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Los incendios criminales azotan La Amazonía, así como han azotado mayoritariamente diversos territorios de África y América, mientras las cumbres mundiales hablan de emergencia climática, sequías, cambio climático – calentamiento global, mientras la “diplomacia interestatal” busca la disminución voluntaria del dióxido de carbono (CO2) y mientras sucede esto, campañas locales promueven la erradicación de plásticos desechables en general y cambios de hábitos en consumidores, medidas valorables pero que resultan insuficientes ante la devastación imperante, ya que amplias zonas rurales y fuentes naturales indispensables para la existencia siguen colapsando y desapareciendo a causa del consumismo urbano y la basura, mientras la maquinaria extractivista de corporaciones económicas transnacionales siguen actuando con absoluto descontrol y voracidad, por encima de soberanías y territorios vitales.

Chile, cuna del neoliberalismo con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, es sede este 2019 de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, (COP25) que se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre, donde algunos sectores hablan de las buenas intenciones para una “climatización” en gran parte de los grupos industriales extractivistas, donde acudirán de manera diferenciada a un mega evento diversos gobiernos – empresas, diplomáticos, Ongs y organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales, de estas últimas algunas dentro de los espacios oficiales y otras, con diversidad, por fuera, con actos de protesta y propuestas importantes, cuyas bases principales son las de otras economías, igualdad de derechos y respeto al medio ambiente en un sentido estricto, amplio y urgente.

Mientras gobiernos y transnacionales hablarán de las buenas voluntades y del éxito en haber salvado el Acuerdo de París, ocasión donde el gobierno anfitrión instalará en la agenda temas ejes como: Océanos, la Antártida, energías renovables, ecosistemas, bosques y biodiversidad, quien, así como los diferentes gobiernos presentes, destacará con orgullo su contribución de reducir emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% al 2030, así como “manejar sustentablemente” y “recuperar” 100.000 hectáreas de árboles (nativos y exóticos), junto con forestar otras 100.000 hectáreas (también entre nativos y exóticos), mientras eso sucede, por fuera, los crímenes al medio ambiente continuarán por parte de las corporaciones económicas y de los propios estados, mientras acuerdos como el Foro de Cooperación Económica Asia y pacíficos (APEC) continúan en Chile ya que por segunda vez en la historia es sede de esta instancia para continuar con la liberalización del comercio y las inversiones empresariales industriales en la región Asia-Pacífico a costa del medio ambiente y los derechos humanos, espacios desarrollados durante todo este 2019.

Crímenes de corporaciones transnacionales y asociaciones ilícitas en los territorios de Pueblos y Naciones

El problema principal del calentamiento global – cambio climático, se relaciona a la progresividad e intensidad causado principalmente por las industrias extractivas y su relación con la depredación de amplias zonas territoriales, destruyendo la naturaleza, promoviendo la contaminación en diferentes aspectos y disminuyendo la calidad de vida de quienes habitan allí.

Al referirse al extractivismo, se consideran diversas actividades relacionados a la industria forestal – celulosa, minería, petroleras-fracking, energía industrial, agro industria de monocultivo y bio comubustible, entre otras, muchas veces vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad, fomentándose en diferentes países conflictos internos y armados, estados de sicariatos, redes de corrupción, con diferentes maquillajes pero que en el fondo, se relacionan con el extractivismo y los intereses de ciertos grupos de poder capitalista transnacional y/o local, dependiendo el lugar.

Los problemas del calentamiento global y el extractivismo no pueden dejar indiferente a nadie, porque es una situación de emergencia transversal y en el caso de los gobiernos que promueven los derechos de la naturaleza, no pueden ser incongruentes manteniendo explotación extractivista y actividades contaminantes, ni estatal ni privada.

La única posibilidad que se obtengan avances a favor de la existencia en el marco de estas cumbres, es que se sancione la explotación de la naturaleza, se prioricen con urgencia territorios para la conservación y se erradiquen del mercado fuentes o elementos naturales y las aguas que sostienen la vida, que deben ser prioridad protegerles así como restaurar las fuentes dañadas.

Dichas acciones debieran contribuir a una transformación positiva de la economía para que se terminen los desequilibrios e injusticias y se asuma el cumplimiento de las obligaciones estatales con relación al estándar internacional de derechos humanos, en especial los relacionados con libredeterminación de los pueblos, soberanías, patrimonio, autonomías, derechos de la naturaleza y culturas.

En estos tiempos, ante las incapacidades de gobiernos y corporaciones económicas de “auto regularse” para el respeto de los derechos humanos y medio ambiente, independiente de sus colores, todo sabotaje, prolongación e intensificación de las resistencias, campañas de concientización e información, educación, organización, incidencia, autonomías y propuestas alternativas, siguen siendo absolutamente necesarias y con mayor razón, ante las emergencias sociales, ambientales y económicas que el modelo neoliberal causa en el presente y que se proyecta con mayor magnitud, mismo modelo heredero del capitalismo colonialista, criminal y occidental, el mismo que por siglos ha venido promoviendo y justificando invasiones bélicas, esclavitud y colonización, opresión, desigualdades, asesinatos, desapariciones, acaparamiento y la concentración de poderes y privilegios para irracionales oligarquías o grupos de elit.

Frente a las diferentes crisis a nivel local y global, no es tolerable crímenes ambientales de ningún tipo, más aún con la magnitud de los recientes incendios en La Amazonía, numerosos intencionales, con cifras a fines de agosto del 2019 de superficie devastada por sobre los dos millones quinientas mil hectáreas, en territorios donde priman intereses industriales ganaderos, mineros, petroleros, agro – forestal industrial bio comubistibles y de energía, en territorios ancestrales de pueblos originarios, incluso en aislamiento voluntario.

No es posible que se acepte y naturalice el desplazamiento forzado de poblaciones rurales, asesinatos y persecución a defensores/as territoriales o la promoción planificada de conflictos armados, con la introducción masiva de armamentos en civiles, el amparo e impunidad de grupos paramilitares, mercenarios y sicarios, tendientes a que se cometan todo tipo de crímenes y delitos con el fin de controlar territorios para los intereses del extractivismo transnacional y en otros casos incluso estatales.

Chile, neoliberalismo y crímenes ambientales extractivistas

Chile no está exento de estas realidades, cuyo neoliberalismo impuesto con el golpe de estado en 1973 y consolidado en los gobiernos “democráticos”, otorgó amplios poderes de manera fáctica a grupos económicos que han basado sus economías en extractivismo expansivo, con depredación, contaminación y fomento del consumismo, con diversas prácticas de abuso y corrupción.

En Chile, para imponerse el modelo neoliberal desde aparatos de poder en Estados Unidos y Chile, se realizaron masacres y sistemáticos crímenes de lesa humanidad, lo que fue acompañado del saqueo de arcas, de bienes fiscales y de bienes colectivos, incluyendo la aberrante privatización de las aguas, cuya forma de apropiación y acaparamiento es propia de invasores.

Uno de los modelos del neoliberalismo es el forestal y celulosa, el que en la zona centro sur de Chile, se han venido extendiendo mega incendios forestales que sacuden al país cada cierto periodo, relacionados con las plantaciones industriales forestales de especies exóticas de pinos y eucaliptus.

El de mayor proporciones en este último tiempo, fue en la temporada estival del 2017 y que a inicios de febrero registraba casi 600.000 hectáreas devastadas de monocultivos forestales y una buena parte de bosque nativo, distribuidas en zonas de la Región de O’Higgins, en todo el Maule y buena parte del Bio Bio.

En su mayoría, los focos fueron generados de manera intencional en las plantaciones, arrojando 11 personas fallecidas, 1551 propiedades quemadas, 6162 damnificados y millonarias pérdidas económicas y materiales junto a un profundo daño ambiental.

Las empresas chilenas ligadas al negocio de la madera, son responsables de los mega incendios que han venido ocurriendo en este tiempo. Una, porque han introducido en los diversos territorios del centro sur de Chile especies exóticas como el pino y el eucaliptos que secan las tierras, succionan las napas subterráneas y generan verdaderos desiertos donde sumado a las altas temperaturas y la resecad de sus estructuras, principalmente de los pinos, las hacen un peligro constante para focos de incendio denominadas científicamente “pirófitas”.

Por otro lado estas plantaciones industriales de monocultivos presentan diferentes plagas descontroladas, entre ellas la llamada “Avispa Taladrora” que se ha introducido desde hace algunos años en las plantaciones de pino en las regiones de O”Higgins, Maule, Bio Bio, Araucanía y de los Ríos causando mortalidad de árboles, los cuales quedan con galerías y orificios en el fuste, no existiendo ningún controlador efectivo, relacionándose las zonas decretadas por el SAG con cuarentena por plagas con gran parte de los focos de incendios, lo que presume el propósito de la intencionalidad.

Dos son los grupos económicos que controlan la mayor parte del negocio forestal: CMPC del grupo Matte y COPEC-ARUAUCO_CELCO de Angelini, grupos pro golpistas y que obtuvieron diversos beneficios por la dictadura militar de Pinochet y luego por los gobiernos “democráticos”, llegando a controlar más de dos millones de hectáreas en el centro sur de Chile y con el funcionamiento de varias plantas industriales de celulosas, todas con prontuarios por graves hitos de contaminación.

Sin embargo los crímenes ambientales no llegan ahí, el extractivismo desenfrenado causa estragos en diversas zonas declaradas “saturadas”, donde el funcionamiento industrial continúa a pesar que los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación están evidentemente violados por el funcionamiento de termoeléctricas, refinerías o la explotación minera al lado de zonas pobladas, algunos de ellos son:

– Tocopilla y Mejillones (Termoeléctricas, procesadora de minerales oxidados y agroquímicos);

 Calama – Chuquicamata (Explotación minera);

– Andacollo y alrededores (Explotación minera);

– Quinterno, Ventana y Puchuncaví (termoeléctricas, refinerías, terminal de gas);

– Coronel (termoeléctricas, fundiciones, calderas);

A estas extremas situaciones, se agregan numerosos casos de impactos ambientales y de depredación de elementos de la naturaleza, principalmente aguas, generado por las diferentes industrias extractivas, manteniéndose en el presente latentes conflictos socio ambientales donde amplias poblaciones en todas las regiones del País buscan impedir la imposición de proyectos atentatorios a las fuentes naturales y a la vida de las comunidades locales o bien, exigen la restauración de los territorios ya dañados, esto, mientras zonas como Quellón en Chiloé, van perdiendo miles de hectáreas de bosque nativo en los últimos años a causa de la tala ilegal.

Chiloé, el Presidente Sebastián Piñera y el Cambio Climático.

El Presidente de Chile Sebastián Piñera, adquirió al magnate estadounidense Jeremiah Henderson el año 2005 amplios terrenos en el sur de la Isla Grande de Chiloé, mayoritariamente en zonas de la comuna de Quellón. Las estimaciones sobre la superficie son más de 118.000 hectáreas,.

Dichos terrenos son parte de territorios ancestrales y que en el presente se denomina “Parque Tantauco” para el negocio privado de la conservación, el que está bajo la administración de la Fundación Futuroel que señala: “El año 2005 Fundación Futuro comenzó a administrar las 118.000 hectáreas que conforman hoy el Parque Tantauco, un proyecto de conservación privada en el extremo sur de la Isla de Chiloé que, por amor a la naturaleza, mantiene y cuida el área para la educación y el disfrute de la comunidad regional, nacional e internacional”.

Agrega en otro punto: “El parque abarca más de 150 km de costa, donde se alimentan y reproducen cetáceos como ballenas azules y francas, y 130 km de senderos para trekking, donde existen refugios para los caminantes y miradores para apreciar la belleza de este lugar de selva chilota virgen, que guarda la reserva de Ciprés de las Guaitecas más grande de Chiloé, al escurridizo Zorro Chilote o la diminuta Rana de Darwin”.

La realidad de este Parque, una isla dentro de otra isla, dista mucho de las realidades territoriales que viven los territorios en Chiloé. con pérdidas en los últimos años en más de 10.000 hectáreas de bosque nativo mayoritariamente en la comuna de Quellón, al lado del Parque Tantauco. Lo que se ha venido agudizando en este último tiempo.

Mientras el Presidente Piñera mantiene estos terrenos para “la conservación”, alrededor y de manera incomprensible, continúan amenazando diversos proyectos que dañan a la naturaleza y que afectan a las poblaciones locales, bajo el amparo y promoción de su gobierno. Conservación para él, extractivismo para los demás.

En Chiloé llueve entre 2.000 y 2.500 milímetros al año, sin embargo, la depredación de estos ecosistemas indispensables para la vida, obligan en temporada estival a abastecer a una alta población rural, miles de personas, con camiones aljibe. territorio donde no existen glaciares ni montañas con nieve, pero sí humedales, turberas y pomponales que permiten las fuentes de agua dulce.

En diversos puntos de Chiloé las actividades empresariales, estatales e incluso de particulares, continúan interviniendo y hasta depredando ecosistemas únicos. Algunos casos:

– El Municipio de Ancud y el Gobierno Regional, pretende imponer un “Relleno Sanitario” y emplazarse en medio de 11 humedales, de nacimientos de fuentes de agua y de espacios de significación cultural, ancestral y espiritual de tres comunidades del territorio williche afectado directamente.

– En Mocopulli, comuna de Dalcahue, varios ecosistemas de humedales fueron depredados y contaminados por el hecho que se encuentran emplazados 7 vertederos en un radio de 1 km, varios de ellos abandonados sin cumplir con un plan de cierre y daños a las napas subterráneas, como también riachuelos y ríos donde los desperdicios han hecho desaparecer las especies que habitaban en esas zonas, denunciaron vecinos del territorio.

– En la comuna de Castro se pretende emplazar el proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa” de la empresa transnacional Saesa, que fue aprobado sin que se hayan atendido impactos ni el cumplimiento de derechos indígenas y que abarca una superficie de casi 5 hectáreas que involucra un importante humedal, fuentes de agua (vertientes, laguna, río, napas, trayenko), pomponales, lo que sería afectado por diversas mega instalaciones, excavaciones, numerosas obras y torres eléctricas al lado de familias y por sobre el espacio de significación espiritual de la comunidad, de uso tradicional y de gran importancia de acuerdo a la cosmovisión ancestral. El caso en el presente está judicializado y es materia de atención en derechos humanos.

– Ancud, cuenta con una superficie total de 4.660 hectáreas de humedales y uno de ellos es el humedal de Pudeto, ubicado en las inmediaciones del radio urbano. Este sector es el hábitat de varias especies migratorias y locales como el churrete chico, el flamenco chileno, patos, garzas, taguas, gaviotas, treiles, entre otras aves, sin embargo progresivamente se ha venido afectando con diversas intervenciones de construcción, incluso, está en proyección obras viales.

– El proyecto “Parque Eólico Chiloé”, de la empresa chileno-sueca Ecopower S.A.C, con sus mega instalaciones, se pretende instalar en la zona de Quilo-Mar Brava, comuna de Ancud, proyecto aprobado y que afectará a miles de personas que viven en Mar Brava y los sectores aledaños, quienes viven de la producción agrícolas, ganaderas, pesca artesanal y turísticas, terrenos que además tiene frágiles ecosistemas, incluyendo humedales.

En Chiloé, según la plataforma interactiva “Humedales Chiloé”, a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), se han identificado un total de 1.315 humedales en el archipiélago, los que cubren una superficie de 35.479 hectáreas, los que se encuentran desprotegidos y varios amenazados.

Desafíos ambientales

Desde la Relatoría sobre los derechos humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas como parte de los mecanismos y procedimientos especiales de protección de DDHH, se señala: “Todos los seres humanos dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una gran variedad de derechos humanos, entre otros, los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Sin un medio ambiente saludable, no podemos satisfacer nuestras aspiraciones ni vivir a la altura de los estándares mínimos de dignidad humana. Simultáneamente, la protección de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente. Si los ciudadanos reciben instrucción y participan en las decisiones que les afectan, pueden ayudar a garantizar que esas leyes respeten su necesidad de un medioambiente sostenible”.

Hoy, las directrices del estándar internacional de Derechos Humanos en medio ambiente está lejos de la agenda COP25, la que aún no contempla las obligaciones estatales y de transnacionales con respecto a los pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos, por el contrario, mientras el cambio climático se convierte en un mega evento en Chile con variadas posturas de buenas intenciones para “salvar al planeta” , por el lado, asociaciones comerciales y financieras como APEC, BID, BM, FMI y nuevos instrumentos que se pretenden imponer en países del Asia y del Pacífico como el TPP 11, continúan dotando de poderes y privilegios supra estatales a corporaciones privadas, muchas de las cuales mantienen activas prácticas de contaminación, depredación, acaparamientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sin que nadie les ponga un límite.

Es menester que las agendas de trabajo de estas cumbres, incluyendo las de sociedades civiles y movimientos sociales, complementariamente a las acciones de resistencias, atiendan los desafíos desde una perspectiva de derechos y de exigencia en la estandarización de las obligaciones estatales y transnacionales, en caso contrario, continuará la devastación extractivista neoliberal y los incendios criminales para diversos territorios del planeta, incluyendo Chile, considerado dentro de los 10 Países del planeta más afectadas por el fenómeno del Cambio Climático – Calentamiento Global, según el reporte de Índice Global de Riesgo Climático 2017, presentado por Germanwatch en la COP22.