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Alvaro Montaña Soto es Geógrafo, oriundo de Curaco e integrante de la Agrupación DEFENDAMOS CHILOÉ.

La planificación territorial es un conjunto de políticas, instrumentos, leyes y técnicas aplicadas, para organizar el territorio en que un grupo humano habita. Esta organización del espacio busca minimizar los conflictos de usos por el territorio (terrestre y marino), lograr un uso sostenible de los recursos naturales y optimizar la localización espacial de las actividades humanas e infraestructuras. Se trata, entonces, de definir objetivos, metas y acciones, es decir elaborar un “Plan de Ordenamiento Territorial”, para ocupar el espacio de manera equilibrada, definiendo lugares adecuados para las actividades humanas, estableciendo para cada “trozo” del territorio uno o varios usos posibles, es decir, actividades exclusivas, preferentes, con restricciones o usos prohibidas, proyectando usos del territorio para cada sector sobre la base de sus aptitudes y restricciones.

 

Un Plan de Ordenamiento Territorial busca cuidar el principal capital que un país, una comuna o una isla tienen: el territorio, o sea, el espacio en que hemos desarrollado nuestra cultura y del cual dependemos para sobrevivir y en el que nos proyectamos como individuos y como comunidad. Planificar el territorio no solo significa definir leyes que establezcan qué se puede y no se puede hacer en el espacio; se trata de establecer acuerdos sociales en el marco de un desarrollo humano sostenible, donde coexistan diversas actividades y no solo de aquellas que saturan el territorio, impidiendo el desarrollo de otras, como ocurre con la acuicultura en Chiloé. Las actividades humanas son diversas y, afortunadamente, Chiloé es un archipiélago con aptitudes o “vocaciones de uso múltiples”, diversificar los usos del territorio nos hace más resistentes ante crisis económicas y nos permite aprovechar los potenciales de nuestra geografía.

 

Desafortunadamente, en Chile, solo existen instrumentos de planificación territorial para zonas urbanas, es decir, alrededor del 0,5% del país y para el 24%, del país que son áreas de conservación de la naturaleza, por lo que tenemos un 75% de la nación sin leyes que regulen la ubicación de las actividades humanas en zonas rurales, periurbanas y áreas naturales fuera de las áreas protegidas, es decir, que en gran parte del país no se establecen los usos o actividades humanas preferentes, restringidos o prohibidos y cómo estos se combinan en el espacio terrestre y marino, quedando la planificación del territorio a merced del mercado y de los intereses privados, dejando en un segundo plano el bien común y la conservación de la naturaleza. Esta es una de las razones por la cual hoy en Chile proliferan problemáticas territoriales graves, como el centralismo nacional y regional, la sobreexplotación del agua dulce, el avance del desierto y la erosión de los suelos, la sobreexplotación pesquera, la exposición de población humana a riesgos naturales y antrópicos, aspectos que repercuten en inequidades o injusticias espaciales, es decir, en desigualdades de acceso a bienes y servicios, como: salud, educación y vivienda y, en una frenética sobreexplotación, contaminación y degradación de la naturaleza, lo que perjudica el buen vivir de las comunidades urbanas y rurales. 

¿Para qué nos serviría tener Planificación territorial en Chiloé?

 

  • Para encontrar lugares idóneos donde instalar los rellenos sanitarios u otras tecnologías de disposición de residuos sólidos y líquidos, es decir, zonas que no estén cerca de cursos de agua, lejos de viviendas rurales, próximas carreteras y/o áreas equidistantes de los centros poblados mayores.

 

  • Para ubicar las industrias de generación energética eólica, en sectores que “maximicen” su eficiencia: zonas con viento constante, cercanas a caminos y líneas de transmisión eléctricas (no podemos seguir generando más y más tendidos eléctricos) y donde se “minimicen” los impactos ambientales y territoriales: que se instalen en ecosistemas degradados como praderas o matorrales, en zonas de bajo valor paisajístico y turístico, alejadas de viviendas rurales, de sitios arqueológicos y de humedales.

 

  • Para proteger ecosistemas que son únicos, frágiles y valiosos, como por ejemplo, los sistemas de “turberas altas” de la Cordillera de la Costa, como áreas de protección de las nacientes de agua, impidiendo su destrucción y fragmentación, como ocurre actualmente con el Parque Eólico San Pedro.

 

  • Podría servir para definir los “bosques de madera”, cuyo manejo servirán para construir viviendas, muebles, artesanías y embarcaciones en 100 años más, “bosques de leña”: bosques degradados, renovales y plantaciones de eucaliptus que ya existen, “bosques multi-propósito”: para extracción de madera y leña, protección de agua y suelo y uso turístico, científico y educativo y “bosques de preservación”, para resguardar el agua, la flora, fauna y la medicina del futuro.

 

  • Para reubicar centros de cultivo acuícola de choritos y salmones, en una “cantidad” que no contamine el mar, como ocurre con las fecas de salmón y chorito que se acumulan en el fondo marino, impidiendo la reproducción de los bancos naturales de mariscos. Para evitar que el exceso de biomasa (salmones por metros cúbicos) en un centro de cultivo genere condiciones anaeróbicas (agotamiento del oxígeno del agua) o bien, para minimizar el impacto paisajístico de los centros de cultivo en zonas de valor turístico.

Algunas proyecciones y desafíos para implementar una planificación territorial urbana, rural y archipielágica:

 

Las ciudades requieren actualizar sus Planos Reguladores Comunales (Urbanos) para proyectar una imagen turística, proteger su patrimonio, mejorar el acceso a servicios públicos, impedir el crecimiento de las ciudades hacia zonas inundables o también, para proyectar el crecimiento armónico de ciudades que se unen en una ciudad mayor, como está ocurriendo entre Dalcahue-Castro y Chonchi, donde se necesita urgente un Plan Regulador Intercomunal.

Centro comercial ubicado en el centro histórico de Castro, área de valor patrimonial mundial. Esta infraestructura comercial privada podría haber sido localizada en la zona urbana exterior o periurbana, sus beneficios habrían sido los mismos y sus impactos negativos habrían sido significativamente menores.

 

En el campo, es necesario cuidar los suelos, los bosques y humedales, sin ellos no hay futuro; se requieren Planes de Desarrollo Predial para potenciar la economía rural chilota. Es urgente, también, frenar el explosivo avance de los loteos y parcelas de “medias hectáreas”, que amenazan la continuidad de nuestra ruralidad, es decir, la base material de la cultura chilota, considerando que solo en los últimos 5 años pasamos de 2.869 nuevos lotes en el año 2014 a 5.721 en el 2018, la ruralidad chilota se vende y se destruye en “trocitos”, ¿quiénes vivirán en el campo mañana?, ¿quedará tierra para los chilotes del mañana?

 

Chiloé requiere potenciar el uso de la ley 20.249, que creó los “Espacios Costeros de Pueblos Originarios” y que ha servido para que las comunidades indígenas soliciten el mar y la playa para seguir realizando actividades económicas tradicionales sostenibles y de pequeña escala: pesca, buceo, recolección de mariscos y algas. Esta figura legal permite manejar y proteger los bancos de mariscos, los huirales y los caladeros de pesca, junto a la biodiversidad marina. Es una oportunidad para que, en el futuro, los huilliches y chilotes, podamos seguir trabajando “con juicio” (sosteniblemente), el mar que nos alimenta y que hoy está privatizado, contaminado y sobre-explotado. Se requiere repoblar el mar y manejar sus recursos, nunca más sobreexplotar, fomentando los policultivos marinos nativos y el procesamiento local de ellos. Es necesario desarrollar las múltiples potencialidades del maritorio, para no estancarnos en el dúo: choritos y salmones, una estrategia económica-territorial sostenible y diversa, que genere empleos sin dañar el mar.

La Provincia de Chiloé posee más de 2.000 kilómetros de costas (el perímetro de todas sus islas), este extenso litoral permite desarrollar múltiples usos, lamentablemente sólo los cultivos de choritos y salmón se han potenciado.

Avanzar en una planificación del territorio en Chiloé es urgente, para ello se requiere unidad social y política, junto a liderazgos que unan voluntades e intereses públicos y privados. Una “Ley Chiloé”, podría ser una oportunidad para definir qué queremos y qué no queremos en nuestro archipiélago. Si Chiloé fuese región, esto se facilitaría bastante, ya que la potestad de planificar el territorio recae principalmente en el Gobierno Regional (ley 21.074).

 

Chiloé requiere “Planes de Ordenamiento Territorial” que potencien nuestra economía y donde se integre y se reconozca nuestra realidad rural, archipielágica e intercultural. Es necesario que los nuevos líderes pongan los intereses de Chiloé por sobre los del partido político de Santiago y que, como comunidad, cuidemos y defendamos el territorio que día a día nos orgullecemos de habitar, pensar Chiloé desde Chiloé es el camino. 

La Isla Aucar en Quemchi es uno de los lugares de mayor simbólico, cultural, religioso y turístico de Quemchi, sin embargo en su acceso desde tierra se ubica una industria procesadora de recursos marinos, la que debió haberse localiza más lejos del acceso terrestre a la famosa pasarela de madera que conduce a la islita, sencillamente bastaba haberse alejado algunos cientos de metros, para no dañar este hermoso paisaje cultural tradicional de bordemar.