cárceles públicas (civiles) es otro ejemplo de lo mismo. Estas prácticas hacen a la policialización de las fuerzas armadas, parte estructurante de la militarización de las sociedades.

Esta ofensiva militarista es coincidente, complementaria y potenciadora de la ofensiva
antiderechos de las agencias, iglesias y empresas mal llamadas “providas”, que atacan
principalmente la construcción de libertad de las mujeres. Por ello hay que frenarlas,
desarmando tanto la estrategia militarista de las fuerzas armadas, como la misma de los civiles.

Para ello hay herramientas que las luchas sociales nos han dado para frenar el militarismo, tales como la deserción, la insumisión, no ir a los llamados al servicio militar, el activar procesos de desmilitarización en la educación (cuestionando la educación jerárquica, no participativa, machista, discriminadora, por ejemplo), politizando todos los espacios desde una política asamblearia, autogestionada, horizontal, participativa de verdad, con capacidad de decisión y ejecución respecto a las cosas cotidianas, es decir una política desmilitarizada y desmachizada, como proponen, entre otras instancias, la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC) y la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG/WRI)

Pelao Carvallo, febrero de 2020.